Ante la masacre de 13 trabajadores en Pataz, la empresa minera Poderosa alertó que la Policía Nacional (PNP) no ha bloqueado las bocaminas ilegales que sirven de guarida para los criminales que atacan al personal, a pesar de que la ubicación de estos puntos está plenamene identificada y georeferenciada.
“La Policía sigue sin interdictar las bocaminas ilegales donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales, cuya ubicación está plenamente identificada y georeferenciada”, alerta Poderosa en un comunicado.
Sin embargo, en declaraciones a la prensa, el ministro del Interior Julio Díaz Zulueta dijo que la PNP ha interdictado 20 bocaminas ilegales e intensificado su presencia en la zona. También aseguró que unos 180 efectivos, incluyendo 50 agentes del Grupo Grecco, realizan operaciones de inteligencia y control territorial. Precisó que se dinamizaron socavones y se destruyeron áreas invadidas por mineros ilegales.
Desde 2020 ya son 39 asesinatos
La minera La Poderosa, que opera en la región desde 1980, señala que desde 2020, bandas criminales han tomado control de sus concesiones perpetrando crímenes, que con los 13 asesinatos recientes suman al menos 39 víctimas mortales, que son trabajadores, además de causar daños al atacar instalaciones, incluido el derribo de torres de alta tensión .
Habrían tomado otras instalaciones
La empresa minera advirtió que en Alacoto los delincuentes habrían tomado instalaciones de una planta, esto, a pesar del estado emergencia y a la presencia de un importante contingente policial.
Poderosa demanda que el gobierno replantee su estrategia para enfrentar la criminalidar y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz, para lo cual es necesario fortalecer el trabajo de inteligencia y trabajar con el Ministerio Público y el Poder Judicial, según indica en el comunicado.
Culpa al ministerio de Energía y Minas y al Congreso
Pese a las proclamas del ministro del Interior y las declaraciones del ministerio de Energía y Minas y del Congreso, que aducen realizar esfuerzos, la empresa minera culpa a estas dos instituciones por el derramamiento de sangre.
Precisa que “Mayor responsabilidad le corresponde a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas que, a pesar de los requerimientos planteados, sigue sin atender los pedidos de exclusión presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.”.
Cómo no, este Congreso, acostumbrado a promulgar leyes en favor de los delincuentes, tiene culpa con sus normas sobre el REINFO, para favorecer a la minería ilegal.
“Lo mismo por parte del Congreso, cuyas reiteradas ampliaciones del REINFO han servido de manto protector para que los mineros informales / ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser un total fracaso”, advierte Poderosa en el documento.
Como se sabe, diversos escándalos indican que partidos políticos con representación en el Congreso promueven leyes en favor de ciertas empresas o actividades en pago a los aportes que realizaron para sus campañas electorales, como son los casos de Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como «señora K».
Finalmente, la empresa indica que lo acontecido en Pataz “da cuenta del ineluctable avance de la minería ilegal, ya convertida en la principal economía ilícita del país, y su terrible rastro de violencia, contaminación y muerte. Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes de que sea demasiado tarde”.
