Por Raúl Allain (*)
En el Perú el Estado se ha convertido en la sucursal detrás de la cual operan organizaciones criminales, que bajo diferentes modalidades delictivas y usando la corrupción como metodología tienen como único fin apropiarse del botín que representa el presupuesto nacional.
El resultado de este accionar ilegal es dramático: la alternación del orden social y el daño pernicioso e irreversible a la sociedad, quitándole de esa forma la posibilidad de un desarrollo sostenible. Y lo que es peor: la degradación moral de nuestro país.
Las estadísticas son contundentes: trece gobernadores regionales procesados por delitos de corrupción y la mayoría con orden de detención preventiva. Asimismo más de veinte alcaldes y exalcaldes provinciales y distritales afrontan procesos judiciales o han sido sentenciados por delitos de corrupción en sus gestiones.
Recientemente, el procurador público especializado en delitos de corrupción, Amado Enco, reveló que a nivel nacional hay 2 mil 289 gobernadores regionales y alcaldes investigados por casos de corrupción. Y añado algo más: cuatro expresidentes de la República (uno de ellos en prisión), están cuestionados por presuntos delitos.
En el mundo académico se afirma que el Estado es la organización política de la sociedad con la finalidad de consolidar un sistema que beneficie a los ciudadanos para alcanzar la paz y la justicia social.
Sin embargo, nuestra realidad demuestra lo contrario. Se desarrolla una deformación moral en todos los niveles del Estado. La soberanía peruana se ha verificado pervertida durante lustros, expandiéndose a las masas que se encuentran seducidas de manera obscena, y siendo atroz, se establece la doblegación (tele)comunicacional.
El Perú, que en el panorama de Latinoamérica tiene una de las economías más estables, lamentablemente está siendo expoliado por políticos corruptos que operan guiados por su ambición personal, aprovechándose del auge economicista, empero violando los derechos humanos nacionales y por lo tanto son delitos de lesa humanidad.
Es importante señalar que la corrupción ocasiona daños socioeconómicos incalculables que afectan en campos diversos, como por ejemplo la deficiente prestación de servicios públicos elementales como la educación y la salud, y por lo tanto se afectan los derechos fundamentales. Por esta razón es urgente iniciar una profunda y radical reforma de Estado.
(*) Escritor y sociólogo. Presidente de IPJ y director de Editorial Río Negro.
Expreso, Lima 15-11-2018
Raúl Alfonso Allain Vega. Escritor, poeta, editor y sociólogo. Presidente del Instituto Peruano de la Juventud y director del sello independiente Río Negro.
