El Instituto de Ingenieros de Minas del Perú destaca la importancia de retomar la senda del crecimiento económico y el desarrollo justo y sostenible del Perú con el ansia de reducir la pobreza e incrementar el bienestar de los peruanos en todos los rincones de nuestra rica y compleja geografía.
Expresamos nuestra preocupación y desacuerdo por la forma inapropiada en que se pretende determinar la viabilidad de los proyectos mineros y el predominio de la prepotencia y el cálculo político en vez del diálogo constructivo para resolver las dudas y discrepancias que surgen acerca de los impactos de la actividad minera.
El proyecto Tía María se ve hoy paralizado, pese a que, en su momento, las instituciones públicas determinaron su viabilidad ambiental y el cumplimiento de todas las exigencias de la legislación peruana, por la que se otorgaron las autorizaciones y permisos respectivos.
Esta situación constituye un mal precedente en la imagen del país como destino atractivo para las inversiones y pone en manifiesto la débil institucionalidad, la pobre transparencia en la gestión pública y la falta de decisión política para defender la seguridad jurídica, la legalidad y el orden institucional.
Cabe recordar que Arequipa es una región emblemática para la minería peruana, a la cual debe parte importante de su desarrollo en infraestructura, reducción de la pobreza, generación de trabajo, entre otros aspectos.
Es lamentable que las acciones de grupos violentos determinen la paralización de un proyecto que apunta beneficiar a los habitantes de todo el país y en especial a miles de peruanos en Arequipa.
Asimismo, rechazamos el intento de impulsar un escalamiento de las protestas en contra de la actividad minera, tal como lo hace otro colectivo en Moquegua en contra del proyecto minero Quellaveco, así como el llamado de la CGTP junto con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil de Camaná y la del Perú, a una “jornada de lucha” en apoyo a la población del Valle de Tambo y el rechazo al proyecto Zafranal.
Invocamos a las autoridades que hagan valer la institucionalidad, la transparencia, estabilidad, el Estado de derecho y los espacios oportunos de diálogo para mantener al país por la senda del crecimiento y la democracia.
Lima, 15 de agosto de 2019
