El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, lamentó que, a la fecha, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no haya formulado ningún avance del plan de acción específico por sectores económicos, que se comprometió a presentar para fortalecer la seguridad de las empresas, ni del plan de articulación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE y el Congreso de la República.

“Es preocupante que el ministro no haya presentado ningún avance de las recomendaciones expuestas por la Coalición por la Seguridad Ciudadana para luchar contra la inseguridad. Hoy se cumplió el plazo de su compromiso para entregar ambos planes”, enfatizó durante el VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial: ‘Seguridad, un compromiso de todos’, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL.

De La Tore sostuvo que los peruanos exigen acciones concretas en favor de la seguridad ciudadana y que este deje de ser un discurso y se convierta en una realidad para todos. Añadió que decretar estados de emergencia aislados, sin una estrategia integral, no ha dado resultados.

“No podemos seguir aplicando medidas temporales e insuficientes mientras el crimen organizado sigue expandiéndose con impunidad. Necesitamos liderazgo, presupuesto, inteligencia y articulación. Es momento de pasar de las palabras a la acción. Exigimos un compromiso real, firme y sostenido en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad”, exigió el representante de la CCL.

PÉRDIDA DE CONFIANZA

El presidente de la CCL también expresó su preocupación por el hecho de que, en lugar de trabajar en soluciones conjuntas, las instituciones se enfrenten en un intercambio estéril de agravios y denuncias.

“Nuestro país requiere que los funcionarios llamados a liderar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, privilegien el interés común y dejen de lado conflictos que solo conducen a la degradación de nuestra sociedad, generando que la ciudadanía pierda la confianza en sus autoridades y, lo que es más grave, en la democracia”, añadió.

“Los peruanos queremos trabajar sin temor. Los empresarios y emprendedores desean seguir haciendo empresa, generar más empleo y no verse obligados a cerrar sus negocios. Queremos que nuestros hijos asistan a clases sin el miedo de que sus colegios sean blancos de ataques criminales. Queremos disfrutar de eventos y espectáculos sin la angustia de que artistas o asistentes sean víctimas de violencia”, remarcó De La Tore.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, señaló que este foro, con la participación de la Policía Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio Público, contribuye de manera efectiva a generar ideas innovadoras y fortalecer alianzas entre los diferentes sectores para enfrentar los desafíos actuales que enfrentan la sociedad y las empresas en materia de seguridad ciudadana.

FALTA DE CAPACIDAD LOGÍSTICA

En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, afirmó que el 40 % de las armas que utiliza la Policía Nacional tienen una antigüedad mayor a los 25 años; mientras que el 25 % del parque automotor policial está inutilizado en las puertas de las comisarías.

“Necesitamos darle mayor capacidad logística a la PNP para que continúe enfrentando al crimen”, acotó.

Salhuana anunció que, en la primera semana de abril, el Congreso de la República realizará el segundo pleno de seguridad ciudadana.

En esta sesión se debatirán proyectos de ley para crear unidades de flagrancia a nivel nacional, declarar en emergencia a la Policía Nacional, implementar denuncias digitales a través del sistema del Reniec, establecer el tipo penal de terrorismo urbano y agravar las penas para delitos frecuentes como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas, entre otras normas legales.

IMPACTO EN EL PBI

A su turno, el moderador del panel: ‘Impacto del crimen organizado en la seguridad interna’, Jaime García, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, refirió que más del 60 % de la informalidad económica del país contribuye a la presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, entre otras.

“Diversos estudios económicos indican que estas actividades ilícitas tienen un impacto del 5 % en el PBI, lo que equivale a cerca de US$ 12 500 millones. De esta manera, generan los recursos que han permitido a las organizaciones criminales fortalecerse aún más en los últimos años”, advirtió.

En dicho panel también participaron Sonia Medina, exprocuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas; el general PNP Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú; y Katherine Cáceres, fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.

El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) llegó a r nuevos acuerdos con el objetivo de enfrentar la criminalidad organizada en el país.

Uno de estos acuerdos implica la aplicación de medidas para regularizar la situación migratoria de los extranjeros indocumentados. En caso de incumplimiento, se adoptarán acciones multisectoriales para su expulsión del país.

En la primera sesión ordinaria del Conasec también se anunció que el Poder Ejecutivo presentará ante el Congreso un proyecto de ley para restablecer el servicio militar y policial obligatorio.

Además, el Ministerio del Interior (Mininter) promoverá la declaración de emergencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) con el objetivo de reducir la brecha logística y fortalecer la inteligencia policial en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) impulsará la reforma del Sistema Nacional Penitenciario para mejorar el control en los establecimientos penitenciarios y evaluará la incorporación de las Fuerzas Armadas como apoyo en su gestión y vigilancia.

Asimismo, el Poder Ejecutivo presentará ante el Conasec la creación de una entidad de alto nivel con la capacidad de coordinar con todos los sectores del Estado los acuerdos y acciones que se adopten en materia de seguridad ciudadana.

