Luis Alberto Salgado, ex-Procurador Supranacional y exmilitante aprista, envió una misiva al presidente uruguayo Tabaré Vásquez exponiendo la verdad sobre de la situación de la democracia en el Perú, aclarando que no hay dictadura ni persecución, pero sí una renovada lucha contra la corrupción que ha alcanzado a Alan García, quien pretende burlar la acción de la justicia huyendo a Uruguay.
A continuación el texto:
Washington D.C., lunes, 18 de noviembre de 2,018
Señor Presidente de la República Oriental de Uruguay
Don Tabaré Ramón Vásquez Rosas
Señor Presidente:
Me permito dirigirle la presente a fin de solicitarle, con el debido respeto y consideración, que el gobierno presidido por usted, en representación del Estado de la República Oriental de Uruguay, deniegue, a la brevedad posible, la solicitud de asilo diplomático hecha el sábado último, por el ciudadano peruano, señor Alan García Pérez, expresidente de la República del Perú, en razón de no ser aplicable, ni ser un caso contemplado en la Convención Sobre Asilo Diplomático de 1,954, invocada por el señor García, y en su momento invitarlo a retirarse de vuestra sede diplomática en la ciudad de Lima, Perú, mi patria.
Formulo este pedido, señor, sustentado en las siguientes razones:
- Hoy, en el Perú, no existe una dictadura ni amenaza de ello, ni gobierno autoritario disfrazado de democracia, ni se desnaturalizan ni manipulan las leyes como arguye falsamente el solicitante. No existe por lo tanto, en absoluto, ninguna persecución política contra nadie. Lo que sí existe hoy en el Perú, honorable señor Presidente, es una democracia que intenta recuperarse de muchos, muchos años de corrupción y mega-corrupción rampante y sin escrúpulos que alcanzó niveles e intensidades que llegaron a las más altas esferas del Estado involucrando directamente a jefes de Estado, ministros, vice-ministros y otros altos funcionarios civiles y militares, así como congresistas de la República que han defraudado perversamente la confianza ciudadana y el poder democrático que en algún momento les entregaron los pueblos del Perú. Y hay, por supuesto, mucha indignación y hartazgo entre esos millones de ciudadanos que conforman la diversidad de pueblos del país, por tanta descarada impunidad ante reiterados delitos, crímenes y latrocinio de la hacienda pública que es lo que ha prevalecido en mi país hasta hace muy poco tiempo.
Pero definitivamente, en el Perú se vive y se respira libertad para todos, incluso un Congreso Nacional con índice aprobatorio de sólo 8 % y con congresistas que protagonizan escándalos todos los días sigue funcionando, congresistas que, además, forman parte de la mayoría de oposición al gobierno. Existe una total libertad de prensa, incluidos radios, prensa escrita y televisión, y por supuesto, una intensa actividad del periodismo digital y de miles de grupos en las redes sociales. No hay soldados con armas en ristre ni tanques recorriendo las calles en ningún lugar del Perú. No hay grupos paramilitares ni servicios de inteligencia conspirando contra ningún ciudadano. Trabajadores y dirigentes sindicales asisten sin amenazas ni temor a sus centros de labor; los estudiantes universitarios asisten tranquilos, y sin miedo alguno, a sus clases y grupos ciudadanos pueden organizar protestas y plantones sin temor a represión ni violencia por parte de las fuerzas de seguridad. Pero la percepción ciudadana general es que sí hay una evidente decisión del Poder Ejecutivo (con 65 % de respaldo ciudadano) de combatir la corrupción, lo cual genera en jueces y fiscales honestos y probos la tranquilidad necesaria para realizar su trabajo en la administración de justicia. Eso es lo que hay hoy en el Perú.
Lo dicho en el párrafo anterior, señor, es diáfanamente comprobable por cualquier observador objetivo e imparcial, que esté interesado en salvaguardar los fundamentos éticos, políticos y de práctica diaria de una democracia, entre los cuales seguramente están los representantes de vuestra sede diplomática en Lima.
