Debido a la masacre de 13 trabajadores s en el distrito de Pataz, provincia del mismo nombre en la región La Libertad, la presidente Dina Boluarte anunció medidas excepcionales para restablecer el orden y enfrentar con absoluta firmeza a los responsables de estos crímenes en el norte del país.

Informó que en un plazo máximo de 48 horas, se dispondrá el toque de queda en la zona, en el horario de 18:00 a 6:00 horas, y las Fuerzas Armadas asumirán el control territorial, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población. Asimismo, se instalará una base militar que asegure la presencia operativa permanente del Estado en la provincia.

Para combatir la criminalidad, el Poder Ejecutivo solicitará al Congreso de la República la delegación de facultades legislativas para implementar medidas urgentes en la lucha contra el terrorismo urbano, a fin de reforzar el marco legal y enfrentar con mayor eficacia estos actos criminales que hoy enlutan al país.

Del mismo modo, se dispone la paralización de toda operación minera por 30 días en el referido distrito, con el fin de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. La medida incluye la suspensión de las actividades que se realizan en el marco del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

Minutos antes, la Mandataria expresó su profundo pesar a las familias de las víctimas y reafirmó su firme compromiso de no ceder ante el crimen ni la violencia.

En la reunión liderada por la máxima autoridad del Poder Ejecutivo participaron el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén; el ministro de Justicia, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Julio Díaz; el gobernador regional de La Libertad, César Acuña; el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general David Tejada; y el director general de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Zanabria.

De otro lado, durante la reunión se precisó que el Ejecutivo actuó desde el primer momento en que se conocieron los hechos; sin embargo, la empresa informó inicialmente que no se había producido el secuestro de trabajadores. ‘Cuando el Estado otorga una concesión minera, la responsabilidad sobre lo que ocurra en esa jurisdicción recae en la empresa, al tratarse de propiedad privada’, se explicó.

El  presidente del Consejo de Ministros , Gustavo Adrianzén, informó que la Policía Nacional del Perú capturó a un sujeto, el 2 de mayo último, en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho, quien presuntamente habría participado en el asesinato de 13 trabajadores.

El jefe del gabinete ministerial subrayó que el Gobierno nacional actuó con responsabilidad desde que se supo del secuestro, lo que conllevó a la búsqueda de los desaparecidos y a la captura del presunto implicado, clave para seguir la investigación en este caso.

“Se le encontró una pistola Glock perteneciente a uno de los compatriotas asesinados. Se está siguiendo esta pista y presumimos que nos dará información más precisa de lo ocurrido”, añadió el jefe del Gabinete Ministerial.

Además de reiterar sus condolencias a las familias de los 13 trabajadores asesinados, Adrianzén reafirmó que, tras conocerse las noticias preliminares sobre el secuestro de las víctimas, se dispuso la intervención de las fuerzas del orden, así como operaciones tácticas focalizadas.

“En ningún momento hemos descuidado nuestro deber de cumplimiento de las funciones que nos asisten. Nuestra Policía Nacional ha actuado de manera inmediata en la zona”, indicó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

“Desde que tuvimos noticia, y no era corroborada, se dispusieron acciones y operaciones tácticas en los lugares donde se hizo la denuncia. El Ejército y la PNP coordinaron, desde el primer momento, con comisarías locales y realizaron patrullaje. Hubo siempre disposición de las autoridades para la búsqueda de los desaparecidos”, subrayó.

El ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta aseguró que el asesinato de las 13 personas en la provincia en Pataz no quedará impune, tras expresar su más profundo pesar por este hecho y remarcar que la Policía Nacional viene desplegando operativos de inteligencia para ubicar y capturar a los responsables.

Aseveró que la Policía Nacional se encuentra preparada para resolver los problemas del país y que la unidad de los peruanos y las instituciones ayudará a que se solucionen más rápidamente, como en la etapa del terrorismo.

“Estamos trabajando como siempre lo hemos hecho. La Policía siempre ha resuelto los problemas, pero lo hemos resuelto más rápidamente cuando las instituciones, el peruano, se involucran, así derrotamos al terrorismo”, sostuvo.

