Intolerable corrupción

En la última encuesta nacional sobre corrupción de Pro Ética difundida el 18 de agosto, el 80% considera que el Perú es un país muy corrupto o corrupto, y representa el mayor problema que enfrentamos. Para el 56% la corrupción de funcionarios y autoridades es el principal impedimento para lograr nuestro desarrollo. Esta percepción es real ya que existen 10,704 funcionarios y servidores públicos procesados por casos de corrupción de los cuales solo el 8.9% (957) han sido sentenciados, y la mayoría de éstos (798) solo recibieron pena suspendida. Asimismo, desde que en mayo de 2009 asumió el actual Contralor General de la República, Fuad Khoury, la Contraloría ha denunciado a más de 1,600 funcionarios por irregularidades en el ejercicio de sus funciones, sin embargo éstos continúan en sus puestos, y también a más de 400 funcionarios —de 70 instituciones— por utilizar recursos públicos para fines electorales.

Las graves denuncias del Contralor presionaron a que el gobierno promulgue el pasado día 17 la ley 29574 para aplicar en Lima el nuevo Código Procesal Penal para delitos de concusión, peculado y corrupción de funcionarios, sin embargo, su efectividad está condicionada a la asignación de recursos y al tiempo que requieran los distritos judiciales para implementarlo.

Bajo este panorama en que se incrementan exponencialmente los casos de corrupción, se requerirían cuatro acciones imprescindibles para enfrentar este flagelo: 1) Dictar sanciones más drásticas contra funcionarios y autoridades implicados; 2) Otorgarle al Contralor facultades sancionadoras; 3)  Apoyar al fortalecimiento de los órganos de control y aumentar los recursos a la Contraloría; y 4) Establecer la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Expreso, 02.10.2010.