El ausentismo laboral es un problema silencioso que afecta más de lo que parece: detrás de cada falta prolongada hay horas extra, contrataciones temporales y retrasos en la operación. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) advierte que cada día mueren 7.500 trabajadores en el mundo por causas relacionadas con el trabajo — 6.500 por enfermedades profesionales y 1.000 por accidentes— y que casi el 4 % del PIB mundial se pierde por estos eventos evitables.

Al respecto, Kevin Vigil, Jefe Médico Ocupacional de Pacífico Seguros, señala cuatro medidas clave que las compañías pueden implementar para reducir su impacto.

1. Gestión de la prevención dirigida al riesgo crítico: Todas las organizaciones deben identificar y conocer qué tipos de accidentes o enfermedades generan mayor impacto en su población laboral. Estos pueden estar relacionados o no con contingencias laborales, pero de igual forma afectan al ausentismo. El área de salud ocupacional debe liderar la gestión de dichos riesgos críticos para anticipar, mitigar y reducir su efecto en la operación y en la salud de los trabajadores.
2. Programas de ergonomía en el trabajo: Según el Observatorio de Recursos Humanos (ORH), hasta el 45% de las bajas laborales están vinculadas a alteraciones musculoesqueléticas. Adaptar los espacios de trabajo y gestionar los peligros por manipulación manual de carga, trabajo repetitivo y/o posturas forzadas disminuye lesiones musculoesqueléticas y eleva la productividad.
3. Capacitación y cultura de prevención. Invertir en la formación constante del personal en hábitos saludables, manejo del estrés y prevención de riesgos reduce accidentes y fortalece la cultura organizacional, convirtiendo la salud laboral en un diferenciador competitivo.
4. Chequeos médicos ocupacionales periódicos: Detectar enfermedades en etapas tempranas evita bajas prolongadas y asegura continuidad en las operaciones. Según la OMS, las iniciativas de salud laboral pueden reducir el ausentismo por enfermedad hasta en un 27%.

“El ausentismo laboral no solo impacta en la productividad, también en la salud y bienestar de los trabajadores. Abordarlo requiere prevención constante y un compromiso real de las empresas. Por eso, desde Pacífico Seguros y Protege365 promovemos la 2da Jornada Internacional de Salud Ocupacional – Arequipa 2025, un espacio que reunirá a especialistas y líderes empresariales para intercambiar experiencias y fortalecer la cultura de prevención en el país”, señaló Vigil.

El evento se realizará el próximo 7 de octubre en el Colegio de Ingenieros de Arequipa. Más información e inscripciones en: http://bit.ly/45Erq5m.

La banca latinoamericana atraviesa un momento decisivo. Así lo señala el nuevo informe “Modernización bancaria en América Latina: claves estratégicas para la transformación digital” elaborado por Temenos, empresa de software bancario,  y PCMI, firma especializada en inteligencia de mercado, el cual ofrece una radiografía precisa sobre el avance de la modernización tecnológica en el sector financiero de la región.

Basado en entrevistas con líderes del sector (tecnología, negocios, riesgo e innovación), evidencia empírica y análisis de mejores prácticas, el documento destaca una realidad clara: la transformación digital ha dejado de ser una opción operativa para convertirse en una decisión estratégica.

La necesidad de transformación es evidente: el 68% de las instituciones financieras en la región ya invierten en sistemas core basados en la nube y el 77% en analítica avanzada e inteligencia artificial, según datos citados por Temenos. La apuesta por estas tecnologías refleja una estrategia clara de adaptación, eficiencia operativa y anticipación a las nuevas dinámicas del mercado.

“Muchas instituciones aún operan sobre infraestructuras legadas que limitan su capacidad de competir, innovar y escalar. Frente a este escenario, la mayoría opta por enfoques por componentes o progresivos que permiten modernizar por etapas, usando lo mejor de cada categoría (best-of-breed), priorizando funcionalidades clave como pagos o cuentas corrientes. Esto no solo ayuda a reducir riesgos y acelera beneficios tangibles, sino que también habilita un crecimiento sostenible del negocio”, comenta Cristian Sánchez, vicepresidente de ventas para Latinoamérica de Temenos.

