Una política farmacéutica sostenible
Por Teodoro Martínez Arán*
Identificar, analizar y minimizar los puntos de ineficiencia de cualquier sistema disminuye el coste de funcionamiento y asegura su sostenibilidad.
Los sistemas sanitarios no deben ser ajenos a esta máxima. Más salud por el mismo dinero, sentencia la OMS.
Todos los países pueden mejorar el rendimiento que obtienen de su inversión en salud. Los problemas de despilfarro del sistema sanitario se producen en todos los niveles. Desde el gestor al usuario, pasando por el profesional sanitario, todos pueden participar en la disminución del gasto.
El primer agujero, el gran agujero, es la política farmacéutica.
Es un punto clave para el control del gasto sanitario, puesto que un tercio del gasto mundial en sanidad se dedica al pago de los medicamentos. El precio de los fármacos utilizados, su uso inadecuado o las prácticas poco éticas pueden disparar el gasto sin llevar aparejada una mejora de salud.
Los sistemas públicos de salud deben apostar decididamente por la utilización de los medicamentos más efectivos al menor coste posible. Se encuentran, sin embargo, con dos dificultades. En primer lugar, los fármacos tienen precios distintos según el lugar del mundo donde se compren. Por ejemplo, el precio medio de 15 medicamentos esenciales de la OMS es de más del doble en Europa frente al sudeste asiático, lo que incita a sospechar políticas oligopólicas ajustadas al poder adquisitivo de los potenciales clientes. La regulación internacional de los precios de los medicamentos contribuiría a disminuir el gasto sanitario de muchos países. Por otro lado, la escasa difusión de los medicamentos genéricos, los “fármacos sin marca”, puede suponer un encarecimiento de hasta el 60% en la factura farmacéutica sanitaria. Francia ha demostrado lo rentable que puede resultar una estrategia de promoción de genéricos, ahorrando sólo en 2008 1.320 millones de euros.
Una segunda sangría en el gasto farmacéutico es el uso inadecuado de fármacos. Se estima que más de la mitad de los medicamentos en el mundo se prescriben, dispensan o venden indebidamente. El uso inadecuado de medicamentos incluye la automedicación, la distribución de fármacos por vías fraudulentas –léase Internet-, la combinación inadecuada de fármacos, el abuso de antibióticos y la prescripción que no está acorde con las directrices clínicas. Los medicamentos mal usados exponen al paciente a un riesgo sin beneficio, retrasan la curación de las enfermedades y suponen un despilfarro de recursos, tanto para adquirirlos, como para solucionar los problemas que producen. Como ejemplo, el tratamiento antibiótico inadecuado de las gastroenteritis virales puede incrementar el coste de la asistencia a las mismas en un 35%, a la vez que aumenta la resistencia a los antimicrobianos de los gérmenes, y puede complicar la enfermedad de base al eliminar la flora intestinal beneficiosa.
La importancia económica de la partida farmacéutica la hace presa de una tercera sanguijuela: la corrupción y las prácticas poco éticas. Aunque se suela focalizar el debate en los sobornos a los profesionales prescriptores, no debemos olvidar que las decisiones con trasfondo ético en relación con los medicamentos son múltiples: qué enfermedades intentar curar, con qué moléculas investigar, en quién probar, qué efectos secundarios comunicar, qué fármacos desechar, en qué países distribuir, a qué patologías y grupos de pacientes destinar los fármacos desarrollados, qué precio de distribución puede tener, y cómo promocionar el fármaco elaborado. La Organización Mundial de la Salud lanzó su estrategia Good Governance for Medicines en 2004 para abordar este problema. El objetivo fundamental es tapar un agujero que supone entre un 10-25% del gasto público sanitario total destinado a la contratación de bienes y servicios. Las estrategias de corrección del problema suelen coincidir en dos grandes grupos de medidas: el uso de políticas disciplinarias que regulen la actividad de los profesionales en relación con la industria, y la promoción de una cultura general desfavorable a la corrupción entre la población que motive y premie ascendentemente a los funcionarios públicos con prácticas éticas.
Una política farmacéutica racional y austera reduce considerablemente la presión sobre la financiación de los sistemas sanitarios públicos. La combinación de políticas internacionales, nacionales y locales permitirá a los sistemas públicos reducir su factura sanitaria sin que ello conlleve una disminución de la calidad de la asistencia o de los resultados sanitarios.
*Médico, especialista en Pediatría, Centro de Colaboraciones Solidarias
