Víctor Martínez González (*)
El año más duro de la crisis económica fue también el año en el que España batió su propio récord de gasto militar. Un total de 861 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado de 2011 fueron destinados a operaciones de las Fuerzas Armadas en el exterior, según la documentación entregada por el gobierno saliente al nuevo Ejecutivo. Esta cifra puede resultar ínfima si se tiene en cuenta que se extrae de los 7.153 millones con que contó el Ministerio de Defensa el pasado año, pero también bochornosa cuando asistimos a recortes drásticos del gasto público social por valores similares.
España cuenta en la actualidad con 3.000 efectivos de las Fuerzas Armadas desplegados en seis frentes de actuación en el extranjero. Más de la mitad se encuentran en Afganistán, una guerra o una operación de reconstrucción, según a quién se pregunte. Desde que las tropas españolas pisaron suelo afgano hace ya una década, 2.500 millones de euros del erario han sido destinados a esta misión. Sólo en 2011, el gasto militar superó los 450 millones, más del 50% del total del presupuesto militar. O lo que es lo mismo; 1,23 millones de euros diarios para reconstruir un país en el que los atentados se han intensificado tras la ocupación y que han costado la vida a miles de civiles afganos pero también a 97 soldados españoles. “El Gobierno ha querido ocultar la realidad en Afganistán para no compararse con Iraq, pero lo cierto es que allí hay una guerra en la que se dispara a diario”, sostiene José Antonio Guardiola, enviado especial de TVE en la región.
La Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para Líbano (UNIFIL) cuenta con 1.100 militares españoles que participan en una misión de paz para asegurar la retirada del ejército israelí del sur del país. Su labor consiste en mantener la seguridad de la zona y facilitar al gobierno libanés el control del territorio dominado por guerrillas terroristas. Es la segunda operación más onerosa con un coste de 196 millones y medio de euros en el último año.
España forma también parte de la Operación Atalanta en aguas del Océano Índico. Con 370 soldados es, junto con Francia, la principal impulsora de EUNAVFOR; la flota europea de lucha contra la piratería en la zona. Los 97 millones de euros invertidos en 2011 han servido para mantener alejados a los piratas somalíes de los atuneros españoles, pero no para paliar los efectos que tienen sobre el ecosistema marino las prácticas de pesca abusivas que esquilman sus caladeros.
Además, 38 efectivos de las Fuerzas Armadas contribuyen a la instrucción de militares somalíes en Uganda. Este programa de adiestramiento costó 2 millones de euros el pasado año. España desempeña una labor similar en la República Democrática del Congo, o en Bosnia Herzegovina, donde el ejército español mantiene su presencia desde hace 19 años.
La intervención de la OTAN en el conflicto libio el pasado mes de marzo contó con la participación de 500 soldados españoles. Durante los 8 meses que duró la contienda, España desembolsó cerca de 95 millones, según el Ministerio de Defensa. Sin embargo, fuentes militares elevan la cuantía hasta el millón de euros diarios, si se suman los costes de munición, carburantes, dietas o seguros. Pese a la gravedad de la situación económica, el gobierno español no dudó en poner sus tropas al servicio de la OTAN. Cabe preguntarse para qué. Libia era el tercer proveedor de petróleo a España y hasta hace unos meses país amigo. Con la muerte del coronel Gadafi y la victoria de los rebeldes, los pozos petrolíferos libios se encuentran en un proceso de repartición del que España parece que no sacará tajada.
Resulta contradictorio que un gobierno que se declara antibelicista destine el 5% del Presupuesto General del Estado a gastos militares, y haga caja con la venta de armamento a países en conflicto. Más aún cuando en su territorio se recortan prestaciones sociales en detrimento de la ciudadanía, que ve mermado su derecho a un empleo, a una vivienda, o a una sanidad y educación pública de calidad. El nuevo Ejecutivo ha asegurado que va a acometer “ligeras reformas” en el Ministerio de Defensa para ahorrar, pero no parece viable con las actuales perspectivas presupuestarias. Además, deberá afrontar el pago de los 30.000 millones de euros comprometidos con los grandes programas de armamento de los últimos 15 años. El reparto del dinero público debe dar prioridad al bienestar de la población, y no a salvaguardar la imagen del país en el exterior mediante absurdas intervenciones militares dictadas por potencias extranjeras.
(*) Periodista
