César Acuña y su pestífero partido Alianza Para el Progreso (APP), siempre ávido de prebendas y componendas, no dejan de estar prestos a destruir lo positivo que pueda tener el Estado, y tras haber instalado un miembro de su partido en el Consejo de Ministros al ministro de Cultura, Fabricio Alfredo Valencia Gibaja, se han lanzado a mutilar cerca de la mitad del área protegida de las Pampas de Nasca, uno de los lugares arqueológicos más importantes del Perú.

Por supuesto, también es de APP el alcalde de Nasca, que respalda este despropósito. No sólo eso, APP es el partido con el mayor número de mineros ilegales afiliados y la reducción del área protegidad de estas pampas favorece a esta actividad.

Con la batuta de Valencia, el Ministerio de Cultura (Mincul) redujo la Reserva Arqueológica de Nasca de 5,600 a 3,200 km², hecho que ha desatado las críticas del Colegio de Arqueólogos por omisión de consulta y falta de sustento técnico.

Estas pampas y las de Palpa son zonas donde los estudios se realizan continuamente, desde hace más de dos décadas y de tanto en tanto se descubren nuevos geoglifos, por tanto, es de necesidad que toda el área sea preservada, pues la exploración tiene para muchos años y además toda la zona que contenga patrimonio cultural debe estar rodeada de un perímetro de protección para evitar daños. Nada de eso ha importado a Valencia, que desafía a todos los estudiosos e insiste en sus protervos fines.

Sin embargo, una reciente resolución del Ministerio de Cultura del Perú, la Resolución Viceministerial N.º 000128-2025-VMPCIC/MC ha encendido las alarmas  entre especialistas y organizaciones dedicadas a la preservación del patrimonio.

Dicho infame documento redujo el área oficial de la Reserva Arqueológica de 5,600 a 3,200 kilómetros cuadrados, eliminando más de un tercio del territorio previamente protegido.

Minería ilegal

Una de las actividades que amenaza a esta zona es la minería ilegal y el ministerio de Cultura lo sabe muy bien, sin embargo, pese a este peligro reduce la zona protegida de Cultura en 42%.

Con todo desparpajo, Valencia defiende su siniestra resolución y en una sesión descentralizada del Congreso en Ica, sostuvo que la decisión responde a “estudios técnicos” y que por ello están “sincerando la información”,  y que los nuevos límites se basan en datos acumulados durante más de veinte años. “Se determinó que son aproximadamente 3,200 km² los que corresponden a la reserva arqueológica”, explicó en Ica.

Ante esta aberración, el Colegio de Arqueólogos del Perú, que cuestionó la validez técnica de la resolución y la forma en que fue elaborada. El doctor Pieter Van Dalen, decano, explicó que la base de datos oficial del Ministerio de Cultura apenas registra entre el 5% y el 10% de los sitios arqueológicos reales en el país.

Subrayó que las declaraciones del ministro de Cultura son totalmente equivocadas y como prueba de ello indicó que muchas veces se descubren nuevos sitios que se encuentran enterrados o en lugares inaccesibles, en declaraciones a Exitosa.

Además, el Colegio de Arqueólogos denunció que el proceso no fue consultado ni compartido con entidades especializadas. “Nos enteramos cuando salió la resolución viceministerial. Antes no teníamos ni siquiera indicios de que podía pasar esto”, lamentó Van Dalen sobre la  unilateral decisión del Mimcul, “Lamentablemente, el ministro de Cultura, de manera dictatorial, hace caso omiso y no nos quiere dar estas reuniones de trabajo”, manifestó.

Recordó que, durante la gestión anterior se había concertado una serie de mesas técnicas para abordar problemas similares, pero estas fueron canceladas por la nueva gestión, y culpó a la arqueóloga Moira Novoa, actual viceministra de Patrimonio Cultural, como responsable directa de la resolución que redefinió el área protegida.