Asimismo, el comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) general Víctor Zanabria Angulo, anunció que más de 1,000 efectivos se desplazarán a la provincia de Pataz, en la sierra de La Libertad, en apoyo a los agentes del orden y los efectivos militares que se encuentran en la zona, para hacer cumplir el toque de queda y otras medidas dispuestas por el Gobierno para combatir la minería ilegal y la criminalidad.

Zanabria Angulo confirmó que en Pataz se encuentran dos equipos de élite especializados de la Policía Nacional con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables de estos execrables crímenes.

Los equipos pertenecen al Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como a las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones y de Investigación de Homicidios de la Dirincri-PNP.

Sobre el secuestro y posterior asesinato de los 13 trabajadores, el comandante general de la PNP indicó que el lunes 28 de abril se tuvo conocimiento por medios informales y redes sociales sobre el secuestro de 13 trabajadores y que la primera información que brindó la minera Poderosa fue descartar esta situación y que tampoco se había pedido rescate.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que se puso a disposición de los familiares de los 13 mineros asesinados en Pataz un equipo multidisciplinario de la Defensa Pública para que puedan alcanzar justicia.

El equipo consta de la defensa de víctimas, peritos criminalísticos y defensa legal . “Dos familias han aceptado el apoyo, para que los ayuden en los trámites. Se les da la información y guía correspondiente”, refirió.

Arana, quien participó en la conferencia de prensa, en Palacio de Gobierno, expresó su condolencias a los familiares de las víctimas. El ministro Arana, asimismo, exhortó a la Comisión de Justicia del Congreso a poner el debate la aprobación de la propuesta de terrorismo urbano planteado por el Ejecutivo y se sumó al pedido de delegación de facultades en materia de lucha contra la criminalidad que presentarán al Congreso.

Los 13 trabajadores mineros de la empresa R&R tenían ocho días de fallecidos, reveló la necropsia a los cuerpos que se encuentran en la Unidad Médico Legal II La Libertad.

Lo informó ayer el presidente de la Junta de Fiscales Superiores de La Libertad, Luis Gustavo Guillermo Bringas, quien dijo que con ello se descarta que los trabajadores hayan permanecido secuestrados y que se solicitó una recompensa de 4 millones de dólares como en su momento se difundió entre los familiares y algunos medios de comunicación.

“Quizás fue una información que se quiso dar para ganar tiempo de parte de los criminales u otro motivo; eso está en investigación”, señaló. Tras expresar su pesar a los deudos, el magistrado aseguró que el Ministerio Público hará todos los esfuerzos posibles para hacer justicia.

La presidenta Dina Boluarte Zegarra declaró el toque de queda en la provincia de Pataz, región La Libertad, desde las 18:00 horas hasta las 6:00 horas, como parte de las medidas para enfrentar la criminalidad en esta zona.

Anunció además que las Fuerza Armadas tomarán el control total en la zona donde se ubica la concesión de la minera Poderosa y se instalará una base militar en el distrito de Pataz.

Facultades legislativas

La mandataria anunció, asimismo, que se solicitará al Congreso facultades extraordinarias para legislar en materia de terrorismo urbano, a fin de actuar contra los criminales que siembran el terror, como ocurrió en el pasado con el terrorismo.

“Pregunto a la población, ¿a quienes han asesinado en forma cruel y brutal cómo los llamamos? ¿A los que extorsionan y matan a conductores, pasajeros, empresarios cómo les llamamos? ¿ A los que llaman desde los penales, a los sicarios que salen en banda para extorsionar, a los que van en una moto y disparan por un celular cómo los llamamos?”, preguntó la mandataria.

Indicó que el Ejecutivo presentó al Congreso una propuesta para calificar de terrorismo urbano estos hechos y dar un marco legal para actuar frente a esta problemática, pero no ha tenido acogida.

“Esta semana se presentará al Congreso pedido de facultades para legislar en terrorismo urbano, la vida de los hermanos no puede pender de estos delincuentes criminales, debemos revestir del marco legal que corresponda para que las autoridades militares o de la policía puedan actuar”, aseveró.

