El fiscal Rafael Vela, a cargo del equipo especial Lava Jato, denunció que la investigación disciplinaria iniciada por la Autoridad Nacional de Control (ANC) contra el fiscal José Domingo Pérez apunta a apartar a los fiscales de sus cargos y representaría una represalia por su trabajo.

“En realidad son parte probablemente de las represalias que venimos experimentando específicamente de la Autoridad Nacional de Control que lidera el señor Fernández Jerí. Queremos pensar en principio que es una coincidencia con la sentencia del Tribunal Constitucional que favoreció a la señora Keiko Fujimori”, sostuvo.

La ANC inició hoy un proceso disciplinario contra el fiscal José Domingo Pérez, por una presunta una infracción muy grave, relacionada con su actuación en el caso “Cócteles”, sobre los aportes dinerarios a la agrupación dirigida Keiko Fujimori, alias “señora K•, durante dos de sus campañas electorales.

Esta investigación al fiscal Pérez coincide con las declaraciones de Keiko Fujimori, la líder de Fuerza Popular, quien sugirió la posibilidad de que se puedan producir una serie de represalias que son parte de las estrategias de afectación a la autonomía fiscal, indicó Vela.

“Esto es coincidente con la sentencia del Tribunal Constitucional y es parte de algo que denunciamos hace tiempo, que es la forma en que somos perturbados y atacados en el desarrollo de nuestras actividades como fiscales”, subrayó.

Recordó que tanto el fiscal José Domingo Pérez como él fueron apartados por la ANC previamente y retornaron a sus labores mediante acciones constitucionales.

“Estamos permanentemente siendo afectados en nuestros trabajos, en nuestra forma de vida, porque nosotros vivimos de nuestro trabajo y estas estrategias de asfixia que hay respecto a privarnos, por ejemplo, de nuestro salario, nos hacen siempre reflexionar sobre las posibilidades que existen en el cumplimiento de nuestras tareas”, declaró en RPP.

Vela manifestó que recibieron información sobre el proceso disciplinario de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el mismo que tiene como propósito claro “buscar suspensión de los fiscales”, debido a que este organismo de control no tiene atribuciones para destituirlos.

Promulgadas las medidas de emergencia en Lima y Callao, se advierte que parte de ellas necesita ser mejorada y otras deben añadirse.

En control penitenciario y telecomunicaciones ilícitas se dispone restringir las visitas a una semanal y una quincenal para presos de los regímenes cerrado ordinario y especial respectivamente. La medida es mediocre porque las mafias del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) seguirán actuando con esas visitas restringidas. La restricción debió ser total hasta que las cárceles salgan del hacinamiento y se reduzcan los índices de criminalidad por lo menos a valores de hace diez años. Hacerlo de forma parcial no evitará las coimas para introducir objetos prohibidos a los penales. Como dice un dicho, «muerto el perro, muerta la rabia», las visitas deben ser cortadas del todo, y no se debe escuchar a las ONG que defienden a los delincuentes y nunca a los ciudadanos de bien. Son medidas de emergencia para protección de la sociedad.

Control de identidad en diversas modalidades. Es más de lo mismo. A un sujeto se le puede pedir su DNI, pero no sabemos si porta un arma ilícita. En Colombia, en años de violencia delincuencial crítica, fue efectiva la medida de cierre intempestivo y aleatorio de calles, donde ninguna persona ni vehículo podía salir hasta ser registradas todas sus pertenencias, esto con orden de disparar en caso de fuga.

El simple control de identidad no es útil, porque el hampa hoy porta armas de fuego, blancas, explosivos y otros elementos para sus delitos, como gases para dormir a la gente en los vehículos. Estos registros reducirían la facilidad que ahora tienen para transportar estos objetos.

Uso del polígrafo al personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), así como a otros servidores o funcionarios que determine el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC). Es una medida inútil porque no es una prueba científica. Parece una idea tomada de la farándula.

Faltantes

Stickers. Ya habíamos señalado que urge prohibir la colocación de etiquetas adhesivas o stickers en vehículos e inmuebles, pues es una herramienta de los extorsionadores y la gente las acepta bajo coacción.

Delivery. Los repartidores, llamados de delivery, deben tener prohibido estacionarse en la vía pública. Las empresas que los contratan deben alquilar espacios en cocheras. Donde se estacionan irremediablemente aumentan los delitos, porque utiilzan estos lugares para hacer reglaje, por ello sólo deben estar autorizados a entregar y retirarse después de ello. Además, cuando se estacionan escupen, tiran basura, hasta orinan, esto, quitando espacio de aparcamiento a los clientes de locales comerciales, pues tributan, pero ven invadido su frente.

