Perú: la inseguridad como estrategia

Por Gustavo Espinoza M. (*)

Todos los noticiarios de la televisión peruana responden a un mismo formato. Pareciera que fueran un Parte hecho por la Agencia Central de la Policía Nacional, distribuido luego  a los medios para ser retrasmitidos con religiosa puntualidad, siguiendo un riguroso orden correlativo.

La segunda noticia, es un secuestro. Un empresario cualquiera, generalmente pequeño o mediano, resulta interceptado por personas no identificadas que se lo llevan para cobrar un rescate, o simplemente obligarlo a retirar dinero de un cajero automático.

La tercera, una violación. Una joven, atacada en la vía pública o en un vehículo de transporte, es conducida a un despoblado y ultrajada. Ella, y sus parientes más cercanos asoman rigurosamente ante Cámaras para exigir "justicia", por el delito.

La cuarta, un asalto. Por lo general, ocurre en las grandes avenidas, o incluso en los corredores viales. Casi siempre toma la forma de dos o tres vehículos que interceptan a uno, y lo obligan a detenerse. Entonces, los delincuentes bajan y disparan a matar contra quienes caigan. Y claro, así ocurre el caso de una niña que queda cuadripléjica ante el estupor generalizado de la ciudadanía.

Y por si eso no fuera suficiente, la quinta noticia es un accidente. En una carretera del interior, dos vehículos de transporte público han chocado dejando un saldo de 20 personas muertas y numerosos heridos. O un ómnibus se ha precipitado a un abismo, por lo que han dejado de existir 18 personas entre hombres, mujeres y niños.

Después vendrán otras del mismo corte: fueron capturados dos delincuentes buscados por la policía, fue intervenido un centro de diversión donde se encontró droga, un obrero de la construcción pareció en un "accidente", y otras similares.

Y será necesario también "intercalar" algunas noticias de orden social: los trabajadores de una azucarera en el norte toman por la fuerza las instalaciones del centro laboral, la marcha de los obreros de la construcción bloquea el tránsito en la ciudad, los maestros se resisten a ser evaluados.

Y si se tuviese que dar cuenta de un  asesinato cometido por un miembro de la institución policial o militar, no se hablará de un crimen, sino de un "confuso incidente", de resultas del cual murió un civil.

Los locutores, desde Claudia Cisneros hasta Mónica Delta, pasando por  Mávila Huertas, Raúl Tola y Aldo Mariátegui, y las presentadoras de los Canales 2, 4, 7, 9 y 11 de la televisión peruana; pondrán en todos los casos, cara de circunstancia. Y se indignarán, o se sublevarán, ante la violencia de la que dan cuenta, en la medida que van ganando "rating", es decir teleaudiencia complaciente y morbosa que quiere saber cómo fue el crimen más reciente.

¿Responde todo esto a una casualidad? ¿Es producto de apenas un modo de informar y dar cuenta de las noticias, o es más bien una estrategia orientada a colocar el tema de la Seguridad Ciudadana en el centro de las preocupaciones nacionales?  Y esto ¿ocurre por gusto, o forma parte de un mensaje que se busca entregar a la gente haciéndole ver la imperiosa necesidad de tener "mano fuerte" para detener la "ola de violencia"?

Porque lo real es que, luego de algunas semanas de atiborrar la mente de las personas con crímenes cotidianos, se da paso a un titular que gana las portadas de la prensa escrita: Keiko Fujimori exige la Pena de Muerte para los delincuentes. Y claro, gracias al ambiente creado, el 77% de los peruanos saluda la iniciativa, espera que se concrete e incluso se pregunta si no sería bueno que la hija del chino ―con este mensaje― gane los próximos comicios presidenciales del 2011.

Hay un antecedente para el manejo de esta política: el que se hizo a lo largo de veinte años en el país ―entre 1980 y el año 2000―  vendiendo la idea del "terrorismo" afincado entre los peruanos.

Una patrulla del ejército entraba a un pueblo olvidado de la serranía y mataba a campesinos indefensos. ¿La explicación del hecho? Muy simple. Se trataba de una patrulla que, en busca de "terroristas" había sido atacada en un poblado inhóspito, y se había visto forzada a repeler fuego. Quedaba consentida, de ese modo, la existencia de "grupos terroristas" que "atacaban a los soldados" y blanqueado el crimen: había ocurrido en defensa de "la ley y el orden". Multiplicada la estrategia, el resultado fue espeluznante: centenares de "enfrentamientos" en la serranía y 70 mil muertos como consecuencia del "conflicto armado".

En estos días, agosto del 2010, se cumplen 25 años de la matanza de Accomarca. Allí ―se recuerda― una patrulla militar al mando del Teniente Hurtado, incursionó en la zona y mató a 69 personas entre niños, mujeres y ancianos. ¿La versión? Repelió el ataque de una columna senderista inexistente.

Y es que para hacer entender la necesidad de acciones de esta naturaleza y magnitud, resultada indispensable asegurar a todos que había un "conflicto armado", es decir, una guerra.

Eso pasaba por hacer consentir a la población que la organización "alzada en armas" era una fuerza incontenible que había logrado ya el "equilibrio estratégico", y que estaba a punto de "tomar las ciudades", amagando el Poder. La "Democracia", entonces tenía que defenderse. No había otra.

Al fin del camino ―de ése camino― estaba un propósito político. Perpetuar un régimen neonazi que esterilizara mujeres e hiciera prácticas de "limpieza étnica"; para ―bajo el ala del "combate a terrorismo"― imponer un "ajuste" neoliberal que protegiera los intereses de las grandes empresas y beneficiara a los ricos, en detrimento ―claro+ de los más necesitados.

Ahora la cosa conoce algunas variantes. En Colombia, por ejemplo, cuando se descubrió la fosa común más grande del mundo con más de dos mil cuerpos de personas asesinadas, se aseguró que Venezuela cobijaba a destacamentos guerrilleros y se hizo ―a partir de Bogotá― la "campaña patriótica" contra la vecina Venezuela y el gobierno de Chávez, confirmando entonces la "importancia estratégica" de contar con 7 bases militares norteamericanas en el suelo de Nariño.

Y en Costa Rica, la presidenta Laura Chinchilla, permitió el desembarco de 46 barcos de guerra y 7,000 Infantes de Marina de los Estados Unidos en suelo "tico", para "combatir la inseguridad".

¿No ocurrirá que aquí, para asegurar que "el Cojo" Mame no huya de la prisión y no mate a más gente, resulte necesario establecer también bases militares yanquis? ¿Y no sería útil que para que gane puntos la candidatura de Keiko Fujimori el tema de la Pena de Muerte esté situado en el centro del debate de los peruanos?

Después de todo, la "seguridad" ―o la inseguridad― es también una estrategia política. (fin)

(*) Del Colectivo de Dirección de Nuestra Bandera / www.nuestra-bandera.com