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Pronunciamiento, Arquitectos y Urbanistas por el Cambio
La población del Perú vive expuesta a los efectos de los fenómenos de origen natural, biológico e inducidos por el hombre, como el COVID-19, enfermedad asociada al coronavirus (SARS-coV-2) cuyo impacto es de tal magnitud que se considera que la vida de la especie humana sufrirá cambios relevantes en los múltiples aspectos que la componen, con mayor gravedad en el Perú, por sus condiciones de vulnerabilidad multidimensional (institucional, social, política, ambiental, económica, etc.). El principal impacto en todo el planeta se verifica en las ciudades, por ello, los gobiernos han debido decretar la cuarentena o aislamiento social, como contención para evitar la propagación del mal, poniendo a prueba nuestras ciudades, sus habilitaciones urbanas y edificaciones, en especial aquellas destinadas a la vivienda de las personas.
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El 24 de abril de 2020 se emite el Decreto Legislativo N.º 1469, que modifica la Ley Nº 29090, de Regulación de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, con la finalidad de reactivar la economía nacional a través de la dinamización de la actividad inmobiliaria del sector construcción, agilizando la obtención de las licencias de habilitación urbana y edificación. Adicionalmente, establece la supremacía legal del Reglamento Nacional de Edificaciones y del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación (edificación de viviendas de interés social) aprobado mediante el Decreto Supremo Nº 010-2018-Vivienda y sus modificatorias, por sobre las normas que pudieran emitir los gobiernos locales en atención a sus especificidades propias, en el marco de las competencias que les señala la Ley Orgánica de Municipalidades.
Ante este dispositivo legal, los ciudadanos reunidos en el grupo “Arquitectos y Urbanistas por el Cambio”, compartimos los siguientes razonamientos:
1) La pandemia provocada por el SARs-CoV-2 marca un punto de cambio en la historia de la humanidad y, uno de sus efectos, será la necesidad, imperiosa, de retomar la planificación regional, repensar nuestra noción de lo urbano, el funcionamiento de las ciudades, así como, de las edificaciones, actuando en diferentes escalas con una visión integrada. A partir de este evento global, las disposiciones de cuarentena, alejamiento social y otras vinculadas a reducir el riesgo de contagio, insoslayablemente deben pasar a formar parte de las variables de la planificación y del diseño urbano y arquitectónico. Es decir, las ciudades, vistas en Red, produciendo flujos, deben ir acondicionándose paulatinamente para eventos similares, con la finalidad de garantizar la salud física y mental de sus habitantes, a la vez, para disminuir la gravedad de las medidas de restricción que serán mayores en cuanto las ciudades se encuentren menos preparadas. Ante ello, no dudamos en afirmar que estas circunstancias marcan el fin de una era urbana y el inicio de otra, en la cual en el concepto de sostenibilidad deberá primar la acción pública en la producción de la ciudad y sus patrones de uso y ocupación, incorporando la noción de seguridad ante Desastres Naturales y Biológicos, en este proceso de cambio. Adicionalmente, la pauta mundial de Cambio Climático integrada a la Protección de los Ecosistemas Naturales, exige el abandono de visiones sectoriales para el tratamiento de los problemas urbano-regionales.
En esencia, las disposiciones del sector vivienda y últimamente el poder ejecutivo respecto a la edificación de viviendas de interés social (D. S. 010-2018-Vivienda, D.S. 012-2019-Vivienda, D.S. 002-2020-Vivienda y D.L. 1469), disponen un marco regulatorio favorable a la disminución cuantitativa de los estándares urbanísticos y edificatorios en el caso de viviendas de interés social, bajo la premisa de abaratar costos y contribuir a la disminución de la brecha de vivienda mediante la dotación de una cuantiosa oferta inmobiliaria, de baja calidad. El sector inmobiliario, con el respaldo de las normas emitidas por el Ministerio de Vivienda, ha venido construyendo viviendas cada vez más reducidas, con espacios mínimos y características que no necesariamente son óptimas para las personas, especialmente niños y ancianos y afectados por alguna discapacidad. Es importante y se hace necesario, que el Estado retome su rol en la promoción y construcción de viviendas de interés social, con la participación de los Colegios Profesionales del sector, propiciando la participación universal de los profesionales del rubro en procesos concursales para los proyectos arquitectónicos y de construcción que se requieran.
1) Consideramos, en el marco de “primero es la vida, luego la economía”, que siendo las ciudades y sus edificaciones los “contenedores” de la humanidad, deben adecuarse paulatinamente a las nuevas situaciones que la realidad les impone; hoy, surge una variable urbana nueva referida a las pandemias, las cuales pueden además de diversificarse con el paso del tiempo, difundirse a gran velocidad en la Red Urbana de un país. Por tanto, surge la necesidad de adecuar los patrones de ocupación, normas urbanísticas y medio ambiente construido, en la ciudad formal, así como, reestructurar profundamente la ciudad informal, insalubre actualmente, con la finalidad de aumentar nuestra capacidad de respuesta como sociedad, frente a los riesgos biológicos, cuarentenas y restricciones en la vida social. Esta respuesta, apoyada en metodologías científicas interdisciplinares contribuirá, estratégicamente, no solo a garantizar mayor seguridad física y mental para las personas, sino también a disminuir el impacto sobre las actividades económicas.
