Se impone revisar informe final de la CVR

Plinio Esquinarila; (plinio2005@gmail.com)

Si el proyecto del museo de la memoria está más que politizado por los intereses de la izquierda caviar, al pretender que sea política de Estado el informe final de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), en especial la persecución a la Fuerza Armada, so pretexto de violación sistemática de los derechos humanos en la lucha antiterrorista, la mayoría ciudadana tiene todo el derecho de decirle a los activistas de la CVR,  como alguien ya lo adelantó, que su memoria no es nuestra memoria.

Más si el desarrollo del informe final se ha convertido en un programa político que pretende imponernos una “memoria popular” de los supuestos pobres y marginados por sobre toda la historia de la República, incluido de la guerra con Chile, como veremos en otro momento.

Conste que nadie en su sano juicio puede negarle a los partidarios de la CVR pensar y actuar de esa forma, poniendo énfasis en la variable humanitaria. Es su derecho. Con seguridad que la mayoría de ellos, sobre todo los jóvenes, lo hacen en forma honesta y lo menos interesada posible.

Pero es inadmisible negar a otros, a quienes ponen el énfasis en la defensa de los logros de la pacificación nacional, sus propios pensamientos y convicciones que los lleva a no estar de acuerdo con el informe que nos ocupa.

Eso sí es intolerancia porque sería una falacia la imposición de una sola memoria, tras el taparrabos de combatir la impunidad. Con mayor razón si los dos actores centrales de la confrontación —FF. AA. y “Sendero Luminoso”— critican y/o detestan el referido informe.

Porque la Fuerza Armada jamás aceptará que ese periodo de combate contra la secta asesina, mal llamada “Sendero Luminoso”, desde mayo de 1980, que terminara en la derrota del terrorismo y el triunfo de nación sobre un eventual régimen polpotiano, pueda ser catalogado como el periodo más oscuro y vergonzoso de la historia del Perú.

Menos aun que esa visión sea elevada a política de Estado, con sus obvias consecuencia de persecución a los militares en el sistema judicial peruano y la enseñanza de es misma visión en nuestro sistema educativo, incluido el museo de la memoria, que sería una derivación de la revolución cultural gramsciana a la que aspiran.

Tampoco están de acuerdo con el informe los sobrevivientes del cogollo senderista, como el abogado del genocida Abimael Guzmán, Alfredo Crespo, quien en un programa televisivo lo ha definido como una “sarta de mentiras”.

Y a la mayoría de peruanos, la verdad sea dicha, no le interesa este tema considerado elitista, como lo prueban las encuestas, o en su defecto asume como positivo que muchas víctimas, incluso vivas, hayan decidido guardar silencio, derecho que debe ser respetado, como lo reclama el mesurado historiador Jorge Luis Valdez Morgan de la Pontificia Universidad Católica del Perú (ver su blog La bitácora de Hobsbawm) y lo corrobora tácitamente un excelente artículo del sociólogo Gonzalo Portocarrero (1), no obstante que ambos son partidarios del museo de la memoria.

¿A qué viene tanta prisa?
Como el museo que se pretende implementar, con el visto bueno del presidente Alan García, va a tener un uso político, porque alguna línea tendrá su administración, lo mejor sería que ―si tienen tanta prisa— cada posición tenga la libertad de hacer o no su museo para plasmar su “memoria” singular, objetiva o subjetiva, pero con su plata.

Porque la memoria de cada ciudadano, que en efecto se supone subjetiva, no tiene por qué coincidir, por ejemplo, con la de un asesino terrorista. Es más, los senderistas y emerretistas arrepentidos y los que en tiempos más equilibrados se incorporen a la vida política, a futuro que hagan su propio museo, para que no nos saquen en cara que no tuvieron la oportunidad de honrar a sus muertos. Para ello habría que tomar en cuenta la experiencia española.

