El Poder Judicial (PJ) dispuso la inmediata excarcelación del expresidente Martín Vizcarra, tras declarar infundado el requerimiento fiscal de variación de prisión preventiva, mediante el cual se le internó en el penal de Ancón II en criticada decisión del INPe y el Ejecutivo, que desconoció su condición de exmandatario, por lo cual le correspondía el penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, a donde finalmente lo trasladaron.
El caso está a cargo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que declaró infundado el pedidofiscal de prisión preventiva contra el expresidente, procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.
El expediente se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en agravio del Estado, hechos supuestamente ocurridos durante su gestión en el cargo de Goberbador Regional de Moquegua.
Los jueces de la referida sala, Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declararon fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.
Al revocarse dicha resolución se ordenó la liberación inmediata del exmandatario, argumentando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.
El PJ dispuso se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.
Vizcarra presentó su apelación el 29 de agosto y en la audiencia sustentó su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa riesgo de fuga. “No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, manifestó.
Indicó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia. Aseguró que no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.
El caso está a cargo de la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior, que declaró infundado el pedidofiscal de prisión preventiva contra el expresidente, procesado por el presunto delito de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado.
El expediente se relaciona con las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en los casos ‘Lomas de Ilo’ y ‘Hospital Regional de Moquegua’, en agravio del Estado, hechos supuestamente ocurridos durante su gestión en el cargo de Goberbador Regional de Moquegua.
Los jueces de la referida sala, Enríquez Sumerinde, Magallanes Rodríguez y Javiel Valverde, declararon fundado en parte el recurso de apelación presentado por la defensa de Vizcarra contra la Resolución N.° 11 del 13 de agosto de 2025, que había impuesto cinco meses de prisión preventiva contra el expresidente.
Al revocarse dicha resolución se ordenó la liberación inmediata del exmandatario, argumentando que esta medida aplica “siempre y cuando no medie en su contra otro mandato de prisión preventiva vigente, dictado por autoridad competente”.
El PJ dispuso se cursen los oficios correspondientes para ejecutar la excarcelación de Vizcarra y devolvió el cuaderno al juzgado de procedencia para los trámites administrativos.
Vizcarra presentó su apelación el 29 de agosto y en la audiencia sustentó su arraigo familiar y laboral, asegurando que no representa riesgo de fuga. “No me voy a fugar, no me voy a asilar, no me voy a autoeliminar. Voy a afrontar siempre la justicia y no voy a traicionar ni a la justicia peruana ni a los millones de peruanos que creen en mí”, manifestó.
Indicó que ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas durante el proceso y negó haber obstaculizado la justicia. Aseguró que no existen pruebas nuevas que justifiquen la prisión preventiva, medida que calificó como desproporcionada.