Uno de los capítulos más relevantes del informe se centra en los criterios que los bancos consideran al seleccionar un socio tecnológico. Lejos de tratarse de una decisión técnica, se entiende como una alianza estratégica. Los ocho factores clave identificados son:

1. Experiencia comprobada: un socio con historial de implementaciones exitosas en entornos similares brinda mayor certidumbre, ya que entiende los desafíos del sector y sabe cómo resolverlos. Esto minimiza errores, acelera la curva de aprendizaje y reduce los riesgos del proyecto.
2. Soporte técnico: la transformación digital no termina con la implementación. El acompañamiento postventa, la capacidad de respuesta ante incidentes y la proactividad para prevenir fallas son esenciales para mantener la operación estable y la innovación constante.
3. Flexibilidad y componibilidad: las instituciones financieras necesitan soluciones que se adapten a sus prioridades sin interrumpir su operación. Un enfoque por componentes permite modernizar por etapas, integrarse con sistemas existentes y responder con agilidad a nuevas demandas del mercado.
4. Cumplimiento normativo: la regulación financiera es compleja y varía por país. Un proveedor que domina el marco normativo local y regional puede diseñar soluciones que ayuden al cumplimiento desde el origen, evitando sanciones y facilitando auditorías.
5. Precio competitivo: aunque no siempre es el factor decisivo, una solución que ofrece buena relación costo-beneficio permite a las instituciones avanzar en su transformación sin comprometer la viabilidad financiera del proyecto, especialmente en contextos de presión presupuestaria.
6. Escalabilidad: el sistema debe acompañar el crecimiento del banco en volumen de operaciones, nuevos productos o expansión geográfica. Escalar sin necesidad de rediseñar o reemplazar la solución tecnológica evita sobrecostos y asegura continuidad operativa.
7. Time-to-market: en un entorno dinámico, lanzar productos o servicios con rapidez es clave para mantener la competitividad. La capacidad de acortar los ciclos de desarrollo sin comprometer la calidad permite captar nuevas oportunidades de negocio.
8. Capacidad de integración: la tecnología debe convivir con lo que ya existe. Una buena integración con sistemas core, legados o plataformas externas evita duplicidades, reduce tiempos de implementación y facilita una visión unificada del cliente.

Diversos caminos hacia la modernización tecnológica

El informe identifica tres principales modelos que las instituciones adoptan para avanzar en sus procesos de transformación, según su tamaño, recursos y nivel de madurez digital. Este puede ser de Desarrollo Interno, preferido por entidades con equipos tecnológicos consolidados, que permite mayor control, pero exige más tiempo y recursos; Outsourcing, que acelera procesos con proveedores especializados, muy eficaz si el aliado comprende la regulación y cultura local; o Modelos Híbridos, cada vez más populares, que combinan capacidades internas con apoyo externo para lograr rapidez sin perder autonomía.

Los expertos entrevistados coincidieron en que las experiencias negativas suelen surgir al elegir socios por su nombre o precio sin validar su entendimiento del negocio local. También subrayaron la importancia de establecer una hoja de ruta clara, con KPIs definidos, gobernanza colaborativa y comunicación fluida.

“Desde PCMI, creemos que cada banco tiene un punto de partida distinto, pero una misma urgencia: adaptarse con agilidad a un ecosistema dominado por fintechs, regulación dinámica y clientes más exigentes. La banca del futuro no se construye con soluciones genéricas. Queremos que los bancos puedan tomar decisiones estratégicas con evidencia concreta, testimonios reales y buenas prácticas aplicables. Este informe destaca cómo la comprensión del contexto local, combinada con capacidades modulares y cloud-native, es clave para una transformación efectiva”, agrega Ignacio E. Carballo, Director de Finanzas Alternativas en PCMI.

El Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), encabezado por su Decano Nacional, Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar, advirtió que la paralización de proyectos a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) generaría sobrecostos entre S/ 90 a S/ 100 millones de soles por retiro y posterior reinstalación de campamentos y maquinarias, además de poner en riesgo más de 25 mil puestos de trabajo.

El Decano del CIP planteó la reasignación priorizada de saldos no ejecutados por el Estado, un cronograma de pagos para destrabar obligaciones pendientes y un fondo de continuidad para obras con avance mayor a 90%. “La parálisis golpea a los ingenieros y a MYPES proveedoras que podrían quebrar y terminar en INFOCORP, si los desembolsos no se regularizan. Esto implicaría la anulación de contratos y compensaciones por daños y perjuicios no atribuibles a los contratistas”, puntualizó.

El CIP exhorta al Ejecutivo y al MEF a adoptar medidas urgentes para reactivar los proyectos y garantiza su disposición para dar soporte técnico especializado que asegure la transparencia, la eficiencia y la continuidad de las obras.

Jaime A. Ruíz Béjar recordó que ANIN registró una alta ejecución presupuestal el año pasado y que varias obras están con avances de 97% a 98%, por lo que detenerlas “castiga la eficiencia” y expone a pérdidas de S/ 200 a 400 millones de soles ya invertidos, sí llegan nuevas lluvias, principalmente en las ciudades del norte ante un nuevo fenómeno climático.

