stión en la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), quien gozaba incluso de una piscina en dicho tipo de arresto, podría llegar a su fin debido al pedido del fiscal provincial José Domingo Pérez, quien solicitó el adelanto del juicio oral, cuyo inicio había sido programado por el Poder Judicial (PJ) para el próximo 23 de septiembre.

El fiscal Pérez Gómez señaló que su solicitud se ha realizado dentro del plazo procesal establecido y que está de conformidad con un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que exhorta tanto a las autoridades del Poder Judicial y del Ministerio Público para que se pueda llevar, de una manera debida y célere, este proceso penal que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), “para que dicho juzgado pueda ampliar su resolución, ya sea adicionando o aclarando el por qué no se ha tomado en cuenta una reciente sentencia del Tribunal Constitucional, la 84/2024”, señaló a RPP.

Indicó que la sentencia del TC por este caso, se presume que tiene que ser de conocimiento de los jueces de juzgamiento. Agregó que al recibir la citación en la cual los convocan para el enjuiciamiento para el mes de setiembre de este año, y dentro del plazo de los 3 días que establece el ordenamiento procesal penal, se solicita a dicho juzgado tomar en consideración esta exhortación del TC para que se pueda adelantar la fecha de juzgamiento. “Es decir, nosotros hemos actuado dentro del marco de la ley”, subrayó.

Según José Domingo Pérez, el inicio del juicio seríaa en el mes de julio, de modo que, hasta septiembre, se pueda agotar la etapa de notificaciones a las partes. El Equipo Especial de la Fiscalía ha solicitado a los jueces adelantar la fecha del juzgamiento de septiembre a un mes como julio, por ejemplo,  donde, ene junio y lo que queda de este mes se puedan agotar los actos de notificación, explicó.

Indicó que las pruebas ya han sido ofrecidas y admitidas, por lo que está pendiente es que se actúe en el enjuiciamiento. Si PJ accede al pedido que ha hecho la Fiscalía y toma en consideración esta exhortación que hizo el TC sobre este caso, perfectamente en lo que transcurre de este mes y el mes siguiente, se puede agotar cualquier solicitud que tenga la defensa y con lo cual se garantiza que el juzgamiento se pueda iniciar en el mes de julio», refirió.

La más reciente encuesta de CPI señala que el expresidente Martín Vizcarra, líder de Perú Primero, encabeza las preferencias electorales presidenciales previstas para el 12 de abril de 2026, con un 15.1%, pero el voto en blanco o viciado lo supera con un 20%.

El sondeo, presentado por RPP, indica que el segundo lugar de Vizcarra es seguido en tercer lugar por un 14.2% que no sabe o no responde por quién votará.

En cuarto lugar figulra  Keiko Fujimori (Fuerza Popular) alias “señora K”, con 10.3 %; el alcalde de Lima y líder de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, con 8.4 %; y el humorista Carlos Álvarez (País para Todos), con 6.9 %.

La encuesta fue ralizada a nivel nacional en zonas urbanas y rurales. Siguen en preferencia el economista Hernando de Soto (Progresemos) tiene un 5.2 % de respaldo, seguido de Alfonso López Chau (Ahora Nación), con 3.3 %; Verónika Mendoza (Nuevo Perú), con 3.0 %; el líder etnocacerista Antauro Humala, con 2.3 %; el gobernador de La Libertad, César Acuña, con 1.8 %; el conductor televisivo Phillip Butters, con 1.6 %; y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza) y el excongresista aprista Jorge Del Castillo, ambos con 0.8 %.

Otros menos favorecidos son los congresistas Susel Paredes (Primero la Gente) y Roberto Chiabra (Unidad y Paz); el presidente de Acción Popular, Julio Chávez y Ezequiel Ataucusi (Frepap) obtuvieron un porcentaje menor de preferencia electoral, con tendencias de entre 0.5 % a 0.6 %.

De los entrevistados, el 4.3 % respondió que votaría por otros candidatos.

Ficha técnica

    Universo investigado: población urbana y rural del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años que residen en la zonas geográficas en las que se ha subdividido en el país.

    Ámbito y cobertura geográfica de la estadística: 18 departamentos del Perú. 39 provincias en los 18 departamentos investigados, incluidas Lima y Callao. 115 distritos (40 distritos de Lima Metropolitana y 75 distritos en el interior del país).

    Técnica de la encuesta: Encuesta presencial en los hogares muestreados

    Nivel de confianza: 95.5 %

    Nivel de representatividad de la población total investigada: 94.1 %

    Fecha de campo: 15 al 23 de mayo de 2025

La cuestionada protección de la presidente Dina Boluarte al incapaz exministro del Interior Juan José Santiváñez continuaría a tal punto que este sujeto, después de haber sido echado del cargo de ministro del Sector por el Congreso, seguiría al mando del ministerio del Interior (Mininter) desde su despacho en Palacio.

