El Gobierno de Dina Boluarte ha autorizado el viaje de su protegido Juan José Santiváñez, ministro de Justicia, a Suiza, haciendo caso omiso a la orden judicial de impedimento de salida del país por 18 meses por haber perpetrado el presunto delito de tráfico de influencias.
Santiváñez viajará a Suiza para participar en el 60.º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de ONU, según la Resolución Suprema N.° 190-2025-PCM, publicada en el diario oficial El Peruano, el Ejecutivo, desde hoy, sábado 6, hasta el jueves 11 de septiembre, pese a que en junio del presente año, el Poder Judicial dictó el impedimento de salida en su contra por la investigación que se le sigue por el presunto delito de tráfico de influencias.
En Suiza realizará actividades relacionadas con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité Internacional de la Cruz Roja, y el Consejo de Derechos Humanos del Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, en la ciudad de Ginebra.
La resolución aduce que la participación del ministro de Justicia a las actividades en mención permitirá “fortalecer la presencia del Estado peruano en espacios internacionales en materia de derechos humanos”, dado que se abordarán temas sobre esa situación, “la cooperación técnica y el diálogo constructivo entre el Perú y los órganos de las Naciones Unidas”, argumento contradictorio para este gobierno, pues está buscando la forma de excluir al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El costo del viaje de este investigado sujeto será de “Pasajes aéreos: $3,981.54 y viáticos por 5 días: $2,700.00”.
En su ausencia, estará encargado del despacho ministerial de Justicia César Vásquez, actual titular del Ministerio de Salud (Minsa).
Orden judicial de impedimento de salida del país
En junio del 2025, Sala Penal Permanente de la Corte Suprema dispuso 18 meses de impedimento de salida del país contra Juan José Santiváñez, por presuntamente haber incurrido de tráfico de influencias.
La restricción del PJ corresponde al caso de abuso de autoridad por los audios con el capitán PNP, Junior Izquierdo ‘Culebra’. De acuerdo con la acusación, Santiváñez habría solicitado al menos 20 mil dólares a uno de sus patrocinados para interceder a favor de clientes ante el Tribunal Constitucional, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Ministerio de Justicia.
