La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) condenó enérgicamente la masacre de 13 trabajadores mineros perpetrada en la provincia de Pataz, región La Libertad, cuyos autores serían mineros ilegales asociados a organizaciones criminales.
La SNMPE expresó su solidaridad con los familiares de las víctimas y demandó que las autoridades identifiquen a los responsables para que sean sancionados con el máximo rigor de la ley.
“Este cruel asesinato no debe quedar impune. La defensa de la vida debe ser la prioridad de todos los peruanos”, señaló la SNMPE y manifestó que el ataque es una muestra de cómo las economías ilegales están tomando control de territorios mediante el uso de la violencia, afectando tanto a la propiedad pública como privada.
En un comunicado, la SNMPEL subraya ó que este tipo de crímenes evidencian cómo la minería ilegal busca amedrentar a la sociedad y ocupar concesiones mineras formales mediante el uso de la fuerza y la impunidad.
En esta grave situación, lamentó que el Gobierno aún no haya aprobado un plan específico contra la minería ilegal ni asignado presupuesto para su ejecución.
Como medidas para luchar contra la creciente violencia vinculada a la minería ilegal, la SNMPE demanda adoptar medidas más efectivas que la simple declaración de Estados de Emergencia.
Por lo anterior, propone que la Policía Nacional realice operaciones de inteligencia que permitan desarticular a las organizaciones criminales dedicadas a esta actividad ilícita.
Insiste en que el combate contra la minería ilegal debe estar liderado por el Ejecutivo, con un marco legal claro, políticas públicas decididas y con instituciones sólidas y bien financiadas que garanticen la fiscalización y trazabilidad de la cadena minera.
Exhortó al Congreso de la República a no seguir ampliando el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), el cual, según la SNMPE, ha servido como un mecanismo que encubre actividades ilegales bajo la apariencia de formalización.
El gremio demanda articular esfuerzos concretos desde el Estado, con un enfoque integral que permita restablecer el orden, garantizar la seguridad en las zonas mineras y proteger la vida de los ciudadanos que trabajan formalmente por el desarrollo del país.
