Un sismo de magnitud 5 se registró en Oyón, en el noreste del departamento de Lima, sin que se reporte daños.

El temblor, ocurrido a las 16:18:52, tuvo epicentro en el continente, 43 km al sur del distrito y provincia de Oyón, departamento de Lima, con hipocentro a 132 km de profundidad, reporta el Instituto Geofísico del Perú.

En Oyón se sintió con intensidad de nivel III-IV en la escala modificada de Mercalli.

Detalle de la gorra dejada por los sujetos, donde se lee «Antitren»

Seis hampones venezolanos del centro juvenil  “Maranguita” fugaron esta madrugada, hecho que deja en ridículo a la operación en 68 penales de la cual se jactó el ministro de Justicia Eduardo Arana. Esto, tras el escape de otro venezolano de Lurigancho hace unos días.

Los venezolanos que fugaron, además de ser avezados, como demuestra su huída, serían de alta peligrosidad, pues en una gorra que dejaron caer tras fugar se puede leer que pertenecrían a la organización criminal “antitren”, presuntamente rival del Tren de Aragua.

Los vecinos de San Miguel exigen una vez más la reubicación de dicho centro, y el alcalde del distrito realizó el mismo pedido a la presidente Dina Boluarte.

“La Municipalidad de San Miguel exige a la presidenta de la República y al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, la reubicación inmediata del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima (Maranguita). Es inaplazable la reubicación del Centro. Si bien entendemos que esta trascendental decisión recae en el Ministerio de Justicia, reiteramos con firmeza nuestro total respaldo para alcanzar este objetivo”, indicó la municipalidad de San Miguel en un comunicado dirigido a Boluarte.

Debido a esta fuga, el Ministerio de Justicia anunció la reorganización del Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ y aseguró que se realizan investigaciones internas y medidas disciplinarias para determinar presuntas negligencias.

En tanto, la Fiscalía y la Policía han dispuesto la detención preliminar de trabajadores presuntamente involucrados en la fuga de los seis venezolanos. Según hipótesis primarias, se ha intervenido a cuatro agentes de seguridad y cinco educadores por presunta complicidad. De lo que se sabe sobre la fuga de los internos del centro conocido como #Maranguita” es que usaron una soga improvisada, hecha con telas y ropa para trepar el muro perimetral del local. En el alambre de púas se encontraron rastros de sangre. La Policía asegura estar realizando la búsqueda de los fugados.

Tanto estos seis hampones juveniles como el reo venezolano que fugó de Lurigancho se encuentran hasta el momento en calidad  de prófugos.

Hasta el momento, John Kennedy Javier Sebastián, el reo que escapó del Penal de Lurigancho, sigue prófugo. La Policía Nacional continúa con la búsqueda, y el Ministerio de Justicia ha exigido intensificar los operativos para su recaptura. Además, se han encontrado documentos con números telefónicos y anotaciones que podrían indicar que la fuga fue premeditada.

Como parte de la lucha frontal contra la inseguridad ciudadana, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el reglamento del Decreto Legislativo N.° 1688, con el objetivo de frenar las comunicaciones ilegales desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación.

El reglamento establece un conjunto de obligaciones técnicas y sanciones administrativas para las empresas operadoras de servicios públicos de telecomunicaciones, con el fin de prevenir y controlar el uso indebido de estos servicios por parte de personas privadas de libertad.

El Decreto Supremo N° 008-2025-MTC, publicado hoy en el Diario Oficial El Peruano, dispone que las operadoras deberán restringir la emisión de señales radioeléctricas en las zonas donde se ubican los centros de reclusión, sin afectar el acceso a los servicios de telecomunicaciones de la ciudadanía que reside en zonas aledañas.

Para ello, se priorizará la coordinación entre las operadoras y las entidades que gestionan los sistemas de restricción de señales, a fin de definir los parámetros técnicos que ambas partes deben cumplir. En caso de desacuerdo, se aplicarán los criterios establecidos en el Protocolo Técnico correspondiente.

Asimismo, las operadoras deberán implementar mecanismos de monitoreo permanente de sus redes, así como el uso de herramientas de geolocalización o crowdsourcing, que permitan identificar accesos o intentos de conexión desde el interior de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles.

El reglamento también contempla medidas como el corte del servicio público de telecomunicaciones y/o el bloqueo de los equipos terminales móviles o inalámbricos fijos utilizados de forma indebida. Los criterios técnicos para aplicar estas medidas serán definidos por el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL).

La supervisión del cumplimiento del reglamento y la aplicación de las sanciones correspondientes a las operadoras estará a cargo del MTC y de OSIPTEL. Además, se han tipificado nuevas infracciones específicas para el inicio de procedimientos sancionadores.

Con esta normativa, el Gobierno busca reducir delitos graves como la extorsión, el sicariato, el secuestro y el fraude, muchos de los cuales son organizados desde centros de reclusión mediante el uso ilegal de redes móviles.

El reglamento es resultado de un proceso participativo y articulado, liderado por el MTC a través de una Mesa Técnica conformada por actores del sector público y privado. Este espacio no solo permitió reglamentar el marco legal vigente, sino también fortalecer la cooperación interinstitucional para garantizar mayor seguridad a la ciudadanía.

El texto final incorpora los aportes presentados por diversas entidades públicas, empresas operadoras de telecomunicaciones y ciudadanos durante el proceso de consulta pública. Puedes acceder al documento completo en: https://www.gob.pe/institucion/mtc/normas-legales/6728892-008-2025-mtc.