Participación en Lima Metropolitana: nuevo estilo, viejos retos
Por Desco
Los vecinos y organizaciones sociales de Lima Metropolitana participan desde el 2003 de los Presupuestos Participativos a nivel de sus distritos. A pesar de sus limitaciones y de las críticas de diversa índole de los participantes, es un proceso que se da de manera sostenida y que ha aportado significativamente en formalizar las relaciones entre representantes y ciudadanos y en darle a los electores herramientas para fiscalizar a su gobierno local. Por una ruta divergente, durante el mismo período, la Municipalidad Metropolitana de Lima, cumplió apenas en el margen de lo formal con la convocatoria a sus ciudadanos para la toma de decisiones de inversión, en medio de la ambigüedad respecto a si los recursos en juego correspondían al pliego regional o al municipal, dificultando no sólo la participación y el reconocimiento del territorio, sino también las iniciativas de seguimiento y transparencia que por definición acompañan a estos procesos.
Al respecto, una de las principales promesas electorales de la alcaldesa de Lima estuvo referida a un «cambio de estilo en la gestión», proponiendo como pilares la apertura a la participación y la transparencia. Un paso significativo ha sido la convocatoria, en abril, al Proceso de Presupuesto Participativo Municipal y Regional 2012. Cabe anotar que será la primera vez que los ciudadanos del Cercado de Lima podrán acceder al proceso participativo, concertando la inversión municipal en su territorio de manera diferenciada al del resto de la metrópoli, con lo que se manifiesta la voluntad de superar la desatención que acusaba este «distrito menor» que integra el Centro Histórico con los viejos barrios originarios del antiguo casco urbano (Barrios Altos, Monserrate) y sus primeras expansiones (Santa Beatriz, zona industrial) y áreas marginales a su alrededor (Margen Izquierda del Rímac). En el caso del Presupuesto Participativo para el ámbito regional, que involucra a los 42 distritos de la ciudad, se ha logrado la inscripción de 105 Agentes Participantes que definirán sus prioridades de inversión de entre 59 proyectos aprobados que responden a necesidades de orden urbano ambiental, económico, social y de desarrollo ciudadano. El presupuesto aproximado es de más de 50 millones de soles.
La apertura del proceso, presidida por la propia alcaldesa Villarán, con presencia de líderes sociales, genera muchas expectativas, en tanto en su discurso pueden reconocerse muchos de los argumentos de quienes promueven la agenda participativa en los distritos, así como por representar la puesta en marcha de un proceso que contesta «las maneras» de la administración Castañeda, poco afecta al diálogo y la concertación. Para empezar, resulta toda una novedad que el proceso se lleve a cabo dentro de los cronogramas y bajo los procedimientos establecidos y publicados –exigencias legales de las que muchos municipios se «distraen», no siendo la gestión metropolitana precedente la excepción–. Por eso el resultado no sólo debe asegurar una distribución equitativa entre los territorios y un estricto cumplimiento de los plazos establecidos, como cabe esperar de cualquier distrito, sino que debe marcar la pauta futura de un proceso destinado a la resolución de los déficits de inversión que no pueden ser cubiertos con recursos distritales.
Otros pasos significativos en términos de la concertación y el diálogo se han dado en la convocatoria a la sociedad civil a la Asamblea Metropolitana –que no había sido nunca activada por Castañeda– y en el llamado a los alcaldes distritales en torno al Consejo Metropolitano de Seguridad Ciudadana. A junio, están aún por verse resultados concretos de este primer acercamiento con las autoridades locales, frente al crecimiento de la violencia urbana.
No estar a la altura de estos retos puede generar gran frustración entre los electores que apostaron activamente por el acento participacionista de Fuerza Social, así como redundar en el desprestigio del discurso del diálogo y la apertura y por extensión, de sus voceros en la «sociedad civil», muchos de los cuales se han integrado a la nueva gestión como «técnicos». Susana Villarán tendrá que enfrentar eso que –más allá del poco favor que le hacen los principales grupos mediáticos– la ciudadanía crecientemente percibe como un lento aprendizaje y acomodo de los nuevos funcionarios y directivos frente a una ciudad que exige cambios y ajustes inmediatos.
