Al asumir su cargo en marzo pasado, el nuevo presidente Martín Vizcarra afrontaba al menos dos grandes desafíos: i) un desafío político, relacionado con la necesidad de gobernar sin una sólida y numerosa bancada en el Congreso, frente a una oposición fujimorista mayoritaria, que en cualquier momento podía intentar avasallarlo y quizá forzar su renuncia como lo había hecho con su antecesor; ii) un desafío económico, derivado de los problemas que atraviesa la economía peruana en estos últimos años, en gran medida fruto de su fuerte dependencia de exportaciones de materias primas, lo que se traduce en bajos niveles de crecimiento, altos niveles de subempleo, una pobreza persistente y notorias brechas de desigualdad.
En sus primeros meses, el nuevo gobierno parecía destinado a contemporizar con el fujimorismo y poco menos que someterse a sus designios, pero poco a poco, Vizcarra fue mostrando sus distancias y el destape de los CNM audios —que reveló la corrupción en altos niveles de la política y el poder judicial — le brindaron una oportunidad que supo aprovechar.
En su mensaje del pasado 28 de julio, y como respuesta a la escandalosa corrupción que puso en evidencia la difusión de tales audios, el presidente anuncia su decisión de remitir al Congreso cuatro proyectos de ley para introducir reformas políticas y jurídicas que él consideraba claves para luchar contra la corrupción, las que deben ser sometidas a referéndum antes de fin de año. Como se sabe, esto puso por primera vez a la defensiva a Fuerza Popular y a su jefa, que desde entonces no han podido recuperar la iniciativa y han caído estrepitosamente en sus niveles de aprobación, lo contrario de lo sucedido con el presidente Vizcarra.
Así, desde hace varias semanas, el país vive una situación política muy intensa, donde las noticias, destapes y acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. La debacle de Fuerza Popular, impensada pocos meses atrás, y las audiencias para definir la prisión preventiva de su lideresa —más impensable aún — absorben por estos días la atención ciudadana que, no está demás decirlo, desaprueba masivamente a Keiko Fujimori y a su representación congresal. Se ha producido un asombroso cambio en las correlaciones de fuerza política en el país, cuyo desenlace está aún por verse.
Nos encaminamos ahora a un referéndum y es previsible que hasta diciembre, la atención ciudadana esté concentrada en la escena política y judicial. Después de este, lo más probable es que la aprobación del Presidente y de su gobierno dependan más del desempeño de la economía y es aquí donde el segundo gran desafío (crecimiento económico, reconstrucción del norte, empleo, reducción de la pobreza y de las desigualdades) adquirirá mayor relevancia.
Como se sabe, en los últimos años, el crecimiento económico ha disminuido notoriamente, tanto por factores externos (caída de la demanda y de los precios de los minerales) como internos (errores en la política económica), y poco o nada pudo hacer el expresidente PPK a pesar de la fama de economista exitoso que lo precedía y de los economistas que puso en su gobierno. Le toca entonces a un ingeniero civil provinciano afrontar los desafíos, aun cuando las proyecciones del FMI son moderadamente optimistas para este y los próximos años.
Las dificultades han sido evidentes; así por ejemplo, en el transcurso de este año, el crecimiento de la inversión pública, una variable que hasta cierto punto podía compensar la caída de la inversión privada, no ha tenido una evolución positiva. Por su parte, los grandes proyectos privados, principalmente los mineros, podrían significar al menos US$ 5000 millones para este año, pero no termina de estar del todo clara la viabilidad social de algunos de estos, lo que podría retrasar o inviabilizar su implementación.
Pocos esperan que el gobierno decida aplicar medidas económicas que dejen de lado –aunque sea parcialmente– el modelo vigente, pero dentro de las reglas de juego establecidas, son limitadas las opciones que se tiene. Una de ellas es, por ejemplo, terminar o reducir las exoneraciones tributarias a fin de aumentar la recaudación fiscal (los casinos y salas de juego gozan, increíblemente, de exoneraciones); el MEF ha presentado ya iniciativas pendientes de implementarse, aunque sus alcances están aún por conocerse.
Un tema de fondo es cómo el gobierno mantendrá su legitimidad política y social, una vez superada la intensa coyuntura política de estas semanas y obtener los resultados esperables en el referéndum. Está por verse, además, si puede reactivar la economía, responder a los retos que plantea la situación e ir más allá de un crecimiento cuantitativo del PBI. Esta es una perspectiva que no debe perderse, al igual que otros retos particularmente valorados como la seguridad ciudadana y la reconstrucción del norte, para los cuales no parece haberse hallado aún las claves, sin olvidar la descentralización, entre otros. Es aquí donde se juega el partido decisivo para los próximos años, así como el futuro político del presidente Vizcarra si pretende continuar en la vida política. No hay que olvidar tampoco que la debacle del fujimorismo, de ninguna manera significa el fin de la corrupción.
desco Opina / 28 de octubre de 2018
