La presidente Dina Boluarte ha extremado su extraña protección a Juan José Santiváñez, pésimo exministro del Interior y ahora lo ha designado ministro de Justicia, quien, además de su desastrosa gestión en el Mininter, tiene en su haber una investigación de un caso de soborno con $20,000 a magistrados del Tribunal Constitucional (TC) para que favorezcan al expolicía Marcelo Salirrosas anulando una sentencia que le habían impuesto en el 2021 por integrar una organización criminal.
Con ello Boluarte continúa resquebrajando la estructura del Estado, donde se suele al menos separar del cargo a funcionarios con investigaciones penales hasta que se determine su responsabilidad. Eso a Boluarte no le importa y nos impone sujetos llenos de barro pestilente.
Cuando el Congreso censuró al entonces incapaz ministro del Interior Santiváñez ante el empecinamiento de Boluarte de mantenerlo en el cargo, una vez obligado a irse por la censura lo protegión brindándole una oficina en Palacio de Gobierno donde tenía las atribuciones de despachar con ministros, como si fuese un Montesinos.
En materia de seguridad ciudadana, después del Mininter, el ministerio de Justicia es de crucial importancia porque tiene adscrito al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), cuyo manejo es sumamente importante en la lucha contra el crimen. Además, tiene la obligación de construir cárceles. Por cierto, Boluarte, con el ministro fujimorista Eduardo Arana, ahora presidente del Consejo de Minsitros, en tres años no ha construido ni una minicárcel. En El Salvador Nayib Bukele construyó una megacárcel en siete meses.
Una vez más Boluarte demuestra que la sangre de ciudadanos que corre a causa de la delincuencia le interesa poco, en medio de una crisis agravada por la llegada incontrolada de venezolanos, unos dos millones, muchos de los cuales son gente de mal vivir.
