Problemas urgentes y política ausente

Muerte de neonatos en hospitales públicos, homicidios perpetrados con saña inaudita e intentos de desalojo en terrenos invadidos que produjeron gran violencia, fueron hechos resaltantes en los últimos días, sin que haya merecido mayor interés de los que dirigen el país.

 

En semanas recientes, algunos medios de comunicación reportaron con alarma una supuesta creciente cifra de fallecimientos de recién nacidos prematuros, por la inexistencia de incubadoras en los hospitales públicos. Según el Ministerio de Salud, en lo que va del año han muerto 1817 recién nacidos, de los cuales 1291 fueron prematuros.

 

Si nos ponemos en contexto adecuado, lo cierto es que, en los últimos veinte años, el Perú ha tenido una reducción sostenida de la mortalidad infantil. Los fallecimientos en menores de un año pasaron de 33 por cada mil nacidos vivos a inicios del 2000 a 15 el año pasado, según la ENDES. En otras palabras, estamos en el promedio latinoamericano. Por otro lado, la tasa de mortalidad neonatal (antes de los 28 días luego de nacer) pasó de 18 a 10 por cada mil nacidos entre los mismos años. Si bien hubo un descenso, aún estamos por encima del promedio regional, que es de 9.6 y, lo que es más, se ha mantenido constante durante los últimos cuatro años.

 

Entonces, hay un problema y busca explicarse soplando la pluma. Según la ministra de Salud, Zulema Tomás, desde este año la compra de incubadoras, respiradores y otros implementos para la atención de recién nacidos está a cargo de los gobiernos regionales. Esto presenta demoras por la falta de gestores en el sector. En suma, el problema es de falta de recursos humanos para la buena gestión y, también, deficiente prevención (controles prenatales y lactancia materna) que puede corregirse con una mejor vigilancia de la autoridad pública.

 

Pero, lo que no nos dicen las autoridades y no preguntan los periodistas es el posible perfil de las madres que tienen estas pérdidas. De acuerdo con la OMS, la procreación prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos. Cuanto más joven sea la madre, mayor el riesgo para el bebé. Además, los recién nacidos de madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de efectos a largo plazo.

 

Al respecto, el INEI señala que cada día cuatro adolescentes menores de 15 años quedan embarazadas en Perú, y este promedio sube a diez cuando las menores llegan a esta edad. La encuesta demográfica y de salud familiar realizada en 2017, revela que el 13.4% de adolescentes de 15 a 19 años, fueron madres o quedaron embarazadas por primera vez en aquel año, lo que significó un alza del 0.7% con respecto al 2016. Lo que es más, ese porcentaje se había mantenido en el mismo rango en los últimos cinco años.

 

Hay quienes todavía señalan que no somos un país violento y los casos registrados y convenientemente filtrados por las autoridades competentes, parecieran que solo son carne para los bolsillos de la prensa comercial. En el 2017, la tasa de homicidios de El Salvador era de 60 víctimas por cada 100 mil habitantes y de Venezuela 54 víctimas por cada 100 mil habitantes. La nuestra era para ese año, de 8 víctimas por cada 100 mil habitantes.

 

No parece mal, pero debíamos considerar que entre el 2011 y 2017 hubo un importante incremento, pasando de 5,4 muertes por 100 mil habitantes a 7,8. Además, si desagregamos territorialmente esta cifra, nos vamos a encontrar con resultados realmente preocupantes: Madre de Dios tuvo una tasa de 46.6 en el 2017, Tumbes de 28.8, Lima región de 14 y Callao de 13.1.

 

Si nos enfocamos en las provincias, veremos que Tambopata tiene 59 víctimas por cada 100 mil habitantes; siguiéndole la provincia de Barranca y Tumbes con 41 y 40 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente. Las ciudades más violentas son Tumbes con 58 víctimas por cada 100 mil habitantes; Barranca con 46 víctimas por cada 100 mil habitantes, Huaral y Pisco, con 28 y 18 víctimas por cada 100 mil habitantes, respectivamente.

 

En el Perú, esta es la segunda fuente de ganancias ilícitas, después del narcotráfico y a la par con la trata de personas y la minería ilegal. Además, según Jorge Chávez Cotrina, coordinador de las fiscalías sobre crimen organizado, es la modalidad con mayor crecimiento relativo en los últimos años, afirmando que una de estas redes puede mover hasta 20 millones de soles al año, básicamente, por las ventas sucesivas de un mismo terreno, conocido como ‘ruleteo’.

 

Asimismo, se ha podido evidenciar recientemente, que estos grupos han tejido densas redes de relaciones involucrando a algunas autoridades competentes en el tema. Agregado a esto, también puede decirse que el tráfico de tierras es el eje alrededor del cual giran otras actividades ilegales como la extorsión y el sicariato. Si alguien puede tener dudas sobre la importancia de este delito, debería remitirse a la información proporcionada por Rubén Vargas, ex viceministro de Orden Interno del Mininter: “El 90% de invasiones en Lima y la costa norte ha sido dirigido por organizaciones criminales”.

 

Si bien desde el 2016, la policía y la fiscalía han realizado 120 megaoperativos, de los cuales la mitad sirvieron para desbaratar estas redes e iniciar al menos 45 procesos judiciales, lo cierto es que hasta el momento no hay sentenciado alguno.

Mientras sucedía esto y muchas otras situaciones preocupantes, la política discurría —y seguirá discurriendo— por canales diametralmente opuestos. Nuestros políticos, como bien sabemos ahora, no hacen política no porque no quieren, sino porque no saben. No pueden solucionar siquiera sus cuitas y mal haríamos en creer que puedan tener una sola idea clara sobre qué hacer con los problemas de los peruanos.

 

desco Opina / 13 de setiembre de 2019