El Colegio de Abogados de Lima (CAL) ha rechazado la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que dispone reponer en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides, destituida por la Junta de Fiscales Supremos (JFS).
Ante el intento fallido de Patricia Benavides de tomar a la fuerza el Ministerio Público el último lunes 16 de junio, tras la resolución de la JNJ de reponerla en el cargo de fiscal de la Nación, el CAL criticó dicha decisión a través de un comunicado y respaldó a Delia Espinoza, quien fue elegida por la Junta de Fiscales Supremos.
“La Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima (CAL) expresa su preocupación ante el anuncio de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por reponer en el cargo de Fiscal de la Nación a la Dra. Patricia Benavides, pues según lo dispuesto en el artículo 158 de la Constitución Política es competencia exclusiva de la Junta de Fiscales Supremos designar (y, por ende, remover) Fiscal de la Nación”, señala el comunicado.
El CAL sostiene que la decisión de la JNJ generó una crisis dentro del sistema judicial, sobre todo, dentro del Ministerio Público. Asimismo, enfatizaron que el fallo del organismo originó la duplicidad de funciones en la Fiscalía.
“La decisión de la JNJ ha ocasionado una crisis institucional innecesaria en el seno del Ministerio Público, órgano constitucional encargado de promover la acción judicial en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho. Dicho objetivo se ve mellado por la decisión de la JNJ al reponer en el cargo de fiscal de la Nación a una fiscal suprema restituida por ellos mismos, originando una duplicidad en la función constitucional encomendada”, indica.
“Para el CAL, la decisión de la JNJ es inconstitucional e, incluso, pasible de la comisión de los delitos de abuso de autoridad y de usurpación de funciones, al haberse arrogado dicha institución la competencia de reponer en el cargo de fiscal de la Nación a la señora Liz Patricia Benavides Vargas”, alertan.
“El Colegio de Abogados de Lima exhorta a la Junta de Fiscales Supremos a defender su fuero constitucional, y a la Junta Nacional de Justicia a que cumpla con observar correctamente la Constitución y no obstaculizar la lucha contra la corrupción en órganos claves de la Administración de Justicia”, finaliza el documento.
