La Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público declaró fundada en parte la apelación de José Domingo Pérez y anuló su suspensión preventiva en el cargo de fiscal provincial del Primer Despacho del Equipo Especial de Fiscales para los casos Odebrecht y Lava Jato.
La sanción le había sido impuesta por seis meses desde el 7 de abril, por una afectación a su idoneidad para permanecer en el cargo, aduciendo que actuó en un proceso “a sabiendas que se encontraba impedido de hacerlo”.
La resolución permitirá a José Domingo Pérez reincorporarse desde mañana martes a sus labores en la Fiscalía y continuar a cargo de las investigaciones que se le siguen a la exalcaldesa Susana Villarán y a Keiko Fujimori, conocida en el hampa judicial como “señora K”.
La ANC exhorta a la fiscal responsable de la Unidad de Procedimiento Disciplinario de la Autoridad Desconcentrada de Control de Lima Centro que actue con mayor rigor en el análisis de los recursos que reciba.
La resolución de la ANC que había apartado a José Domingo Pérez del Ministerio Público señala que éste habría actuado en un proceso contra el abogado Arsenio Oré Guardia, a pesar de saber que estaba legalmente impedido de hacerlo.
La defensa de Oré Guardia había alegado que Pérez Gómez no podía investigar al abogado de una probable obstrucción a la justicia en el caso ‘Cócteles’ porque argumentaban que de hacerlo, el mismo fiscal se convertía en parte interesada en el resultado de la investigación al ser el agraviado del supuesto delito. Sin embargo, este continuó con sus diligencias con la facultad que le dio el fiscal superior Rafael Vela.
Arsenio Oré acudió hasta el Tribunal Constitucional (TC) para presentar una demanda de amparo y conseguir que se separe a José Domigo Pérez de la investigación. El TC falló a su favor en agosto del año pasado, declarando además nulas las acusaciones realizadas por el Equipo Especial Lava Jato contra el abogado durante un periodo de aproximadamente 5 años y 3 meses.
La ANC tomó este fallo del TC para decidir la suspensión de Domingo Pérez por seis meses. En esa línea, señalaron que si un fiscal conoce de forma personal, directa y previa los hechos que debe investigar, la legitimidad de su investigación queda afectada, pues desnaturaliza sus fines, que son “reunir los elementos de convicción, de cargo y descargo, que le permitan decidir si formula o no acusación”.