Se suspenden actividades mineras

Del mismo modo, la mandataria anunció que se suspenderá toda actividad minera en Pataz por 30 días, prorrogables, a fin de facilitar la instalación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.

En ese plazo, dijo, se procederá con la exclusión de todos los registros que figuran en Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) en condición de suspendidos. “Mano dura para los delincuentes criminales”, aseguró.

En ese marco, la presidenta llamó a las empresas mineras que tienen concesiones en Pataz a no subcontratar sus concesiones, porque ello dificulta el control de quienes realizan actividades mineras en la zona.

“Debemos trabajar juntos para erradicar la brutal acción de esta lacra social”, aseveró.

Condolencias a víctimas

La mandataria hizo estos anuncios en conferencia de prensa. Inició su intervención expresando sus condolencias a los familiares de los mineros fallecidos en Pataz.

“El fallecimiento es doloroso, se siente en alma. Desde el Ejecutivo, a las familias que quedan en duelo y dolor, les brindaremos las facilidades para acompañarlos psicológicamente y a través de los programas sociales que tenemos”, refirió.

Dijo además que el Ejecutivo tomó acciones desde el momento en que se rumoreaba el secuestro de los 13 mineros, incluso antes de conocerse formalmente la denuncia de su desaparición.

“Estos actos de crimen organizado, de terror, de extrema brutalidad, no lo vamos a permitir”, refirió la mandataria quien cuestionó que el delincuente conocido como “Cuchillo”, presunto autor de este crimen, fuera liberado el 2023 por la fiscalía, luego de haber sido detenido por la policía.

Andina

Ante la masacre de 13 trabajadores en Pataz, la empresa minera Poderosa alertó que la Policía Nacional (PNP) no ha bloqueado las bocaminas ilegales que sirven de guarida para los criminales que atacan al personal, a pesar de que la ubicación de estos puntos está plenamene identificada y georeferenciada.

“La Policía sigue sin interdictar las bocaminas ilegales donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales, cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, alerta Poderosa en un comunicado.

Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el ministro del Interior Julio Díaz Zulueta dijo que la PNP ha interdictado 20 bocaminas ilegales e intensificado su presencia en la zona. También aseguró que unos 180 efectivos, incluyendo 50 agentes del Grupo Grecco, realizan operaciones de inteligencia y control territorial. Precisó que se dinamizaron socavones y se destruyeron áreas invadidas por mineros ilegales.

Desde 2020 ya son 39 asesinatos

La minera La Poderosa, que opera en la región desde 1980, señala que desde 2020, bandas criminales han tomado control de sus concesiones perpetrando crímenes, que con los 13 asesinatos recientes suman al menos 39 víctimas mortales, que son trabajadores, además de causar daños al atacar instalaciones, incluido el derribo de torres de alta tensión .

Habrían tomado otras instalaciones

La empresa minera advirtió que en Alacoto los delincuentes habrían tomado instalaciones de una planta, esto, a pesar del  estado emergencia y a la presencia de un importante contingente policial.

Poderosa demanda que el gobierno replantee su estrategia para enfrentar la criminalidar y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz, para lo cual es necesario fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, según indica en el comunicado.

 Culpa al ministerio de Energía y Minas y al Congreso

Pese a las proclamas del ministro del Interior y las declaraciones del ministerio de Energía y Minas y del Congreso, que aducen realizar esfuerzos, la empresa minera culpa a estas dos instituciones por el derramamiento de sangre.

Precisa que “Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue  sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.”.

Cómo no, este Congreso,  acostumbrado a promulgar leyes en favor de los delincuentes, tiene culpa con sus normas sobre el REINFO, para favorecer a la minería ilegal.

“Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales / ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, advierte Poderosa en el documento.

Como se sabe, diversos escándalos indican que partidos políticos con representación en el Congreso promueven leyes en favor de ciertas empresas o actividades en pago a los aportes que realizaron para sus campañas electorales, como son los casos de Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como «señora K».

Finalmente, la empresa indica que lo acontecido en Pataz “da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”.