La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso aprobó el dictamen Señala que un flagrante delito se utilicen armas de fuego u otros elementos de evidente peligrosidad por los delincuentes, que pongan en grave riesgo la vida de una persona o de un miembro de la Policía Nacional, este último podrá abatir al delincuente en el lugar de los hechos, considerándose esta acción como defensa propia.
El dictamen aprobado por la referida comisión, presidida por la congresista Adriana Tudela Gutiérrez (Avanza País), se refiere a la modificación del Decreto Legislativo 1186, Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía, para precisar el uso de armas letales y no letales e incorporar el uso de armas de fuego en caso de flagrante delito.
La propuesta comprend ea los proyectos de ley 05239/2022-CR , 06531/2023-CR, 06869/2023-CR y 07672/2023-CR modifica los artículos 3, 7 y 8 del Decreto Legislativo 1186, Ley que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú.
Los medios de la Policía son las armas letales o no letales, los equipos, los accesorios y otros elementos de apoyo, autorizados o proporcionados por el Estado, que emplea el personal policial para enfrentar una amenaza o atentado contra la seguridad, el orden público, la integridad o la vida de las personas.
El congresista Jorge Montoya Manrique (HyD), dijo que la Policía tiene una serie de dispositivos para el uso de las armas y eso no se cumple porque después son detenidos. “Esta propuesta es específica: En caso de flagrancia y peligro debe usar sus armas, en otras palabras, se le está dando la orden en otras palabras”, expresó.
Por su parte, el congresista Fernando Rospigliosi Capurro (FP), propuso un agregado que cuando las armas utilizadas por los delincuentes sean falsas, la Policía puede abatirlos.
El legislador Héctor Valer Pinto (SP), indicó que su propuesta tiene como objetivo proteger a la Policía Nacional, frente a las manifestaciones agresivas y violentas, así como disminuir las denuncias penales.
Alfredo Azurín Loayza (SP), señaló que las leyes están dadas, pero que el sistema de justicia y el Ministerio Público no lo aplican. “Debemos fiscalizar y espero que este proyecto sirva para proteger a la Policía”, sostuvo.
