Por Gustavo Espinoza M. (*)
Parecía Un candidato en campaña en el fragor de una contienda electoral, y no un acusado por crímenes de lesa humanidad. Parecía un Mandatario en funciones dando cuenta de su gestión presidencial ante una domesticada mayoría parlamentaria, pero no un reo en cárcel esperando sentencia. O parecía un predicador evangélico hablando de virtudes teologales que no aplica, y no un justiciable en cuenta regresiva.
Después de más de 170 audiencias, la presentación de 90 testigos y la lectura de casi 600 documentos, el proceso judicial incoado por el Estado Peruano contra Alberto Fujimori llegará a su fin y el martes 7 de abril el Tribunal presidido por el Dr. César San Martín dictará la sentencia que sellará, por lo menos formalmente, la suerte del acusado.
El acusado concluyó su defensa el viernes pasado con una exposición eminentemente política en la que reiteró su proclamada "inocencia" en medio de un clima de tensión y desconcierto.
Miles de personas —48 horas antes— habían expresado públicamente su repudio al ex mandatario en tanto que una cantidad pequeña —alrededor de 300 personas con la cara pintada y el grito destemplado— se apostó en las inmediaciones del lugar en el que se desarrolla la audiencia judicial, para expresar su apoyo al procesado.
Para el próximo día martes se espera nuevas manifestaciones ciudadanas dado que el Proceso concitó un significativo interés y que, por lo menos en la última etapa, fue motivo de la atención de la gran prensa. Por lo demás, Keiko Fujimori -la hija del encausado y actual congresista- llamó a los suyos a "salir a la calle" para resistir el fallo.
La decisión judicial que se conocerá la próxima semana no será ciertamente definitiva. Cualquiera que sea su contenido, no hay duda que será apelada por una u otra parte, lo que dará lugar a que la Corte Suprema de Justicia disponga la revisión de la Causa en una nueva Sala que podrá confirmar la decisión del tribunal, o atenuarla; pero en ningún caso incrementarla.
La Fiscalía ha solicitado al Tribunal una pena no menor a los 30 años de reclusión, dada la naturaleza de los delitos incriminados al reo. Y aunque hay quienes no creen en la posibilidad de una sentencia de esa magnitud, pocos piensan que Fujimori saldrá indemne. Hasta el abogado del acusado, el Dr. César Nakasaki, se ha mostrado pesimista. Y no lo ha ocultado.
Los familiares de las víctimas del régimen fujimorista y los organismos encargados de a protección y defensa de los Derechos Humanos a su vez, han reafirmado la idea de una sentencia categórica que confirme la voluntad de los jueces.
En rueda de prensa, a pocas horas de la sentencia Raida Cóndor y Gisela Ortiz, parientes de estudiantes de La Cantuta asesinados el 18 de julio de 1992, exigieron que el procesado diga la verdad en torno a los casos que le fueran incriminados, y condenaron en duros términos el tipo de defensa que esbozó Fujimori en sus alegatos finales.
La defensa del dictador fue, en efecto, eminentemente política, pero sobre todo profundamente demagógica y cínica. En tono discursivo y haciendo uso de una retórica vacua, buscó impactar a la opinión pública presentándose como víctima de una situación indeseada en la que actuó como "un verdadero pacificador".
Para tal efecto, simplemente pasó por alto todo el cúmulo de cargos planteado por la Fiscalía y usó el banquillo para descalificar a sus adversarios.
Esta, quizá, fue la parte más controvertida de sus alegatos. Porque asomó como una requisitoria contra la democracia formal y los partidos tradicionales que la representan en el escenario peruano.
Una democracia falsa por cierto, que se reviste de formas, pero que carece en absoluto de contenido, que fracasó en sus distintos modelos de aplicación, y que se convirtió en una fuente de desengaño para los peruanos.
Fujimori atacó a las fuerzas políticas que tuvieron en sus manos la conducción de la vida nacional antes de su mandato y las culpó de la injusticia social, de la miseria y del atraso de las grandes mayorías nacionales.
Incluso aludió directamente a hechos que ocurrieron durante los mandatos de Belaunde Terry y García como una manera de contrastar su propia imagen. Y se lamentó que a ellos no los hubieran procesado por los delitos que a él le imputan
Y las acusó de haber conspirado para impedirle concretar exitosamente su objetivo "pacificador".
Hasta aludió a grupos militares, acusándolos de haber actuado al margen de sus órdenes —y contraviniéndolas— en la comisión de delitos que costaron la vida a diversos peruanos y que a él "le dolieron en el alma".
Pero en este orden de cosas, optó por el silencio. No pronunció nombre alguno ni señaló a nadie. Bien podría decirse que el miedo, lo hizo callar.
Fujimori ocultó, sin duda, la realidad y desvirtuó los hechos. Porque objetivamente se alió durante diez años con esos partidos y fuerzas para imponer su dominio, aplicar el "modelo" neo liberal, hacer aprobar la Constitución reaccionaria de 1993 que hoy esas mismas fuerzas mantienen en su contenido esencial.
Y ellas sólo le dieron la espalda cuando se hizo evidente y descontrolada la corrupción que carcomió su régimen. Como en otras latitudes, se mostraron dispuestas a perdonarle el hecho que matara pobladores o estudiantes, pero se sublevaron cuando supieron que, además, había robado, como si la honradez hubiera sido su virtud.
Después del 7 de abril, en el Perú, para bien o para mal, todo habrá cambiado. O se habrá impuesto la justicia, o se confirmará la impunidad. Pero, en todo caso, el escenario estará despejado y la ciudadanía podrá tener una visión más clara de la perspectiva (fin)
(*) Del colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / http://www.nuestra-bandera.com