Como un émulo de Vladimiro Montesinos, Santiváñez recibe continuas visitas relacionadas con el Mininter. De 88 visitas, corresponden a funcionarios vinculados al Mininter, informó el programa Cuarto poder.

Santiváñez, tras salir del cargo de ministro del Interior, se instaló como jefe de la Oficina de Monitoreo Intergubernamental del despacho de Dina Boluarte, cargo por el que gana 17.568 soles. Sus función es “gestionar y organizar la información sectorial del Poder Ejecutivo, así como de los demás poderes del Estado, y entidades públicas para facilitar la coordinación y articulación del desarrollo de la agenda presidencial”.

Interrogado por las visitas, Santiváñez adujo que es regular que reciba visitas de otros ministerios. «(Hemos visto que muchas de las visitas están relacionadas al sector Interior, ¿por qué?) Al sector Interior, Defensa, Agricultura, Salud a todos los sectores», dijo.

El registro de visitas indica que el 23 de mayo recibió la visita del actual titular del Mininter, Carlos Malaver Odias y su secretario general, Erick Caso. Ambos ingresaron a las 3.50 p.m. y se retiraron a las 5.15 p.m. Estuvo presente Jhonny Veliz Noriega, inspector general de la Policía; Víctor Zanabria, comandante general de la PNP y el general Óscar Arriola.

 Sospechosa relación con proveedora del Estado

Santiváñez fue captado llegando a Palacio de Gobierno, los primeros días de mayo, antes de la juramentación, en un vehículo Jeep rojo.La Unidad de Investigación de Canal N, asegura que el auto pertenece a Sharon Patricia De la Cruz Mori, quien es proveedora del Estado desde el año 2016.

De la Cruz registra 25 órdenes de servicio con la Policía Nacional del Perú (PNP) y el Ministerio de Salud entre el 2016 y 2024 por un monto total de más de 500.000 soles. Asimismo, Delicatezze E.I.R.L., empresa de la que aparece como titular gerente, facturó en el 2024 y en lo que va de este año más de medio millón de soles con el Estado.

Santiváñez al ser consultado por Canal N por el uso de este vehículo y dijo no conocer de quien era la propiedad. “Desconocía de quien era, el vehículo me lo prestó mi abogado, ya que hace unos días tuve un siniestro con mi vehículo”, dijo.

La relación con la proveedora podría ser un indicador de la injerencia de Santiváñez en los procesos de adquisiciones del Mininter.

Declaraciones pasadas de Santiváñez, al señalar que los procesos de adquisiciones del Mininter “se cayeron” tres veces, cuando era ministro del Interior, justificaron tal incapacidad, por ejemplo en  para la adquisición de chalecos antibalas, se perdió en tres oportunidades debido a la impugnación de quienes no resultaban ganadores en la licitación, la compra “se cayó tres veces”, dijo y agregó: “La Policía no puede esperar más. Nosotros no podemos esperar que se haga un cuarto, quinto o sexto proceso, porque nosotros lo necesitamos hoy”, indicó, pero no anunció el cambio de la burocracia a cargo de esos procesos.

Sospecha de corrupción

Tras lo dicho por Santiváñez, diversos medios justificaron al ministro por la declaración de desabastecimiento. Parecen no saber que si un proceso de compra o licitación está bien hecho no tiene por qué “caerse” ni perderse aunque los postores perdedores impugnen.

Si un postor perdedor impugna, el proceso se revisa, pero si la adquisición fue ejecutada de forma sólida, siguiendo todas las normas de ley, por más que haya impugnación la compra se realiza. Si esto no fuese así, ninguna entidad del estado podría licitar o adquirir bienes o servicios porque la impugnación es un acto muy común.

Por tanto, en lugar de quejarse de que las adquisiciones “se caen” tres veces, lo que tiene que hacer un ministro es renovar el personal encargado de los concursos públicos para compra de bienes o servicios. En lugar de eso, opta por una simple declaración de desabastecimiento

Claro está, la burocracia que dejó que “se caigan” procesos tres veces, estará feliz sobándose las manos por una declaración de desabastecimiento porque en lugar de convocar a un concurso, la ley permite realizar la adquisición por invitación a un proveedor.

No se puede descartar entonces de una maniobra de la burocracia para buscar una declaración de desabastecimiento o de emergencia, moda que nació con el corrupto gobierno aprista de Alan García en 1985, abundaron las declaraciones de emergencia y el saqueo al Estado.

Además, cada cierto tiempo sale un escándalo de corrupción en las adquisiciones para la Policía Nacional, pero nunca leemos sobre una desratización de la burocracia responsable, ya sea por participación o por omisión de denuncia de los actos viles que se perpetran ante sus ojos. En tanto, la delincuencia sigue azotando al país.