Dato:

• Este año, la ANIN recibió un presupuesto de S/ 3,000 millones de soles, que representa un 40% menos de lo ejecutado el 2024 – la mitad de lo que solicitó – y se agotaron a mitad de año, por lo que las obras fueron suspendidas.

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), la Población Económicamente Inactiva (PEI) -conformada por personas que no trabajan ni buscan empleo- ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos 14 años, pues pasó de 5,5 millones en 2010 a 7,6 millones de peruanos en 2024, con mayor predominancia en mujeres.

“La cifra del 2024 equivale al 28,5% de la población en edad de trabajar, segmento que representa un impacto directo en la economía y en la sostenibilidad de los hogares. Aquí se encuentran estudiantes, jubilados, pensionistas, personas dedicadas al hogar o adultos mayores”, manifestó Óscar Chávez, jefe del IEDEP de la CCL.

En 2020, durante la pandemia, la PEI tuvo un punto de quiebre disparándose a 8.8 millones de personas, el nivel más alto del periodo, lo que representó una participación histórica del 35.3 % de la población en edad de trabajar.

Este incremento se debió a las políticas durante la crisis sanitaria, que obligaron a miles de personas a abandonar temporalmente el mercado laboral o suspender la búsqueda de empleo.

POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA

Según el estudio, las mujeres concentraron de manera sistemática la mayor parte de la PEI en el periodo de análisis. En 2010, casi dos tercios de este grupo eran mujeres, y para 2024 esta proporción se mantuvo estable, alcanzando cerca de 5 millones frente a 2,6 millones de hombres.

Por área de residencia, la inactividad es predominante en la zona urbana. En 2010, el 83.6 % de la PEI vivía en ciudades, y en 2024 este porcentaje subió al 87.3 %. El efecto de la pandemia se concentró en estas zonas, donde la PEI urbana llegó a 7.8 millones en 2020. En cambio, en el área rural, los niveles se mantuvieron relativamente estables, alrededor de un millón de personas. Según Óscar Chávez, esta diferencia se explica por la naturaleza del empleo rural, principalmente agrícola, que no sufrió restricciones severas durante la crisis sanitaria.

PEI POR GRUPOS ETARIOS

Entre 2010 y 2024, los jóvenes de 14 a 29 años concentraron la mayor proporción de la PEI, aunque su participación disminuyó de 54.6% a 49.7 %, explicado por una mayor inserción juvenil al mercado laboral. En contraste, el grupo de 60 años a más, incrementó su representación, pues pasó de 20.7 % en 2010 a 24.3 % en 2024, debido al envejecimiento poblacional y la menor actividad laboral de adultos mayores. Los segmentos de 30 a 44 años, y 45 a 60 años han mostrado incrementos moderados, destacando este último con una participación del 11.5% en 2024, frente al 10% registrado en 2010.

POR NIVEL EDUCATIVO

En el periodo de análisis, la educación secundaria concentró más de la mitad de los inactivos. En 2024 llegó al 52.1 %, consolidándose como el núcleo central de la población que, pese a alcanzar este nivel, no se integra plenamente al mercado laboral. Un cambio relevante se aprecia en la población con educación superior (universitaria y no universitaria). En 2010, esta alcanzó el 21 % de la PEI, mientras que en 2024 concentró el 25 %.

“Este crecimiento evidencia que cada vez más personas con estudios superiores se mantienen fuera de la actividad económica, ya sea por la prolongación de estudios, dedicación a labores del hogar o dificultades para insertarse en empleos adecuados a su formación”, comentó.

SEGÚN NIVEL DE POBREZA

El análisis por nivel de pobreza revela que la inactividad no está restringida a los hogares más vulnerables. En 2024, la mayor parte de la PEI se concentró en la población no pobre, con más de 5.3 millones de personas (71.4 % del total). Sin embargo, la PEI vinculada a la pobreza extrema se duplicó respecto a los valores prepandemia, alcanzando cerca de 398 000 personas (5.3 % del total).

Por su parte, la población en pobreza no extrema sumó 1.76 millones (23.4 %). Estos resultados confirman que la inactividad laboral afecta a todos los estratos socioeconómicos, aunque su impacto es más severo en los hogares pobres y pobres extremos.

POR REGIONES

En 2024, Lima Metropolitana concentró el 42.6 % de la PEI, manteniendo una tendencia ascendente desde 2010 (40.6 %). Le siguieron regiones como La Libertad (6.6 %), Piura (5.1 %), Lambayeque (4.6 %) y Arequipa (4.4 %). En áreas rurales como Puno (3.6 %), la inactividad se vincula principalmente a actividades agrícolas de subsistencia, sin plena incorporación al mercado laboral formal.