Masacre en el Perú

Y los hechos de los próximos días demostrarán ante todo el mundo, que a pesar de la desaparición de cadáveres mediante su quema, el entierro en fosas comunes y su arrojo en los ríos, la cifra de asesinados indígenas supera muy largamente el número de 09, cifra que la Defensoría del Pueblo, el Gobierno, los medios de comunicación y hasta periodistas normalmente independientes como César Hildebrandt, insisten en restregarnos para que todos creamos que un operativo policial planificado con anticipación se convirtió en una “emboscada indígena asesina contra policías”.

Esta matanza sorprende a todo el país, pero la pregunta sobre los bestiales acontecimientos permanece: ¿por qué se organizó una operación policial de este calibre contra Aguarunas y Huambisas?, ¿estamos ante gobernantes desquiciados, ante fríos gobernantes gravemente comprometidos con poderosos intereses extranjeros, o a una mezcla de todo esto y de muchas otras cosas?. ¿Se trató de una calculada acción para descabezar y liquidar de un solo golpe al movimiento indígena amazónico y así consolidar a sangre y fuego uno de los principales capítulos del modelo económico neoliberal?.

Por causa de la cómplice manipulación informativa de medios escritos y televisivos que sólo resaltan las imágenes de los policías masacrados mientras que las fotos de los nativos asesinados sólo circulan restringidamente por internet, y por causa de un gobierno que con racismo tan asombroso como repugnante declara duelo nacional sólo por los policías muertos mientras llama a los indígenas “terroristas” e insiste en “sólo nueve indígenas muertos”, lo siguiente debe decirse de todos modos:

A diferencia de la generalizada ignorancia que existe sobre quiénes son los pueblos jíbaros Awajún y Wampís, (ignorancia de la que cumplidamente se aprovecha este régimen para exhibirlos como “terroristas”), el Gobierno de García sí CONOCÍA perfectamente las especiales características de dichos pueblos. Nos referimos a su conocida y ancestral ferocidad cuando se les acosa, cuando muere uno de los suyos o deciden entrar en guerra; y luego a su eficaz conocimiento del manejo de armas de guerra ya que sus jóvenes y hombres han servido como tropa en las guerras entre Perú y Ecuador de 1941, 1981 y 1992, desarrolladas precisamente en la Cordillera del Cóndor, área de su territorio ancestral. Estos dos factores no eran ignorados por el Estado y, como demostraré luego, ya han sido explotados antes por este Gobierno y empresas mineras para azuzar a los indígenas e incitarlos de manera criminal a una reacción defensiva violenta como la ocurrida en Bagua. Sumado a lo anterior, considérese los graves conflictos locales acontecidos este año con empresas mineras, petroleras y el ministerio de energía y minas; todo lo cual convertía a Bagua en el foco más delicado de la protesta indígena en la Amazonía.

Y es que aunque antiguas prácticas como la Tsantsa (reducción de cabezas del enemigo) ya no se practiquen y hayan pasado felizmente al olvido, los reflejos bélicos de Wampís y Awajúns se han mantenido vivos debido a su participación en las guerras con Ecuador lo que ha reforzado un especial sentido de pertenencia y celo territorial por partida doble: por ser sus territorios tradicionales desde antes de la existencia de la república y por ser una tierra en la que sus propios hijos han derramado su humilde y anónima sangre defendiendo los límites del Estado republicano.

Las “usuales” agresiones y crímenes que los regímenes represivos cometen contra nuestra sociedad civil mestiza y que ella siempre soporta, olvida y hasta perdona, de ninguna manera reciben la misma reacción en el mundo de los Awajún y Wampís. Mientras los ciudadanos mestizos reaccionamos como masa de protesta que pelea con puños y piedras pero que finalmente se desbanda para proteger su propia vida, ellos reaccionan como pueblo guerrero que contraataca en busca de reducir al enemigo y tomarse vida por vida. Eso lo sabe absolutamente bien cualquier militar -oficial o soldado- que haya trabajado en la Amazonía jíbara. Y cómo no, lo sabía Alan García. ¿O es que su antropólogo cortesano Juan Ossio no se los advirtió o tampoco ellos tomaron en serio a este señor?.