A pesar de la importancia de las líneas de Nasca y Palpa, no existe una unidad ejecutora específica para su protección. Van Dalen calificó como “sorprendente” esta ausencia. La responsabilidad recae directamente en el Mincul y en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica, que padecen carencias operativas y limitaciones presupuestarias. “Tienen poco personal, no tienen los recursos necesarios y están al abandono”, señaló.

También denunció que, en otros casos, los fondos destinados a la protección del patrimonio no se ejecutan. Por ejemplo la creación de una unidad ejecutora en Chancay en 2023, con un presupuesto de 10 millones de soles. Sin embargo, señaló que, debido a la inacción del ministro, dichos fondos podrían perderse. “¿Está cumpliendo su papel el Ministerio de Cultura? ¿O qué está sucediendo?”, se preguntó.

Investigaciones de expertos japoneses en años recientes identificaron nuevos geoglifos en el área de Nasca, pero no toma en cuenta estos hallazgos. “Vienen con su presupuesto, hacen los trabajos y luego se retiran. Pero el Ministerio no los incorpora en su política”, denunció. A pesar de contar con permisos, los proyectos enfrentan trabas normativas. “Con la nueva reglamentación del TUPA que ha aprobado el Ministerio de Cultura, es muy complicado realizar investigaciones”, explicó Van Dalen.

Cuestionó que muchos descubrimientos recientes no han sido difundidos ni integrados en la planificación cultural del Estado. La falta de reconocimiento institucional a estos avances refleja, en su opinión, un desinterés por actualizar el conocimiento arqueológico y proteger nuevas áreas.

El caso de Nasca es, para el Colegio de Arqueólogos, un ejemplo de una situación más amplia que afecta a múltiples sitios del país. Van Dalen mencionó problemas similares en Kuélap, donde la caída de un muro generó preocupación nacional, y en el Cusco, con el colapso del puente Guachaca, siempre la acción institucional ha sido tardía o ineficiente.

Pronunciamiento del Colegio de Arqueólogos

El Colegio de Arqueólogos difundió el Pronunciamiento N.° 0001-2025-COARPE/CESDI/C, donde señala que la medida “representa un grave atentado contra el patrimonio cultural de la nación y el patrimonio mundial” y advierte que la comisión, la reducción del área protegida no puede considerarse una acción de conservación, pues su impacto real es la apertura del sitio a intereses ajenos a su valor histórico. “Resulta inconcebible que una disminución de su área se presente como una medida de preservación, cuando su efecto directo es la vulneración de uno de los legados más emblemáticos de nuestra historia”, afirmaron.

En el documento alertan sobre la falta de transparencia del proceso y cuestionó los argumentos técnicos del Mincul. “Los criterios utilizados por la primera línea de mando para justificar esta modificación no cuentan con un respaldo técnico sólido ni con un proceso de evaluación riguroso”, aseguran.

Denuncian que el COARPE no fue consultado ni invitado a audiencias públicas: “El Colegio Profesional de Arqueólogos del Perú, Sede Departamental Ica, no fue consultado en este proceso, ni convocado a audiencias públicas descentralizadas de la Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural”.

Conflicto de intereses

Expresa también expresa preocupación por posibles conflictos de intereses: “Es preocupante que familiares de una autoridad de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Ica cuenten con petitorios mineros en la zona recientemente liberada”.

Custionaron las declaraciones del viceministro Fabricio Valencia, quien aseguró que la medida se basa en “estudios sesudos”, por lo que exigen acceso a los documentos técnicos que sustenten dicha decisión y precisan que “las investigaciones realizadas en Nasca durante más de 20 años se han desarrollado principalmente en la Pampa de Nasca, y no en la zona afectada por esta modificación”.

Intereses de la minería ilegal

“La reducción no solo elimina protecciones, sino que lo hace precisamente en zonas donde está creciendo la actividad extractiva”, señaló a AP Mariano Castro, exviceministro de Medio Ambiente de Perú, quien agregó que la decisión podría generar riesgos muy graves y daños acumulativos por exluir áreas con concesiones mineras activas o en trámite.

Con descaro, Valencia admitió en RPP que la minería informal ya opera dentro del área protegida, y dice que la reducción no es un incentivo para esta práctica. “Lamentablemente, el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no significa que se potencie ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente. Eso no va a pasar”, aduceó.

