El país está asistiendo a una nueva crisis en torno al proyecto minero Las Bambas, actualmente propiedad de la empresa china MMG Minerals. Como se sabe, desde la concesión del yacimiento a la empresa suiza Xstrata en el año 2004, los subsecuentes trabajos de exploración y construcción de mina, hasta la puesta en operación del proyecto, se han desencadenado innumerables conflictos que han enfrentado a la población de su zona de influencia con la minera y el Estado.
Tras 15 años de presencia en la zona, las múltiples experiencias acumuladas que deja la conflictividad allí y en otros ámbitos mineros, cabe preguntarse por lo que se ha aprendido desde el Estado y las empresas para gestionar y solucionar eficazmente los conflictos. En otras palabras, ¿Por qué, a pesar de los diagnósticos realistas —y en general acertado — que circulan acerca de las causas de la conflictividad y del comportamiento de sus distintos actores, estos, es decir, los conflictos, continúan estallando? ¿Era acaso inevitable que escalaran e hicieran crisis como ha vuelto a ocurrir recientemente?
Algo sin duda está fallando, al menos desde el actor llamado a prevenirlos y solucionarlos como es el Estado. Se han identificado ya una serie de factores, pero en esta ocasión queremos enfatizar algunos cuyas fallas se evidencian en el tratamiento de la actual crisis: el manejo sectorializado y por tanto fragmentado de los conflictos, el enfoque y las prácticas para su abordaje, y los estilos autoritarios en la adopción de decisiones que afectan a la ciudadanía.
El manejo sectorializado de los conflictos fragmenta la actuación del Estado, limitando por ejemplo la armonización de políticas, estrategias y metodologías para la gestión de la conflictividad, que en la práctica es atribución de cada sector o nivel gubernamental. Es cierto que ha habido avances en la medida que, por ejemplo, la oficina de conflictos de Energía y Minas (MINEM) coordina con las oficinas existentes en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y otras entidades, pero tales esfuerzos no se han traducido hasta ahora en una mirada integral del problema.
Los enfoques vigentes suelen mencionar la necesidad de priorizar las intervenciones que contribuyan a prevenir los conflictos y algo sin duda se hace en tal sentido, pero lo que parece predominar en los hechos es la concepción del conflicto como sinónimo de movilizaciones, actos de fuerza y violencia; mientras ello no ocurra, la atención de los casos es más bien lenta y parsimoniosa.
El conflicto vigente en Las Bambas ilustra por otro lado, el estilo autoritario y burocrático del Estado: así, por ejemplo, la decisión de convertir una carretera local o regional en vía nacional se hizo sin consulta ni consideración por el impacto que iba a causar en la población que vivía por donde iban a transitar los camiones que transportan minerales, respaldándose en normas que no contemplan tal consulta.
Estos problemas se han intentado abordar con iniciativas como la que alguna vez circuló, la misma que planteaba crear un sistema nacional de prevención y gestión de conflictos, con una política pública que armonizara el tratamiento de la conflictividad desde todos los niveles y sectores del Estado bajo un enfoque preventivo .Todo esto ha quedado en nada debido a la resistencia y oposición de sectores que defendieron sus espacios y se negaron a someterse a la rectoría de la PCM, a la que por otro lado, se acude cuando las cosas se ponen difíciles, como ocurre ahora y antes en el conflicto de Tía María. En ambos, la responsabilidad de la oficina especializada de Energía y Minas por sus errores y omisiones previas a los estallidos ha sido hasta la fecha invisibilizada.
Detrás de estas falencias están sin duda la debilidad y precariedad institucionales del Estado, que se traduce, entre otras cosas, en la carencia de un cuerpo profesional, estable y eficiente de funcionarios que den continuidad a las políticas públicas y a las decisiones y acuerdos pactados. Lo que predomina es un amplio sector de funcionarios contratados que rotan constantemente y afectan la capacidad de volcar los aprendizajes en rutinas, procedimientos y protocolos, y de allí que los errores que llevan a conflictos se repitan una y otra vez. Los cambios en esta materia, sin embargo, no son fáciles de implementar, pues implican reformas abordables en un mediano plazo.
Un abordaje integral de la conflictividad implica en última instancia una reforma amplia en los modelos vigentes del ciclo minero (concesión, exploración, construcción, explotación y cierre de mina), en el cual el rol del Estado sea más activo y la participación ciudadana más respetada. Esto supone una voluntad política y una correlación de fuerzas sociales y políticas hoy inexistentes, así que es difícil esperar aquí cambios inmediatos, salvo modificaciones en materia tributaria o técnica (por ejemplo, la relacionada con las evaluaciones de impacto ambiental y otros instrumentos).
Por ahora, el Estado debe legitimar sus actuaciones no solo promoviendo la inversión privada, sino también, defendiendo los derechos ciudadanos. En la medida en que la población vea esto último, la confianza hacia aquél aumentará y situaciones como se viven hoy en Las Bambas disminuirán. Del mismo modo, se hace indispensable que el Estado desarrolle capacidades para el análisis de lo que está ocurriendo en zonas sensibles al conflicto, así como instrumentos que le permitan detectar los potenciales impactos de las decisiones públicas en la conflictividad del país.
desco Opina / 29 de marzo de 2019
