Los escandalosos audios propalados hace pocas semanas, en los que se involucran a jueces supremos, sólo corroboran lo que desde hace años es una sospecha popular: la justicia es un negocio que se vende al mejor postor, no sólo por dinero, sino por negociados y prebendas políticas. Esto ocurre tanto en las altas esferas judiciales de la capital de la República, como a nivel de los espacios políticos regionales y los poderes locales de turno, en los que también se libran investigaciones fiscales y judiciales. El tema de la corrupción en el Poder Judicial no es nuevo en la percepción popular, lo novedoso es que hoy se tienen rostros y pruebas. Sin embargo, los audios no revelan la realidad del sistema judicial en el interior del país, que no es tan distinta, incluso se podría decir que, por falta de notoriedad, es hasta más preocupante.
Desde hace años varios jueces de la región Junín han sido acusados por favorecer a las autoridades regionales y municipales. Algunos de ellos vienen siendo sometidos a procesos disciplinarios con la amenaza de ser destituidos, pero esta situación se dilata en el tiempo y la desazón popular se incrementa; sobre todo cuando las estadísticas señalan que Junín es la tercera región con más casos de corrupción. Las denuncias ciudadanas contra los jueces corruptos pueden ser un acto de valentía, pero por el llamado «espíritu de cuerpo», estas pueden resultar más nocivas para el denunciante que para el infractor. En enero del 2017, la Corte Superior de Justicia de Junín (CSJJ), anunció la conformación de una Comisión Anticorrupción Institucional, así como un sistema de recompensas para pagar con dos mil soles las denuncias contra jueces corruptos; sin embargo, “Hasta la fecha no se han hecho denuncias como para hacer un operativo y agarrar infraganti al juez en el acto de corrupción”.
Así, en vísperas de las elecciones regionales y municipales, muchos implicados en casos de corrupción postulan a cargos de elección ante la sospechosa lentitud de la investigación fiscal y judicial, lo que hace suponer que existen tentáculos protectores a su favor. De los candidatos a Gobernador Regional por Junín, Vladimir Cerrón es uno de los que más resalta porque tiene juicios pendientes por presunta negociación incompatible y colusión, también tiene serios cuestionamientos por obras como el puente Comuneros, denominado por la exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, como un monumento a la corrupción. Se le vinculó, además, con el exasesor presidencial de Ollanta Humala, Martín Belaúnde, quien cumple condena por el caso Antalsis. Otro caso es el de Zósimo Cárdenas, quien también ostenta una investigación en la Cuarta Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios por la presunta comisión de delito contra la administración pública y afronta otra denuncia ante la Fiscalía Provincial corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Junín por la presunta comisión del delito de peculado y malversación de bienes públicos; pese a ello, los paneles de promoción de su candidatura a la gobernación regional, se extienden a todo lo largo y ancho del territorio.
Pasco no es una excepción, ni un paraíso de incorruptibilidad judicial. En el 2014, un Juez fue sentenciado a 8 años de prisión por el delito de cohecho pasivo específico al comprobarse que recibió S/ 1420.00 para favorecer a una procesada. La población debe denunciar los hechos irregulares, pues si no lo hace es cómplice; pero si el poder lo ejerce el juez y su entorno, nada garantiza que el denunciante no termine en los juzgados o en los penales. No es de sorprender que en Pasco, fiscales y defensores públicos cometan actos ilícitos como tráfico de influencias para lograr fallos a favor de quien asegure aportes económicos. Kléver Meléndez Gamarra dejó la prisión gracias a un polémico hábeas corpus, y si no se hubiese anulado a tiempo ese fallo, hoy estaría candidateando al sillón regional.
Maciste Díaz, exgobernador regional de Huancavelica, tiene serios procesos judiciales que aparentemente estarían siendo conducidos con antojadizos intereses. Increíblemente, sus abogados tuvieron que representarlo en un mismo día en tres distintas audiencias; sin embargo, no ha tenido problemas para presentar su candidatura, todo ello porque sus juicios culminarán con sentencias para las calendas griegas.
Las últimas declaraciones del Presidente Martín Vizcarra, parecen hacer eco del estribillo «corrupción hay en todos lados». Moralizar y recuperar la confianza ciudadana en el sistema de justicia –si es que alguna vez la tuvo– es una tarea que no se resolverá de la noche a la mañana y demandará muchos esfuerzos y filtros no sólo del Estado, sino de toda la ciudadanía. La declaratoria de emergencia será por noventa días y comprenderá a la Corte Suprema de Justicia de la República y del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, los Distritos Judiciales del país, la Sala Penal Nacional, el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, y a la Gerencia General del Poder Judicial. Sin embargo, será insuficiente si solo cambiamos rostros, pero no su actual estructura.
desco Opina – Regional / 26 de julio de 2018
