Transportistas de de Lima y Callao anunciaron una paralización de actividades el martes 4 de noviembre, en protesta por la falta de resultados ente la creciente ola de extorsiones, asesinatos y ataques contra sus conductores, unidades, cobradores, jaladores y pasajeros.
Esta vez la coordinación es amplia, pues confirma la medida el gremio Transporte Unido, que agrupa a transportistas de los conos norte, sur, este y centro de Lima.
Los agremiados difundieron un comunicado este lunes 27 de octubre, en el cual expresan sus condolencias a las familias de los conductores asesinados, identificados como Leoncio Sandoval Casto, de la empresa Mariscal Ramón Castilla (línea 105), y José Johnny Esquinel Lindres, de la empresa Liventur, quienes fueron asesinados el 24 y 27 de octubre, respectivamente.
“Estos crímenes representan un nuevo y doloroso golpe a nuestro sector, y reflejan el nivel de inseguridad que enfrentamos día a día en nuestras rutas”, indica el comunicado.
Denuncian la falta de compromiso del Gobierno frente a la ola extorsiva, a pesar de haber sostenido reuniones con el Congreso, con el Ejecutivo y autoridades municipales.
El gremio señala que los asesinatos ocurren en un contexto de inacción estatal y de falta de cumplimiento de acuerdos alcanzados el pasado 9 de octubre, pues a pesar de los compromisos de las autoridades, a la fecha no se han concretado los acuerdos, que tienen plazos establecidos, además de estar en estado de emergencia.
El representante de la Cámara Internacional de Transporte, Martín Ojeda, respaldó el paro y recordó que se escogió dicha fecha porque el 30 de octubre se vence el plazo de 15 días que el sector otorgó al gobierno para demostrar medidas eficaces contra la extorsión y sicariato.
Subrayó que se están creando nuevas bandas que dejan avisos con un papel y una bala, pero la bala en el cuerpo.
Ojeda cuestionó el incumplimiento de las medidas del Gobierno, como la prohibición de dos personas en moto: “Hemos visto gente en moto de a dos, ¿sabes lo que siente un conductor? No va a pensar que son negligentes, sino que van a matarlo. Si van a hacer una norma, que se respete”.
Como se sabe, el gobierno dispuso un mes de Estado de Emergencia en Lima y Callao, pero la criminalidad no deja de crecer y en este lapso se cuentan 11 muertes violentas en distintos distritos, lo que evidencia la falta de eficacia de las acciones realizadas.
Entre las víctimas se encuentran conductores de transporte público, blanco frecuente de extorsionadores y bandas delictivas que exigen pagos por cupos, así como ciudadanos que nada tenían que ver con estas redes criminales.
