El congresista Juan Burgos, del partido Podemos Perú, solicitó al presidente del Consejo de Ministros Eduardo Arana explicacar ante la Comisión de Fiscalización  los “fundamentos y legalidad” del insólito comunicado oficial del Consejo de Ministros en respaldo de Nicanor Boluarte, hermano de la presidente Dina Boluarte.

Como se sabe, el día 27 de agosto la Presidencia del Consejo de Ministros difundió un pronunciamiento bufo en defensa de Nicanor Boluarte cuestionando los allanamientos ejecutados por la Fiscalía.* No sólo eso, sino que varios ministros se dirigieron micro en mano a la prensa para actuar de defensores del hermano de la mandataria.

Los ministros alegaron que existe una intención de desestabilizar, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política. La declaración fue presentada por el premier Eduardo Arana, quien contó con el acompañamiento de 15 ministros de Estado.

Elvis Vergara de Acción Popula solicitó programar la citación del jefe del gabinete ministerial para una sesión cuya fecha está pendiente de definición, para responder por los referidos actos del gabinete.

El pedio de Burgos solicita “se disponga la convocatoria del Presidente del Consejo de Ministros, señor Eduardo Melchor Arana Ysa, a fin de que informe a la representación parlamentaria sobre los fundamentos, alcances y legalidad del comunicado emitido por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) el día 27 de agosto de 2025, referido al allanamiento realizado por el Ministerio Público al domicilio de Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la actual Presidenta de la República, Dina Ercilia Boluarte Zegarra, por sus presuntos vínculos ilícitos con la presunta organización criminal que lideraría el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez Antúnez”.

Burgos subrayó que el hermano de la mandataria está siendo investigado por la Fiscalía en relación con los presuntos delitos de organización criminal y tráfico de influencias, relacionados con su supuesto enlace con la red denominada “los Waykis en la Sombra”.

El parlamentario invocó la Ley 29158, norma que regula el Poder Ejecutivo, la cual establece con claridad las atribuciones del gabinete ministerial, sin incluir entre estas la protección política de personas bajo investigación por parte del Ministerio Público.

Por ello, indica que corresponde que “el señor presidente del Consejo de Ministros explique a la representación nacional las razones legales y constitucionales que justificarían un pronunciamiento de defensa política en este caso particular, considerando el principio de separación de poderes y la neutralidad institucional que debe regir al Poder Ejecutivo”.

El 27 de agosto, la Fiscalía realizó un nuevo allanamiento en la vivienda del hermano de la presidente, en razón de una investigación adicional por supuestos actos de corrupción que lo comprometen. La operación comprendió otros inmuebles y se relaciona con uno de los cuatro episodios presuntamente ilícitos que habrían sido ejecutados por una supuesta organización criminal bajo el liderazgo del actual ministro de Justicia, Juan José Santiváñez.

Para la Fiscalía, Santiváñez representaría la figura “hombre clave” y, durante su gestión en el ministerioo del Interior, habría coordinado con un grupo de individuos, incluyendo diversos abogados, para  respaldar presuntas acciones irregulares.

* El siguiente es el comunicado del 27 de agosto:

Presidencia del Consejo de Ministros
Pronunciamiento

27 de agosto de 2025
El día de hoy hemos tomado conocimiento de una decisión ejecutada por el Ministerio Público, agraviante del orden constitucional y que afecta la gobernabilidad y la democracia en nuestro país; por lo que los integrantes del Consejo de Ministros emitimos el siguiente pronunciamiento:

El derecho a la inviolabilidad del domicilio se encuentra protegido por la Constitución Política del Perú y nuestro Código Penal, como en numerosos países, en tanto su vulneración afecta directamente la intimidad y la seguridad de las personas.
El allanamiento, como acto procesal que faculta el ingreso forzoso y legítimo a un inmueble, constituye una excepción a dicho derecho fundamental.
A la luz de la medida de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y autorizada por el Poder Judicial contra un miembro de la familia de la señora presidenta de la república —y de similares acciones tomadas desmedidamente contra ministros de Estado, políticos y ciudadanos—, se advierte un uso desproporcionado de una medida excepcional, lo que trae consigo una seria afectación de derechos fundamentales amparados por la Constitución.
Es preciso señalar que, en la aplicación excesiva de estas medidas excepcionales, que restringen derechos y libertades de los ciudadanos, se muestran errores jurídicos inadmisibles, como la utilización de figuras inexistentes en nuestro ordenamiento, tal es el caso del denominado “tercero vinculado”.
Asimismo, luego de emitida la Resolución del Tribunal Constitucional que interpreta el artículo 117 de la Constitución Política del Perú, se ejecutan este tipo de acciones, que solo buscan desestabilizar al país, politizar la justicia y hacer uso de ella como un arma de venganza política que hace mucho daño a la institucionalidad, y que permitiría perseguir a los funcionarios públicos, a los políticos y sus familias.
El Ejecutivo en pleno rechaza tajantemente este abuso de poder que se realiza desde el Ministerio Público, que con estas acciones se está poniendo del lado del desgobierno, en contra de la constitución, la democracia, del Estado de Derecho y de la institucionalidad situación que, como peruanos, no debemos permitir.
Estos intentos de desestabilización no detendrán nuestro trabajo para lograr un país más justo, desarrollado y democrático.