La presidente Dina Boluarte lideró este martes la primera sesión ordinaria del Conasec, donde agradeció la participación de los miembros del Conasec y destacó que, así como la sociedad exige resultados en materia de seguridad ciudadana, la población también demanda unidad.

Subrayó que esta unidad se refleja en la presencia de los poderes del Estado y de los demás integrantes de este importante consejo.

“Y desde esa unidad, le decimos a los delincuentes, a las bandas criminales y a todo aquel que pretenda delinquir: mientras las instituciones permanezcamos unidas bajo el Estado de derecho, el respeto a la institucionalidad y nuestra democracia, no podrán derrotarnos. Aplicaremos mano firme para perseguir a cada delincuente y desarticular cada banda criminal organizada”, enfatizó.

Boluarte anunció que el Ejecutivo está tomando medidas adicionales, entre ellas la descentralización de los equipos operativos de la Policía Nacional del Perú en Lima Este, Lima Norte y Lima Sur, lo que permitirá una respuesta más rápida y efectiva contra la delincuencia.

Por ello se ha ordenado la descentralización de la central de emergencias 105 de la Policía Nacional del Perú, de modo que cada una de estas jurisdicciones contará con su central de atención.

Por medio del Ministerio del Interior, se ha destinado un presupuesto adicional para fortalecer los departamentos de investigación criminal de la PNP, con el objetivo de potenciar la labor de inteligencia policial.

Por lo anerior  se ha suscrito un convenio con la Unión Europea para combatir la minería ilegal, la trata de personas y los homicidios. Este acuerdo, por un monto de un millón de soles, estará enfocado en fortalecer las capacidades de inteligencia de la Dirección de Investigación Criminal.

La Presidente anunció la instalación de una sala de comando denominada ‘Cuarto de Guerra de Seguridad Ciudadana’, desde donde el Ejecutivo realizará un seguimiento inmediato a los acuerdos mientras se formalizan las disposiciones adoptadas en esta sesión.

De igual manera, se ha dispuesto la incorporación a la Policía Nacional del personal que haya cumplido con el servicio militar obligatorio.

“Queremos decirle a la población peruana que la seguridad de cada ciudadano, de su familia, del trabajador, del estudiante, del empresario y de todos en general, sí nos importa. Desde este Conasec, trabajaremos incansablemente para obtener resultados y, ojalá, lo más pronto posible, para que cada peruano pueda salir de su hogar, dirigirse a sus centros de estudio, de trabajo y a cualquier otro lugar con la tranquilidad y seguridad que merece”, concluyó.

Durante la sesión del Conasec se analizó la propuesta de incluir en los acuerdos el inicio de la discusión sobre la aplicación de la pena de muerte en el Perú. Los alcaldes participantes y la presidenta Boluarte se mostraron a favor de esta medida, pero no se alcanzó un consenso al respecto.

En la sesión de Conasec, la Jefa del Estado sostuvo que su gobierno no retrocederá en la lucha contra la criminalidad; por el contrario, potenciará este esfuerzo con la participación de todos los niveles de gobierno, la sociedad y las instituciones del sistema de justicia.

“No vamos a retroceder un solo centímetro frente a la delincuencia y el criminen, por el contrario, potenciaremos esta lucha con el trabajo articulado entre el Gobierno nacional, los gobiernos regionales, los gobiernos locales, la policía, las Fuerzas Armadas, el sector privado, sociedad civil, pero sobre todo con las instituciones del sistema de justicia”, afirmó Boluarte.

Desde la madrugada de ayer, las Fuerzas Armadas, mediante los Comandos Operacionales del Centro, Aéreo y Marítimo, han iniciado patrullajes de reconocimiento en varios puntos estratégicos de la Lima Metropolitana, asegurando la presencia militar en zonas críticas para fortalecer el orden interno y combatir la criminalidad. Se han desplegado en los distritos de San Luis, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y La Victoria, con unidades provenientes de las Brigadas de Fuerzas Especiales (Briffee). Además, en zonas de San Juan de Lurigancho, Carabayllo, Chorrillos, Surco, San Isidro, Miraflores, el Callao, Comas y el Rímac, con cerca de 3,000 efectivos operando en tres turnos.

La mandataria expresó su solidaridad con las familias de todos los peruanos que han perdido la vida a causa de la delincuencia y del cantante Paul Flores, del grupo Armonía 10, asesinado en días pasados.

“A su familia, mis condolencias, el acompañamiento en estos momentos de dolor. En memoria de cada uno de ellos y de ellas, nuestro gobierno no cesará jamás en la lucha implacable contra sicarios y demás criminales que quieren arrebatarnos la paz y la tranquilidad. Estamos tras sus pasos y no vamos a parar hasta verlos pagar por sus crímenes”, manifestó la Jefa del Estado en su discurso en la I sesión ordinaria del Conasec.