Por Alfredo Palacios Dongo
Tras 52 años de guerra que dejaron en Colombia 8 millones de víctimas, entre muertos (220,000), desplazados y desaparecidos, el 24 de noviembre 2016, el gobierno y las FARC suscribieron el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto, unos 8,000 integrantes iniciarían su traslado a las zonas de concentración y entregarían sus armas, sin embargo, muchos de ellos no han desistido de la lucha armada ni estregaron las armas, según la Fundación Ideas para la Paz (FIP), junto con milicias y facciones vinculadas agruparían entre 1,200 y 1,400 integrantes.
Los disidentes de las FARC llegarían a 1,400 según la FIP
Esta disidencia está generando problemas en otras fronteras, una de las facciones liderada por “Guacho” ha desbordado en Ecuador asesinando a tres ecuatorianos secuestrados en la frontera, acciones que podrían repetirse en fronteras de Brasil, Panamá, Venezuela y Perú. En nuestro país el pasado 15 de abril un colombiano de 19 años, Neider Machacury, fue detenido por la policía en el centro poblado Soplin Vargas, provincia de Putumayo, Loreto, por ofrecer dinero a dos menores intentando convencerlos que se unan a un grupo disidente que opera en la frontera con Perú.
Posteriormente, el pasado día 8, el Alcalde de la provincia de Putumayo, Segundo Julca, aseguró que disidentes del Frente Oliver Sinisterra (con gran acceso a recursos del narcotráfico) ingresaron en la madrugada desde la frontera colombiana hasta el frontis del municipio dejando un comunicado solicitando apoyo financiero, también a viviendas de San Antonio del Estrecho llamando a jóvenes para que se unan a sus filas, asimismo, la Fiscalía ha determinado que entre marzo y abril pasados ingresaron el lado peruano un grupo de colombianos armados y encapuchados que han tratado de captar menores de edad para que se unan a los disidentes. Recordemos que el departamento colombiano Putumayo ha sido históricamente para las FARC zona de disputa por el control de cultivos de coca, procesamiento y comercialización de droga, así como importante área de repliegue.
Bajo este panorama se debe activar máximo control en la zona fronteriza de nuestra provincia de Putumayo, las acciones realizadas por los disidentes en nuestra frontera representan una grave violación territorial con peligrosas consecuencias. La compleja implementación del proceso de reincorporación social y económica de los exguerrilleros aún presenta complicadas dificultades existiendo el riesgo de que muchos puedan ser cooptados por los disidentes. Todavía en Colombia están latentes muchas inquietudes y cuestionamientos respecto a una paz completa, sostenible y duradera.
Expreso, 12.05.2018