Once de los 19 ministros de Dina Boluarte declararon tener investigaciones vigentes, 40 en total, según indicaron en sus declaraciones juradas. A tres de ellos se les paga la defensa legal con dinero de todos los peruanos.

Los casos van desde abuso de autoridad, tráfico de influencias y hasta integrar una organización criminal, como la investigación a Juan José Santiváñez, a quien se le vincula con Miguel Salirrosas, un expolicía sentenciado en 2021 por haber integrado una organización criminal.

El expediente de la Fiscalía indica que Santiváñez pidió US$20,000 a un allegado a Salirrosas, asegurándole que gracias a su cercanía con los magistrados del Tribunal Constitucional se emitiría un fallo que le devolvería la libertad al encarcelado, hecho que habría perpetrado cuando fue jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior (Mininter).

No logró la liberación de Salirrosas, pero Santiváñez, siendo ministro del Interior, ofreció interceder ante el jefe del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para evitar que el expolicía sea cambiado a otro penal.

A Santiváñez tambien la Fiscalía lo investiga por haber pedido al capitán de la Policía, Junior Izquierdo ‘Culebra’, que “controle” a un periodista crítico hacia su gestión.

Como si eso fuese poco, se le atribuye el delito de abuso de autoridad por haber utilizado el cargo de viceministro de Orden Interno para coordinar la desactivación del equipo policial que apoyaba al Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción del Poder. El presupuesto del Mininter está corriendo con los gastos de la defensa legal de Santiváñez en estos casos, pero no tiene dinero para otras necesidades de los policías por ejemplo, en la atención deficiente que sufren en el Hospital de Policía.

Desilú León

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, tiene ocho investigaciones pendientes en la Fiscalía, la gran mayoría de ellas, por abuso de autoridad (5) y por negociación incompatible, peculado y delitos contra la administración pública.

El ministro de Educación, Morgan Quero, tiene en su haber seis investigaciones, de las cuales, cuatro son por discriminación, según su declaración jurada. Quero llamó  “ratas” a las víctimas mortales de las protestas antigubernamentales de diciembre de 2022 e inicios de 2023 en un medio de comunicación. Por ello el presupuesto del Minedu asume los costos de la defensa de Quero mientras no hay dinero para escuelas donde los niños sufren el abandono.

Pero Quero tendría más denuncias, porque en su declaración escribió que detalló que son los “casos son los que ahora recuerdo”, según cita Perú21.

El ministro de Salud, César Vásquez, consignó en su declaración jurada que tiene cuatro investigaciones en curso; tres por omisión de actos funcionales y una por negociación incompatible.

El titular de Defensa, Walter Astudillo, enfrenta investigaciones por peculado, lesiones graves y por usurpación agravada.

El ministro de Vivienda, Francisco Whittembury tiene una carpeta por cohecho pasivo propio y otra por colusión agravada que data de cuando fue director de un programa de la cartera que hoy dirige. El Estado también le paga la defensa legal.

El premier Eduardo Arana también afronta una investigación por el caso “los Cuellos Blancos del Puerto”, según la Fiscalía por ofrecer una dádiva al exjuez Walter Ríos para que influya en un proceso en el que Arana estaba interesado.

Fanny Montellanos, titular del MIDIS, tiene una carpeta fiscal vigente por negociación incompatible; Carlos Malaver (Interior) por lesiones leves; y Daniel Maurate (Trabajo) por delito contra la fe pública.

El exprocurador anticorrupción Yván Montoya dijo a Perú21 que no se ha visto a tantos ministros investigados en un solo gabinete en anteriores gobiernos y consideró que su permanencia en estos puestos es un comportamiento falto de ética.

“Creo que aquí hay un mal mensaje de normalización sobre el comportamiento no ético y es un pésimo mensaje al resto de funcionarios del país y a la ciudadanía en general, de que la ética pública y la ética de las personas no interesa”, sostuvo.