El presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Roberto De La Tore, lamentó que, a la fecha, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no haya formulado ningún avance del plan de acción específico por sectores económicos, que se comprometió a presentar para fortalecer la seguridad de las empresas, ni del plan de articulación interinstitucional con el Poder Judicial, el Ministerio Público, el INPE y el Congreso de la República.
“Es preocupante que el ministro no haya presentado ningún avance de las recomendaciones expuestas por la Coalición por la Seguridad Ciudadana para luchar contra la inseguridad. Hoy se cumplió el plazo de su compromiso para entregar ambos planes”, enfatizó durante el VI Foro Internacional de Seguridad Ciudadana y Empresarial: ‘Seguridad, un compromiso de todos’, organizado por la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL.
De La Tore sostuvo que los peruanos exigen acciones concretas en favor de la seguridad ciudadana y que este deje de ser un discurso y se convierta en una realidad para todos. Añadió que decretar estados de emergencia aislados, sin una estrategia integral, no ha dado resultados.
“No podemos seguir aplicando medidas temporales e insuficientes mientras el crimen organizado sigue expandiéndose con impunidad. Necesitamos liderazgo, presupuesto, inteligencia y articulación. Es momento de pasar de las palabras a la acción. Exigimos un compromiso real, firme y sostenido en la lucha contra la delincuencia y la criminalidad”, exigió el representante de la CCL.
PÉRDIDA DE CONFIANZA
El presidente de la CCL también expresó su preocupación por el hecho de que, en lugar de trabajar en soluciones conjuntas, las instituciones se enfrenten en un intercambio estéril de agravios y denuncias.
“Nuestro país requiere que los funcionarios llamados a liderar la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, privilegien el interés común y dejen de lado conflictos que solo conducen a la degradación de nuestra sociedad, generando que la ciudadanía pierda la confianza en sus autoridades y, lo que es más grave, en la democracia”, añadió.
“Los peruanos queremos trabajar sin temor. Los empresarios y emprendedores desean seguir haciendo empresa, generar más empleo y no verse obligados a cerrar sus negocios. Queremos que nuestros hijos asistan a clases sin el miedo de que sus colegios sean blancos de ataques criminales. Queremos disfrutar de eventos y espectáculos sin la angustia de que artistas o asistentes sean víctimas de violencia”, remarcó De La Tore.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, Vicente Romero, señaló que este foro, con la participación de la Policía Nacional, el Congreso de la República y el Ministerio Público, contribuye de manera efectiva a generar ideas innovadoras y fortalecer alianzas entre los diferentes sectores para enfrentar los desafíos actuales que enfrentan la sociedad y las empresas en materia de seguridad ciudadana.
FALTA DE CAPACIDAD LOGÍSTICA
En tanto, el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana, afirmó que el 40 % de las armas que utiliza la Policía Nacional tienen una antigüedad mayor a los 25 años; mientras que el 25 % del parque automotor policial está inutilizado en las puertas de las comisarías.
“Necesitamos darle mayor capacidad logística a la PNP para que continúe enfrentando al crimen”, acotó.
Salhuana anunció que, en la primera semana de abril, el Congreso de la República realizará el segundo pleno de seguridad ciudadana.
En esta sesión se debatirán proyectos de ley para crear unidades de flagrancia a nivel nacional, declarar en emergencia a la Policía Nacional, implementar denuncias digitales a través del sistema del Reniec, establecer el tipo penal de terrorismo urbano y agravar las penas para delitos frecuentes como extorsión, sicariato y tenencia ilegal de armas, entre otras normas legales.
IMPACTO EN EL PBI
A su turno, el moderador del panel: ‘Impacto del crimen organizado en la seguridad interna’, Jaime García, integrante de la Comisión de Seguridad Ciudadana y Empresarial de la CCL, refirió que más del 60 % de la informalidad económica del país contribuye a la presencia de actividades ilícitas como el narcotráfico, el contrabando, la minería ilegal, la trata de personas, la tala ilegal, entre otras.
“Diversos estudios económicos indican que estas actividades ilícitas tienen un impacto del 5 % en el PBI, lo que equivale a cerca de US$ 12 500 millones. De esta manera, generan los recursos que han permitido a las organizaciones criminales fortalecerse aún más en los últimos años”, advirtió.
En dicho panel también participaron Sonia Medina, exprocuradora especializada en delitos de tráfico ilícito de drogas; el general PNP Marco Conde, director de investigación criminal de la Policía Nacional del Perú; y Katherine Cáceres, fiscal provincial de la Cuarta Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada.