Los caviares también podrían armar el suyo, si ellos quieren desde ahora, y en la forma más variada posible, por ejemplo museos virtuales, como en Argentina, donde su lema hipotético y tristón sería la expiación de las culpas nacionales y mundiales y allí, entre sollozos reales o fingidos, que debatan día y noche sus caviaradas, “tetas asustadas” y museos memoriosos. Plata no les faltará de la cooperación internacional. Pero ello no implicaría que expresen la posición oficial del Estado peruano.
Finalmente, si los señores de la Fuerza Armada quieren el suyo, siguiendo los pasos del Museo de la Dirección Nacional Contra el Terrorismo de la Policía Nacional (Dincote), adelante. La única condición para todos sería el respeto a la legalidad y evitar difamaciones y revisionismos de lesa historia.

Renuncia a la venganza
Y es que una política definitiva de Estado en materia de reconciliación tendría que trabajarse poco a poco, del mediano al largo plazo, por la sencilla razón de que en estos momentos la controversia es demasiado fuerte y fresca por parte de los actores de la lucha antiterrorista. Precipitarlo no suma sino divide a los políticos y a la ciudadanía. Esto hasta que las aguas se nivelen. Tiempo habrá para que las historias se sinceren.

Entretanto hay que subrayar, en las condiciones actuales, que no es con museos, aun sean de los más variados, que la sociedad peruana se va a reconciliar, sino con la amnistía general de los presos políticos y el fin de la persecución a los uniformados, salvo casos emblemáticos de probada acción criminal, sea el “grupo Colina” o los eventuales responsables de la masacre de Putis.

Lo anterior implica, hay que reiterarlo, una revisión del informe final de la CVR y una renuncia oficial a todo tipo de venganza. Porque este sentimiento primario, la venganza, está en la base de este juego maniqueo para unos y macabro para otros.

Posiciones irreconciliables
Estamos tratando un tema muy sensible donde se dan posiciones diversas y encontradas. Y es que mientras para los partidarios de la CVR implementar el museo de la memoria sería una forma reconciliatoria de cerrar heridas, para otros implica reabrirlas. Son lecturas por ahora irreconciliables.

Por tal carácter es que, al margen de las calculadas decisiones promuseístas del Ejecutivo, tarde o temprano tendría que reformularse los alcances y recomendaciones del informe final de la CVR, en cuya búsqueda no hay otra salida que arribar a acuerdos políticos, porque es imposible que se logren unanimidades de trasfondo engañosas.
Debería quedar en claro que, en ninguna parte del mundo, salvo en Sudáfrica, hubo un consenso ejemplar que consistía en perdonar y amnistiar a cambio de decir la verdad sobre los crímenes del apartheid segregacionista. Allí no hubo persecución alguna, salvo para los criminales mentirosos.

Se trataba, como también en España, de una renuncia oficial a la venganza, condición esencial para la reconciliación y la transición ibérica que se plasmó en una amnistía general que abarcó no sólo a los republicanos y comunistas, que se habían levantado contra el régimen de Francisco Franco, que ganó la guerra civil, sino a los culpables de crímenes cometidos por las mismas fuerzas franquistas, aunque ahora en la Madre Patria el Partido Socialista y la Izquierda Unida pretendan patear el tablero.
No hay otra salida realista para salir del atolladero.

Porque vendernos otras ideas plásticas, como eso de la “memoria histórica común”, son otro engaño. Ya el español Gustavo Bueno ha dado en el blanco al afirmar que "(…) la memoria histórica sólo puede aproximarse a la imparcialidad cuando deje de ser memoria y se convierta simplemente en historia" (2).

Es decir, cuando se deje la politiquería y se avance a esa ciencia maestra que es la historia. (Continuará).

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(1)    http://gonzaloportocarrero.blogsome.com/2007/09/11/la-creencia-como-poder-sobre-la-memoria-y-la-vida/
(2)    http://www.nodulo.org/ec/2003/n011p02.htm

Publicado en EXPRESO del 28 de setiembre del 2009
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=65&Itemid=80