Cancelación de brevetes para autores de delitos que pueden ser cometidos en vehículos (ver Urgen nuevas medidas sobre cancelación de brevetes para luchar contra la delincuencia).

 Marcas en bancos. Muchos bancos no se ocupan de la seguridad de sus clientes, por lo cual debe obligárseles a tomar ciertas medidas contra los marcas (ver Bancos deberían proteger a clientes de los “marcas” y no desentenderse).

 Deportación. Una norma del gobierno de Boluarte prohibió el ingreso al país de extranjeros sin contrato de trabajo formal, sin embargo es letra muerta porque no se deporta a estos sujetos, lo cual debería enfocarse en venezolanos y colombianos. Maduro se niega a recibirlos, por lo cual el gobierno debe crear mecanismos de presión, como la prohibición a venezolanos de enviar remesas al exterior e incluso denunciar a ese país en la ONU. No se puede permitir que el trabajo informal sea empleado por extranjeros para justificar su permanencia y delinquir, como la pareja del «maldito Chris», que aducía ser trabajadora informal.

Prostitución. Debe prohibirse o ser confinada a lugares distantes al menos a un kilómetro de de zonas pobladas. La normatividad debe corregirse para que el Estado pueda crear estos sitios donde se evite la explotación que realizan los proxenetas. Las prostitutas deben tributar para que esa recaudación sirva para promover el empleo de estas mujeres en actividades decentes. Por lo mismo, toda extranjera prostituta debe ser deportada, son sus países los que deben darles asistencia social, no el Perú. Todo apunta (como vimos en el escándalo de prostitución en el Congreso) que las redes de proxenetas están coludidas con ciertos funcionarios o políticos, como se vio recientemente en España.

Prohibición de servicio de transporte a extranjeros. Se debe hacer como en México, donde los extranjeros, personas o empresas, no pueden realizar, entre otros, el servicio de transporte terrestre. Ya tenemos bastante desempleo y se debe proteger el trabajo de los peruanos, además, por lo general el hampa extranjera utiliza vehículos para delinquir y en ciertos lugares matan a los conductores para apropiarse de las líneas de transporte. En el sur del Perú también tenemos creciente número de accidentes de camiones bolivianos de transporte de combustible que con su irresponsabilidad causan grave daño ecológico.

Sanción a las empresas que permiten la venta irregular de chips. Las operadoras de telecomunicaciones quieren hacer lo que les venga en gana y promueven la venta de chips al hampa (ver Escándalo: Ejecutivo persigue a presidente de Osiptel por bloquear líneas de extorsión). Las sanciones no sólo deben ser multa creciente y en caso de reiterada rebeldía debe recurrirse a la cancelación de la autorización para operar en nuestro país. Deben aprender a respetar el Perú.

Incremento de patrullaje en las rutas de transporte. Siguen los ataques diarios a transportistas, por lo cual las rutas y paraderos donde circulan necesitan mayor vigilancia, así como un trabajo más especializado de inteligencia.

Al declarar Lima y Callao en estado de emergencia, en el respectivo decreto supremo se detallan las medidas dispuestas para combatir la criminalidad, parte de las cuales son buenas, sin embargo no son medidas suficientes.

Entre lo útil y necesario tenemos la prohibición de circulación de dos adultos en moto, pero eso debe perfeccionarse porque una persona de 17 años no es adulto y puede perpetrar un delito. Debe decirse simplemente dos personas, porque también es un riesgo que niños estén montados en la parte trasera de una moto. Como siempre, los moteros en su egoísmo reclamarán, pero antes que su comodidad es la protección de la integridad de los ciudadanos.

Desmontaje y destrucción de antenas de telecomunicación ilícitas. Esto ya se realiza con cierta frecuencia, pero debe vigilarse constantemente por la burla a las disposiciones.

El apagón eléctrico en las celdas es positivo, pues impedirá el uso de dispositivos electrónicos.

El patrullaje de las fuerzas combinadas en zonas críticas (Paraderos, estaciones del metro, instituciones asociadas a servicios públicos y activos estratégicos, entre otros) es también buena medida, pero debe acompañarse con inteligencia.

Intervención e internamiento de vehículos si exhiben documentación adulterada o placas ilegibles, deterioradas, adulteradas, dañadas, laminadas o con objetos que no permitan la identificación correcta del vehículo. Es una medida que ayuda.

Operativos masivos y permanentes de decomiso de armas, municiones, explosivos ilegales y pirotécnicos. Será de utilidad con la debida diligencia, pues son visibles lugares de venta ilegal de pirotécnicos y explosivos sin que haya intervención de la autoridad.

Operativos de Fiscalización de los insumos químicos que sirven para la elaboración de droga. Estas son acciones viejas, sin embargo tienen efectividad limitada por incapacidad o corrupción.