La crisis desatada por la reciente divulgación de los audios exhibe ante la opinión pública la existencia de las redes de corrupción en el Poder Judicial y sus estrechos lazos con el sistema político. En este último caso, el más afectado es el fujimorismo agrupado en Fuerza Popular (FP), al evidenciarse sus intentos de controlar el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Sin duda no es el único (recordemos el rol tradicionalmente atribuido al APRA y, últimamente, el caso de Podemos del excongresista Luna). Pero es FP la que ha encajado los golpes más fuertes, incluyendo a su jefa, hablándose de ella ahora como la «señora K», según la conversación de dos personajes sometidos a interceptación telefónica autorizada judicialmente. Ningún desmentido ha sido convincente hasta la fecha para quitarle esa nueva chapa.
Este destape ha sido visto por algunos analistas como un segundo fracaso del fujimorismo, y establecen inevitables comparaciones con el colapso del gobierno de Alberto Fujimori el año 2000 como consecuencia de la difusión del famoso video Kouri-Montesinos. ¿Hasta qué punto estamos ante un posible colapso de FP? Al respecto, cabe tener en cuenta al menos el grado de poder real que ejerce el fujimorismo y la situación de las fuerzas políticas que se oponen a este.
Como se sabe, en el año 2000 el fujimorismo controlaba férreamente el Poder Ejecutivo, incluyendo a las Fuerzas Armadas. Tal control se extendía también hacia el Poder Judicial y el Ministerio Público; gran parte de los medios de comunicación, especialmente la televisión de señal abierta; los organismos electorales formalmente autónomos (JNE, ONPE), etc. Esto no ocurre actualmente; FP controla básicamente el Congreso de la República, ha extendido sus redes tratando de capturar parcelas de poder en el sistema judicial, pero sin lograr un poder comparable al ejercido en los años 90, y tiene solo algunos medios de su parte. Si bien ha logrado hacer renunciar al expresidente PPK y obligado al políticamente débil nuevo gobierno del presidente Vizcarra a continuas transacciones, no es realista afirmar que controla el Poder Ejecutivo y las Fuerzas Armadas, menos aún a los medios masivos, con gran parte de los cuales se encuentra enfrentado.
Un segundo elemento a considerar es la situación de las fuerzas políticas antifujimoristas; en el año 2000 estas se habían aglutinado ya para enfrentar a una dictadura de casi diez años que intentaba continuar en el poder, teniendo incluso un líder que la había confrontado en las urnas. Este no es tampoco el caso actual; el antifujimorismo presente en distintos espacios dista de estar unificado, menos aún de tener un solo liderazgo. Al parecer, ni siquiera podrá tener un candidato de consenso para presidir la próxima Mesa Directiva del Congreso.
Estos dos factores tienen efectos en principio contrapuestos; el primero podría ser positivo, en la medida que el fujimorismo actual es mucho más débil que el de los años 90, pues no controla los principales resortes del poder. El segundo podría ser negativo, ya que la ausencia de unas fuerzas opositoras cohesionadas puede facilitar la continuidad del control fujimorista en el Congreso y otros espacios de poder. El que además, FP se enfrente a fuerzas que no apelan a soluciones autoritarias como las utilizadas por Fujimori papá y su asesor Montesinos y, recientemente, por miembros de su misma bancada, le hace más llevadera la situación.
El que se haya experimentado recientemente una transición política en medio de unas expectativas rápidamente desperdiciadas por la nueva administración, puede explicar en parte que la población haya permanecido inicialmente pasiva. Sin embargo, la reciente movilización del pasado jueves 19 de julio parece revertir esa situación, lo que complica el panorama para FP, ya bastante golpeada por los últimos destapes, y –más allá de las bravuconadas de algunos de sus miembros– debilitada y políticamente a la defensiva.
No se vislumbra un desenlace inmediato de la crisis, menos aún que FP termine colapsando en los próximos meses. En las actuales condiciones, ello podría ocurrir si se dieran al menos una o más de estas tres situaciones: la difusión de un audio que signifique un KO para su lideresa y su entorno inmediato; una nueva división de su bancada que lleve a la construcción de una nueva correlación de fuerzas en el Congreso, capaz de establecer nuevas reglas de juego para la democracia, la transparencia y la participación ciudadana; y finalmente, movilizaciones masivas que, en alianza con otras fuerzas, puedan dar una nueva salida institucional a la crisis.
Todo lo anterior es desde luego muy incierto, sin embargo, lo único que aparece claro por ahora es el serio desgaste de la imagen de la lideresa de FP y su severa caída en las preferencias de la opinión pública. Ciertamente, faltan tres años hasta las próximas elecciones generales (todo un largo plazo en nuestro país), pero es muy difícil que pueda recomponer tal imagen y disminuir el antifujimorismo creciente de los últimos meses. Salvo intentar triquiñuelas legales para deshacerse de potenciales rivales, FP no parece contar con estrategas capaces de reinventar a la «señora K». Como están las cosas, el colapso puede ser inminente o a cuenta gotas.
desco Opina / 21 de julio de 2018