2) Proponemos que previo a la activación de una estrategia de promoción de construcciones, deben reevaluarse las normas actuales, constituyendo nuevos estándares e indicadores para la movilidad urbana, el dimensionamiento de vías, espacios públicos, áreas libres y áreas verdes por persona; áreas y funciones en el interior de la vivienda, dimensiones de pasajes internos en edificaciones, necesaria para salvaguardar la salud física y mental de sus usuarios. La pandemia exige un nuevo conocimiento y control de las necesidades de espacio, ventilación, insolación, iluminación, humedad, energía, abastecimiento, circulación, etc., en las edificaciones, actuales y futuras, así como en la ciudad. No concordamos con la gestión de la ciudad como viene ocurriendo hasta ahora, pues observamos la construcción de edificios que no incorporan los nuevos parámetros de seguridad, tampoco aceptamos que el Estado promueva estas acciones, justificándolas en función de una presunta reactivación económica, dejando de lado la seguridad, la salud y el bienestar de los ciudadanos. Considerando el escenario actual de la pandemia originada por el COVID19, el accionar público, debe ser transparente y fundamentado en bases técnico-científicas. Pensamos que todo ser humano requiere de un ambiente digno para crecer física, mental y emocionalmente, siendo la vivienda el espacio vital para su bienestar y desarrollo. Los espacios mínimos, subdimensionados, generan el hacinamiento, aumentando exponencialmente el riesgo frente a enfermedades infecciosas como la actual COVID19, afectando el derecho a la vida y el bienestar, descritos constitucionalmente, en nuestra carta magna, particularmente, de quienes menos tienen.
3) Creemos que no es correcto promover la construcción de edificaciones multifamiliares y comerciales en tanto no se adecuen los parámetros edificatorios existentes antes de la pandemia, es preciso determinarlos de acuerdo a su utilidad para una situación como la actual. Correspondería a los gobiernos locales manifestarse respecto a ello, en salvaguarda de la seguridad de las personas, no hacerlo hará que la próxima pandemia o desastre sísmico sea todavía más letal y destructivo.
4) Es prioritario adecuar el ordenamiento territorial, los sistemas logísticos de emergencia, la red de salud pública y privada, la red de transporte, así como, todos los componentes urbanos y edificatorios a los nuevos escenarios y exigencias espaciales que traen la pandemia y el cambio climático, para el corto, mediano y largo plazo; ello debe formar parte del nuevo modelo de desarrollo y de desarrollo urbano que el Acuerdo Nacional; la Visión del Perú al 2050; el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional; las políticas urb00anas nacionales; el Reglamento Nacional de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible; el Plan de Desarrollo Metropolitano de Lima y los planes de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano locales, entre otros, deben incorporar.
5) Ante lo expuesto, hacemos un llamado a las autoridades correspondientes y a la ciudadanía a tomar conciencia sobre el inicio de esta nueva era de la humanidad, en la cual la Salud Pública, el Cambio Climático y la Protección de los Ecosistemas Naturales tendrá un significado estratégico. Por consiguiente, será necesario efectuar cambios, comportamentales, sociales y en la gestión urbana, que garanticen la vida de los peruanos, en especial en las ciudades, las cuales no deben constituirse en trampas para la supervivencia, si no en instrumentos de vida. En ese marco, proponemos la suspensión temporal de la tramitación y otorgamiento de las licencias de habilitación y edificación multifamiliar y comercial y la constitución de una comisión que en el más breve plazo debe emitir un nuevo marco normativo e instrumental como el “Código de Estandarización de Partes y Componentes de la Edificación” a que alude el D.L. 1469; acorde con los más avanzados principios de salud pública, cambio climático y el buen funcionamiento de los ecosistemas naturales.
6) Adicionalmente, indicamos que nuestra vulnerabilidad actual frente a la pandemia deja al desnudo decisiones que no fueron tomadas oportunamente, principalmente en la escala regional. Una sociedad moderna se instrumentaliza en la descentralización de decisiones, acciones y recursos. Necesitamos adaptarnos frente a los cambios, retomando el planeamiento regional, como actividad de interés público, para lo cual proponemos definir estrategias de desarrollo territorial integradas con los sectores de la Salud, Clima y Medio Ambiente, en escala regional. Identificar los puntos críticos, vulnerabilidades y riesgos futuros será una tarea para otra mesa de dialogo – comisión de trabajo interdisciplinar, que articule la participación de todos los actores sociales. A la vez es necesario desarrollar las capacidades para atender la adecuación de normas, planes, proyectos y edificaciones, en todas las especialidades, tarea que debiera corresponder a los colegios profesionales.
7)Los ciudadanos reunidos en el grupo “Arquitectos por el Cambio”, consideramos que es necesario poner en ejercicio nuestra responsabilidad profesional y humana, frente a una situación que afectará sin duda el futuro de la humanidad, es decir, de nuestros hijos y sus hijos; en atención a ello, es hora de renegar de las lacras del egoísmo, deshonestidad y corrupción y apostar por una n ueva patria, constituida por ciudadanos responsables, honestos y solidarios.
Lima, 30 de abril de 2020.
Juan Pablo Francisco Espinoza Gamarra
Juan Pedro Moreno Delgado
Pedro Miguel Sedano Valdeiglesias
Jorge Bernabé Bobadilla Tocas
Juan Manuel Toro Castro
Marco Antonio Picardo López
David Eugenio Menchola Acuña
