El abogado Luis Capuñay, defensor de Jaime Villanueva, reveló que el actual presidente de la República, José Jerí, se reunió con su patrocinado entre fines de abril y comienzos de mayo de 2023, cuando aún era congresistam para tratar sobre la inhabilitación de la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos.
Capuñay dijo a Exitosa que la reunión de Jerí con su patrocinado se realizó entre fines de abril y comienzos de mayo de 2023, cuando era congresista.
Precisó que la cita fue en el despacho del legislador Revilla, de Fuerza Popular y también habrían participado otros parlamentarios, aunque Jerí habría mantenido una conversación directa y estrecha con Villanueva.
Indicó que su cliente asistió a la reunión en calidad de asesor de la Fiscalía, mientras que Jerí, recién había sido incorporado al Congreso tras la inhabilitación de Martín Vizcarra.
Explicó que, según el testimonio de Villanueva, Jerí habría condicionado su voto para la destitución de Ávalos a un beneficio judicial a favor de un exgobernador regional de Áncash, identificado como Juan Carlos Morillo, quien había estado detenido por presuntos actos de corrupción.
“A cambio de su voto, se solicitaba un favorecimiento al señor Morillo”, aseguró Capuñay y añadió que, tras la votación en el Congreso, el Ministerio Público no presentó oposición alguna al pedido de cese de prisión de Morillo, quien recuperó su libertad poco después del debate parlamentario.
Detalló que la versión de Villanueva sobre la negociación fue clara y se cumplió: el voto de Jerí permitió la inhabilitación de Ávalos y, a cambio, la Fiscalía no objetó la liberación del exgobernador ancashino. Capuñay destacó que esta secuencia temporal constituye un indicio sólido de intercambio de favores políticos y judiciales.
Manifestó que la información es parte del cuaderno de colaboración eficaz que Villanueva desarrolla con la Fiscalía. Según indicó, la unidad EFICOP ya habría realizado actos de corroboración y remitido las copias correspondientes al despacho de la Fiscal de la Nación.
“Se han adoptado las medidas pertinentes, y los hechos se encuentran bajo evaluación”, informó Capuñay y comentó que este episodio evidencia que las más altas esferas del poder político también habrían tenido interés en influir en el proceso contra Zoraida Ávalos, buscando retrasar o condicionar su avance.
Debido a lo narrado, se mostró preoucupadopor la presunta interferencia de figuras políticas en las decisiones del Ministerio Público, lo que, a su juicio, pone en riesgo la independencia de las instituciones y profundiza la crisis de legitimidad que atraviesa el país.