- En el actual Estado de derecho, con separación e independencia de poderes que funciona en el Perú, fiscales probos llevan a cabo investigaciones complejas, aún con riesgo de su integridad personal y familiar, que involucran a gente poderosa y con muchos recursos, y jueces probos, también, han respaldado razonablemente con sus decisiones los pedidos legales y justos formulados por esas fiscalías. Ello ha derivado procesalmente en el encausamiento por graves denuncias de corrupción, de tres (3) expresidentes de la República: Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, estando el primero con orden de captura, embargo de sus bienes y en proceso de extradición, el segundo, siendo procesado luego de haber cumplido varios meses de detención preventiva, y a la espera de otro proceso por denuncia de violación de derechos humanos, y el tercero, presidente del Perú hasta marzo del presente año, con orden de impedimento de salida del país y embargo de bienes. Adicionalmente, una ex-candidata presidencial, Keiko Fujimori, — hija de otro expresidente, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por corrupción, tortura y asesinato— en estos momentos cumple prisión preventiva, mientras transcurren las investigaciones y el proceso por graves denuncias de corrupción que incluye lavado de activos. La magnitud de lo que viene ocurriendo en el Perú, señor, puede ser impresionante, pero a la vez, muy digno de ser analizado y entendido como un fenómeno poco común, pero muy necesario como una reacción de pueblos e instituciones ante lo que ven como una amenaza terminal a los fundamentos de nuestra nación: la corrupción metastásica y la impunidad extendida hasta hace poco tiempo. Así, el caso del señor García Pérez y las gravísimas denuncias con pruebas fundamentadas, evidencias razonables y testimonios muy creíbles que se van acumulando contra la persona referida deben ubicarse en ese contexto dramático y difícil que está viviendo el Perú. Impunidad, hartazgo de los pueblos, y violencia Es por esa impunidad y hartazgo del pueblo peruano frente a ella, señor, que debe entenderse la gran indignación que experimentan millones de peruanos al ver cómo la corrupción en ciertos sectores de la administración de justicia han sido funcionales para que esa megacorrupción avance durante años y se profundice y sea percibida como una burla lacerante y permanente. Y es deber de gobernantes y estadistas probos y lúcidos responder a la altura de las circunstancias y a las expectativas justas de esos pueblos que se sienten engañados y estafados por sujetos sin escrúpulos. Mas de ninguna manera pueden justificarse actos de violencia contra nadie, pero sí deben comprenderse las causas que derivan indebida e indeseablemente en esos actos o brotes espontáneos de violencia inaceptables como los ocurridos en la noche del domingo en las afueras de la sede diplomática de la República Oriental de Uruguay en Lima, y que en buena hora fueron inmediata y fácilmente controlados por las autoridades policiales. Actos que, por lo demás, pueden ocurrir en cualquier sociedad y estado democrático del mundo.
- En consecuencia de los párrafos anteriores, aducir persecución política, como hace el solicitante, pretendiendo utilizar al gobierno y Estado uruguayos, para sus fines y conveniencia personal, con la institución del asilo para obtener blindaje ante la justicia del Perú y evadir las consecuencias de actos delictivos cometidos en ejercicio del poder, es censurable y deleznable, además de faltar insólitamente a la verdad y ofender la inteligencia de autoridades, que, como entiendo y estoy seguro, son las uruguayas y usted mismo, señor Presidente, que no están dispuestas a encubrir, ni apañar, ni blindar a quienes han delinquido con conciencia y voluntad, y ante la evidencia y contundencia de los hechos y pruebas que alcanzarán las autoridades peruanas.
