A menos de dos meses de la primera vuelta, antes que debates en serio sobre las propuestas de gobierno de los candidatos a la presidencia de la República, lo que hemos tenido es una colección de denuncias, escándalos y actos públicos en los que orquestas, bailarinas y ‘chicos reality’ han reemplazado a la promesa política. El otro protagonista de la campaña ha sido sin duda el dinero, ya sea que éste va del político a la gente, como en el caso de las irregulares donaciones de César Acuña infringiendo groseramente la ley electoral, ya sea que va de la gente al político, como ha ocurrido con los sospechosos cócteles y rifas con los que Keiko Fujimori dice financiarse que por su monto inverosímil, hace sospechar que se trataría en realidad de una «lavandería de dinero sucio».
Resaltan, asimismo, las maneras nada institucionales que han seguido la mayoría de partidos y alianzas para decidir sus candidaturas a la presidencia y al Congreso de la República. Cuando en lugar de consagrar prácticas democráticas las exigencias de la ley electoral son tomadas como poco menos que un trámite, queda la puerta abierta para los intereses caudillistas (Alianza Popular) o la mera informalidad (Todos por el Perú) producto de la despolitización de nuestra sociedad y del desprestigio generalizado contra las instituciones de la democracia, esta situación no es nueva. Pero no deja de llamar la atención que sean los propios políticos que participan en la contienda electoral los que estén más lejos de contribuir con la institucionalidad política que formalmente plantean en sus planes de gobierno.