Leamos por ejemplo, lo que el INRENA (hoy Servicio de Áreas Naturales Protegidas) escribía en 2007 a diversas carteras ministeriales en el proyecto de decreto supremo que mutilaba a la mitad el área de protección ecológica del “Parque Nacional Ichigkat Muja”, ubicado dentro de territorio tradicional indígena:

“Los pueblos aguaruna y huambisa, autodenominados awajun y wampis respectivamente, pertenecen a la familia lingüística Jíbara, la cual constituye una de las naciones indígenas amazónicas más numerosa y de importancia cultural y política de la Amazonía. Con un fuerte sentido de identidad, se han caracterizado como un pueblo guerrero que ha sabido defender su territorio frente a diferentes amenazas e intentos de dominación que se les han presentado en distintos momentos de su historia”.

“Una de las características de la cultura Jíbara, con predominio en los hombres, es su actitud guerrera. Los hombres jóvenes se preparaban durante años para una carrera espiritual, social y militar, y en resumen, lograr el perfil de “hombre guerrero” a través de la observación de prohibiciones conductivas y dietarias y del consumo repetido de alucinógenos extraídos de plantas semi cultivadas y salvajes, con el fin de lograr visiones de un futuro exitoso”.

En el documento “Valoración cultural de los Awajún y Wampís” producido por un proyecto del INRENA co-ejecutado con una organización privada conservacionista, se reseña lo siguiente:

“Durante los siglos XVII y XVIII los españoles realizaron varios intentos de subyugar a los Jíbaros, pero sin éxito. Así los Jíbaros mantuvieron su libertad durante el resto del período colonial”.

“La fiebre del caucho comenzó entre los años 1880 y 1914; y, si bien para muchos grupos nativos en el Perú, la época del caucho significó la condena a la esclavitud y tratos infrahumanos también esta época les representó un mayor acceso al tráfico de mercancías. (…)  En 1904 los Awajún/Wampís hartados de los abusos de los caucheros, en una correría bien organizada, mataron a los caucheros y eliminaron todos sus puestos”.

Afirmaciones como éstas sobreabundan en expedientes y comunicaciones oficiales entre el INRENA y el Poder Ejecutivo a propósito de concesiones mineras, categorización de zonas ecológicas reservadas, evaluaciones ambientales, y discusiones intersectoriales. Y como puede comprobar cualquier persona que haya ingresado a territorios jíbaros respetando las autoridades y normas indígenas establecidas consuetudinariamente, los Pueblos Awajún y Wampís son normalmente pacíficos, hospitalarios y amistosos. Pero también pueden pasar a la defensa armada frente a ataques o injusticias que amenacen a sus familias. Y este contraste lo conocen muy bien funcionarios estatales, militares y profesionales de organizaciones civiles y religiosas.

No se trata de justificar lo que es injustificable apelando a razones culturales, sino de comprender la naturaleza política de la decisión del régimen en la sangría de Bagua y por la que tendrá que dar cuentas ante la justicia internacional: el comando Aprista de Gobierno, fiel a su trayectoria histórica de derramar sangre civil y policial –sea como partido de oposición insurrecto, sea como partido de gobierno-, eligió conscientemente la solución violenta contra Awajúns y Wampís sin importar las consecuencias, con pleno conocimiento de causa de lo que podría ocasionar. El Aprismo ha enviado al matadero a policías obligados a cumplir órdenes y ha asesinado a indígenas que defendían su derecho a existir como pueblos. El Aprismo ha escrito un nuevo capítulo en su sangrienta historia.

Pero de estos horrendos incidentes, García no se librará como lo hizo respecto a los crímenes del caso El Frontón en su primer gobierno cuando 111 subversivos presos ya desarmados fueron asesinados, pues no existe ninguna duda de que García, su primer ministro y la ministra del Interior serán acusados de crímenes de lesa humanidad y de genocidio por enviar a los efectivos policiales a una muerte segura y por consentir acciones bélicas contra civiles que luego de 55 días de protesta lograban mantener la cordura a pesar de la drasticidad de sus protestas.