- Pertinente es señalar, señor, como dato revelador, que si fuera cierto que el señor García creía, y dice creer, que hay persecución política contra él, ¿por qué entonces acudió a la citación fiscal del sábado 17 de noviembre y a las diligencias judiciales anteriores a ese día, y por qué aseguró que se allanaba a las investigaciones y gustosamente se quedaba arraigado 18 meses en el país?. ¿Por qué decidió que sí era “perseguido político” en algún momento del sábado?. La respuesta es sencilla, señor, pues porque tomó conocimiento de una contundente prueba, irrefutable, sólida e incriminatoria que derivaría en una detención preliminar o preventiva, aún en esta etapa preliminar de ser un “investigado”. Ahí está, señor, la mejor evidencia de que el solicitante no es, en absoluto un perseguido político, y el señor García sabe que no lo es, sino alguien que se convenció que iba, y debe ser, derrotado en tribunales y que debe rendir cuentas estrictas ante la administración de justicia en una democracia que gobierna en un Estado de Derecho y que un escape posible a esa comparecencia en juicio es, precisamente, inventando y alegando una inexistente “persecución política”.
- Siendo entonces, estrictamente hablando, razones jurídico/penales/procesales las que explican la situación legal y el intento de fuga del solicitante, usando la residencia del señor embajador de Uruguay, para alcanzar nuevamente impunidad, va quedando prístinamente claro el panorama para una decisión justa y enmarcada en el derecho internacional, del Estado uruguayo. Es decir, el presente es un caso sobre grave corrupción en el contexto de un mega proceso que involucra a una empresa brasileña Odebrecht denunciada por pagar enormes cantidades de dinero como soborno millonario a funcionarios con poder de decisión para la obtención de contratos multimillonarios para la construcción de obras de infraestructura, cuyos precios eran sistemática y fraudulentamente aumentados mediante “addendas” para el pago, precisamente, de esos sobornos en millones de dólares, en perjuicio del Estado; y que eran obligados a pagar todos los peruanos, incluidos los trabajadores, las clases medias y los peruanos en estado de pobreza, sin posibilidad de reclamo alguno.
- Compromiso de Lima: “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción” VIII Cumbre de las Américas
Pertinente es referir, señor Presidente, un párrafo puntual del Compromiso de Lima: “Gobernabilidad Democrática Frente a la Corrupción”, suscrito en abril del presente año en la capital peruana. La oportunidad y precisión del documento son reveladores y extrañamente coincidentes con el momento actual. No tengo la menor duda, señor, que usted está convencido que la integridad, credibilidad y solvencia de los Estados democráticos estriban fundamentalmente en honrar la palabra empeñada, y en el cumplimiento cabal de sus compromisos internacionales, es decir el “pacta sunt servanda” de la Convención de Viena sobre Tratados, fundamento del derecho internacional. Baste sólo recordar entonces el primer punto del preámbulo que entiendo expresa cabalmente el espíritu y la voluntad política de los jefes de Estado, usted entre ellos, que suscribieron dicho documento:
“Destacando que la prevención y el combate a la corrupción son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho en nuestros países, y que la corrupción debilita la gobernabilidad democrática, la confianza de la ciudadanía en las instituciones y tiene un impacto negativo en el goce efectivo de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de las poblaciones de nuestro Hemisferio, al igual que en otras regiones del mundo”.
Y cómo no mencionar el numeral 34 referido a la Cooperación jurídica internacional; combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos; y recuperación de activos con el énfasis en “avanzar en la lucha contra la corrupción, en particular la prevención y el combate del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros…”
- Finalmente, para recordar, señor, la tradicional y fraternal amistad entre los pueblos de Uruguay y del Perú. Me permito modestamente invocar, ante usted, como lo harían miles de peruanos y uruguayos, esa tradición buena entre nosotros para coadyuvar en el fortalecimiento de nuestros lazos fraternales, para que cooperemos en la consolidación de nuestras democracias justas y equitativas para todos, y para alcanzar el desarrollo integral en la lucha real y transparente contra la corrupción en todos sus niveles.
Muy atentamente,
Luis Alberto Salgado T.
Ex-Procurador Público Supranacional del Estado del Perú
DNI 25696463