El ministro reconoció no contar con datos precisos. “Hay algunos yacimientos [mineros], no tengo la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí, eso lo tiene el Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros, puntualmente, nos abocamos a la protección del patrimonio cultural”, alega. Si eso es protección, ¿qué será desprotección para él?

Durante una audiencia pública del Congreso en marzo en Nasca, José Antonio Sulla, funcionario de la Dirección Regional de Energía y Minas de Ica, reconoció que muchos mineros operan dentro del área protegida.

“Sé que en esa poligonal hay zonas nucleares, donde no se puede trabajar por nada del mundo. Eso sí, nosotros como mineros y como autoridades respetamos, esos lugares tienen que ser intangibles. Pero hay zonas liberadas, zonas donde no hay vestigios, donde el minero pueda trabajar tranquilamente”, sostuvo.

Lo mismo dijo Max Benavides, entonces presidente de la Cámara de Comercio de Nasca. “El Estado creó una poligonal arqueológica sin sustento técnico legal ni consulta previa de los pueblos y nos encerró en 5.600 kilómetros cuadrados. Desde el año 93 en que fue creada esta poligonal, el Mincul no ha saneado un solo sitio arqueológico. Entonces, el Mincul no sabe qué es arqueológico y qué no es arqueológico”, sostuvo.

El Poder Judicial (PJ) autorizó el levantamiento del secreto de las comunicaciones del teléfono celular  entregado por el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, identificado como “Capitán culebra”, como parte de  la investigación fiscal contra el exministro del Interior Juan José Santiváñez Antúnez, presunto autor del delito de abuso de autoridad en agravio del Estado.

A cargo del caso se encuentra el juez supremo Juan Checkley Soria del Juzgado Supremo de investigación Preparatoria, quien autorizó la medida.

La resolución declara fundado el requerimiento de la Fiscalía de la Nación de levantamiento del secreto de las comunicaciones–autorización judicial de control de comunicaciones en documentos privados, modalidad autorización de identificación de originalidad, acceso, lectura, visualización, extracción de información, transcripción e impresión de contenido relevante del dispositivo entregado el 29/08/2024.

El teléfono había sido entregado de manera voluntaria por el oficial, quien estaría colaborando con las autoridades,

El levantamiento del secreto permitirá a los investigadores acceder a mensajes, llamadas y otros registros de comunicación que podrían ser clave para esclarecer posibles actos irregulares durante la gestión de Santiváñez en el Ministerio del Interior.

La Fiscalía a Santiváñez, por presuntos actos de abuso de autoridad y tráfico de influencias. En la investigación está involucrado el capitán Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como “’Culebra”, quien trabajaba en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac).

Izquierdo entregó grabaciones donde se escucha a Santiváñez admitiendo que la presidentaeDina Boluarte le pidió desactivar la Diviac para asumir el cargo de ministro. Además, en las grabaciones, Santiváñez habría solicitado controlar al periodista Marco Sifuentes, director del portal La Encerrona.

El PJ evalúa la autorización para realizar peritaje a los audios entregados por “Culebra”, en los que  e escucha a Santiváñez conversando con Izquierdo sobre personas vinculadas a Boluarte y al líder político Vladimir Cerrón.

Uno de los audios menciona el uso de un vehículo oficial, conocido como “cofre”, para facilitar la huida de Vladimir Cerrón, evitando su captura por parte de la Policía Nacional. La defensa de “Culebra” ha solicitado formalmente que se realice un peritaje técnico para confirmar la autenticidad de las grabaciones, mientras que Santiváñez continúa negando que su voz sea la que aparece en los audios y denuncia supuestas manipulaciones.

Otras diligencias realizadas por el caso son el allanamiento de a vivienda del exministro del Interior, Juan José Santiváñez, ubicada en La Molina.

Como se recuerda por parte de Santiváñez no existe la misma disposicióna colaborar con la justicia, pues se burló de la Fiscalía al entregar su teléfono celular reseteado.