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La Procuraduría Pública del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos obtuvo un laudo favorable al Estado peruano en un proceso de arbitraje internacional iniciado contra la República del Perú por el socio de Vladimiro Montesinos y ciudadano francés Charles Max Damien Acelor, condenado a prisión por el escándalo de la venta ilegal de armas a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En el proceso fue iniciado ante la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), caso 27059. El demandante exigía el pago de 7,500 millones de dólares, más intereses y otras pretensiones, a modo de resarcimiento. El extranjero fue sentenciado a 15 años de prisión y alegó la existencia de un supuesto acuerdo de conciliación que habría sido celebrado con representantes del Estado peruano, por la transgresión de sus derechos fundamentales en su condena y encarcelamiento.
Se trata de un logro importante para la defensa jurídica de los intereses del Estado peruano, al haberse conseguido que se desestime la astronómica pretensión que se sustentaba en un documento cuya ilegitimidad fue acreditada durante el procedimiento arbitral.
Defendió los intereses del Estado peruano la Procuraduría Pública Sectorial del Minjusdh, a cargo del procurador Erick Samuel Villaverde Sotelo, con la asistencia especializada del estudio jurídico Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP y se logró demostrar la falsificación del supuesto acuerdo de conciliación cuestionándose la competencia del Tribunal Arbitral.
Con laudo del 26 de octubre de 2026, el Tribunal Arbitral concluyó que el supuesto acuerdo de conciliación utilizado por el ciudadano francés no era un documento auténtico y, además, que no se había acreditado la participación de los funcionarios a los que atribuía su suscripción.
También condenó al demandante a asumir la totalidad de los costos del arbitraje y a reembolsar al Estado peruano la suma de 2 millones 192 mil 771 dólares; y 93,214 soles por concepto de reembolso de los gastos incurridos en su defensa.
El caso de la venta ilegal de armas comprendió a 35 imputados, incluyendo a Montesinos, que fueron condenados en 2006. Acelor recibió una pena de 15 años de cárcel y Montesinos una de 20 años.
Las exigencias de Acelor de una indemnización comenzaron en 2023 con el documento declarado falso, que con fecha de 25 de agosto de 2022 señalaba que el gobierno acusó “falsamente al denunciante”, con las rúbricas falsificadas del procurador público supranacional Carlos Reaño y del notario Octavio Telada, de la ciudad amazónica de Pucallpa.
Como se recuerda, Montesinos y sus secuaces fueron hallados culpables de adquirir armas en Jordania y venderlas a las FARC en 1999, con lo que cometió delitos de violación de la soberanía de un estado extranjero, conspiración política, y suministro ilegal de armas a grupos subversivos.
El dictador Alberto Fujimori, siendo presidente, en agosto de 2000, presentó Montesinos como el artífice del supuesto desmantelamiento del tráfico de 10.000 fusiles AKM jordanos a las FARC, mentira que fue desbaratada por el Gobierno de Colombia, después de lo cual comenzó el proceso.
