Ante los anuncios de transportistas y otros gremios de realizar marchas de protesta contra el Ejecutivo y el Congreso por la ola de criminalidad, estos dos poderes instan a no realizar dichas movilizaciones durante la cumbre APEC, se se realizará en nuestro país del 10 al 16 de noviembre.
Los llamados fueron realizados por el presidente del Consejo de Ministros Gustavo Adrianzén y el presidente del Congreso, argumentando que será una mala impresión para los visitantes y que dicha reunión será beneficiosa para la economía y el desarrollo.
Si bien es cierto que sería negativo para el país que se realicen protestas o disturbios durante el citado forum, los manifestantes y la ciudadanía en general están descontentos e indignados con la inacción paulatina que ha causado la crisis de inseguridad que ha costado decenas de vidas y todos coinciden en que la reacción es legítima.
También hay algo de politización en un sector de los gremios, quizás movidos por políticos que buscan réditos, pero eso no es motivo para descalificar a todos.
El Estado no responde
Una de las demandas de los manifestantes es la derogación de la Ley 32108, lo cual fue atendido con burla por el Congreso, pues no derogó dicha infame ley, sino que la modificó, pero quedan artículos que favorecen a la delincuencia, como es la tipificación de las organizaciones criminales. Esto, sin contar que el Congreso ha acumlado la increíble cifra de siete leyes recientes en favor de los delincuentes.
La reclamación al Ejecutivo fue el cambio de ministro del Interior, que cada día suma deméritos. Desde la primera manifestación han ocurrido hechos que han rebasado el vaso, como el circo de la captura de Ivan Quispe Palomino, presentado como alto mando terrorista sin serlo, o la entrega de uniformes, almacenados en el ministerio del Interior, que no cumplen con los estándares mínimos de protección contra incendios.
La política no sólo es hacer exhortaciones aparentemente razonables, sino respetar a la ciudadanía. El Congreso se burla de todos al no derogar la Ley 32108, que será utilizada para proteger a Keiko Fujimori y otros que incurrirían en las anteriores causales que tipifiquen el delito de integrar o liderar una organización criminal.
El Ejecutivo también desdeña a los peruanos al mantener al impresentable ministro del Interior Juan José Santiváñez, su permanencia es inaceptable e injustificable.
Si de calmar las aguas se trata, teniendo en cuenta que resolver el problema de la delincuencia no puede ser cosa de días, se espera al menos de ambos poderes del Estado el gesto de atender de forma inmediata las dos exigencias señaladas.
