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Pronunciamiento de la ANP por el Día Mundial de la Libertad de Prensa
En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace llegar su saludo gremial a todos cuantos están inmersos en el trabajo diario de informar con la verdad a la colectividad peruana.
LIBERTAD DE PRENSA GARANTÍA DE DIVERSIDAD Y PLURALIDAD
En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú hace llegar su saludo gremial a todos cuantos están inmersos en el trabajo diario de informar con la verdad a la colectividad peruana.
La ANP considera que la fecha es importante para destacar la trascendencia que tiene hoy, más que nunca, la libertad de expresión en nuestro país, al mismo tiempo, que hace recordar que tal derecho fundamental es garantía para sostener los principios de diversidad y pluralidad, en razón de que constituyen elementos vitales para la defensa y la protección de todos los derechos que sustentan la vida y la paz en democracia.
Pero, de igual manera, nuestra organización gremial fiel a los valores que le dieron origen, no puede pasar por alto la situación de preocupación e incertidumbre que atraviesan los periodistas y los medios de comunicación como consecuencia de los graves males que afectan a la sociedad peruana y que se reflejan en los altos índices de criminalidad organizada, narcotráfico y corrupción política.
Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico, sobre todo supranacional, está permitiendo avances muy importantes para que se respete el derecho a la libertad de prensa y la expansión de las redes sociales está haciendo posible la defensa y protección de tal derecho, también es verdad que equivocadas decisiones políticas están dando origen a represiones en perjuicio de medios de comunicación social, especialmente de la radiodifusión provinciana.
El caso de radio La Voz de Bagua, de Utcubamba, que ha merecido la observación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, y la protesta de la Federación Internacional de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Centro de Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), Artículo XIX, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS), así como de importantes organizaciones nacionales como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, constituye el referente de mayor trascendencia sobre la falta de respeto en nuestro país a la libertad de prensa, sin que se obvien casos muy recientes como el de radio "Buenísima", de Sechura, y Televisión Oriente en Yurimaguas, Alto Amazonas, entre otros.
No se puede ocultar, por lo demás, que aún cuando los desafíos históricos de la libertad de prensa son afrontados con decisión y fundada razón por los defensores de este derecho, igualmente es cierto que existe preocupación por la persistencia de quienes quieren guillotinar el derecho a informar con la verdad, en muchos casos por la actitud parcializada de fiscales y jueces prevaricadores y en otros por presiones de los intolerantes a la crítica, sobre todo de quienes tienen poder económico o poder político.
Los casos más recientes de los periodistas Enrique Lazo, en la provincia de Ilo, Geovanni Acate Coronel, en Alto Amazonas y Esther Valenzuela, en Huamanga, querellados a consecuencia de su trabajo periodístico, son una muestra de lo que está ocurriendo respecto a la administración de justicia en nuestro país y que obliga a tener que denunciarlos por cuanto resultan limitaciones muy graves al derecho a la información y que, por otro lado, explica porqué el Congreso de la República ha tomado la decisión de archivar el proyecto presentado para la despenalización de los llamados delitos de prensa, tal como aconseja la doctrina moderna que promueve la Organización de Estados Americanos.
Pero, de igual manera, nuestra organización gremial fiel a los valores que le dieron origen, no puede pasar por alto la situación de preocupación e incertidumbre que atraviesan los periodistas y los medios de comunicación como consecuencia de los graves males que afectan a la sociedad peruana y que se reflejan en los altos índices de criminalidad organizada, narcotráfico y corrupción política.
Si bien es cierto que el ordenamiento jurídico, sobre todo supranacional, está permitiendo avances muy importantes para que se respete el derecho a la libertad de prensa y la expansión de las redes sociales está haciendo posible la defensa y protección de tal derecho, también es verdad que equivocadas decisiones políticas están dando origen a represiones en perjuicio de medios de comunicación social, especialmente de la radiodifusión provinciana.
El caso de radio La Voz de Bagua, de Utcubamba, que ha merecido la observación de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, y la protesta de la Federación Internacional de Periodistas, Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros sin Fronteras, Centro de Protección de Periodistas de Nueva York (CPJ), Artículo XIX, Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Comunicación Social (FELATRACS), así como de importantes organizaciones nacionales como el Consejo de la Prensa Peruana, IPYS y la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, constituye el referente de mayor trascendencia sobre la falta de respeto en nuestro país a la libertad de prensa, sin que se obvien casos muy recientes como el de radio "Buenísima", de Sechura, y Televisión Oriente en Yurimaguas, Alto Amazonas, entre otros.
No se puede ocultar, por lo demás, que aún cuando los desafíos históricos de la libertad de prensa son afrontados con decisión y fundada razón por los defensores de este derecho, igualmente es cierto que existe preocupación por la persistencia de quienes quieren guillotinar el derecho a informar con la verdad, en muchos casos por la actitud parcializada de fiscales y jueces prevaricadores y en otros por presiones de los intolerantes a la crítica, sobre todo de quienes tienen poder económico o poder político.
Los casos más recientes de los periodistas Enrique Lazo, en la provincia de Ilo, Geovanni Acate Coronel, en Alto Amazonas y Esther Valenzuela, en Huamanga, querellados a consecuencia de su trabajo periodístico, son una muestra de lo que está ocurriendo respecto a la administración de justicia en nuestro país y que obliga a tener que denunciarlos por cuanto resultan limitaciones muy graves al derecho a la información y que, por otro lado, explica porqué el Congreso de la República ha tomado la decisión de archivar el proyecto presentado para la despenalización de los llamados delitos de prensa, tal como aconseja la doctrina moderna que promueve la Organización de Estados Americanos.
