El Poder Judicial (PJ) ha impuesto 8 años de prisión efectiva contra el exgerente de la Municipalidad de Lima, Gabriel Prado, por haber perpetrado el delito de peculado doloso durante la corrupta gestión de la exalcaldesa Susana Villarán al robarse fondos para víctimas de inendio.
Prado Ramos ocupó el cargo de como gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la pena corresponde al delito de peculado doloso agravado.
La información fue difundida por la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios (Primer Despacho) de Lima Centro, que ha precisado que logró ocho años de prisión efectiva para Gabriel Prado, exgerente de la MML durante el mandato de la exalcaldesa Susana Villarán por apropiarse de recursos públicos asignados a la atención de una emergencia en Lima, según dice en sus de redes sociales.
“Esto, por apropiarse de fondos destinados a víctimas de incendio ocurrido el 28 de enero de 2012 en el Centro de Rehabilitación Dios es Amor, en San Juan de Lurigancho”, escribe en X el Ministerio Público.
Explica que este siniestro ocurrido en el distrito de Lima Este dejó una veintena de personas fallecidas y lejos de brindar una pronta ayuda fue perpetrado un latrocinio con dichos recursos. Según las investigaciones realizadas por la fiscal adjunta provincial Rut Elizabeth Ucañay, el Prado recibió S/ 20 mil provenientes de la MML y la Fundación Lima, destinados a cubrir los gastos funerarios de las víctimas.
Los fondos fueron dados a través de dos cheques bancarios a nombre del entonces gerente Gabriel Prado para la compra de ataúdes, el transporte de los cuerpos y el apoyo logístico a los deudos para ayudarlos a mitigar la tragedia.
Adicionalmente a la pena de prisión, el PJ dispuso que dicho realice el pago de reparación civil de S/26 mil, que comprende S/20 mil por daño patrimonial y S/6 mil por daño extrapatrimonial a favor del Estado, que debió ser abonado este 18 de junio.
La tercera sanción del PJ es la inhabilitación por ocho años para el ejercicio de cualquier cargo público, debido a que la Fiscalía asegura que el imputado tenía plena responsabilidad sobre el manejo de los recursos públicos para víctimas de incendio en 2012 en SJL.
“No se trataba de un gasto cualquiera. Era dinero asignado para responder a una tragedia que dejó a muchas personas sumidas en el dolor”, enfatizó la fiscal Ucañay durante el juicio oral contra Gabriel Prado.
La Fiscalía señala que este fallo judicial aprobado por unanimidad evidencia la necesidad de sancionar con firmeza a quienes abusan del poder. Por ello, ratifican que continuarán persiguiendo y sancionando con rigor los actos de corrupción, especialmente los que desvían fondos destinados a la atención de emergencias y la asistencia a la población más vulnerable.
