191
El Pleno Mujer aprobó el sábado 5 la propuesta de la Ley de los trabajadoras y trabajadores del hogar destinado a regular la relación laboral de las personas que realizan trabajo doméstico y propone garantizar los mismos derechos que los servidores de otros regímenes en el país.
Fueron 117 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones. A pedido del presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), se realizó una nueva consulta para la exoneración de la segunda votación, que dio como resultado 119 a favor, uno en contra y cero abstenciones. Con ello quedó expedita para su eventual promulgación por el Poder Ejecutivo.
Su finalidad es prevenir y eliminar toda forma de discriminación en las condiciones de trabajo y empleo de quienes realizan trabajo doméstico, garantizar sus derechos fundamentales y reconocer su contribución al desarrollo social y económico del país.
A la sesión concurrió la ministra de la Mujer y Población Vulnerable, Rosario Sasieta Morales, para sumarse a la sesión y observar el debate de la norma.
El dictamen consensuado de las Comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de la Mujer y Familia, propone un monto dinerario no menor a una Remuneración Mínima Vital por jornada de ocho horas diarias o 48 semanales.
El derecho a que se le entregue uniformes, equipos de protección e instrumentos para la prestación del trabajo. De igual manera, los implementos de bioseguridad y artículos de desinfección que necesite.
La iniciativa del nuevo marco normativo contiene 25 artículos, diez disposiciones complementarias finales y una disposición complementaria derogatoria.
Uno de los artículos prevé la seguridad social y salud en el trabajo doméstico, por lo tanto la persona empleada es afiliada regular al Seguro Social de Salud y tiene la calidad de asegurado regular obligatorio al sistema de pensiones, aunque solo la de salud estará a cargo de la parte empleadora.
En lo que respecta a la salud, se propone que la parte empleadora esté obligada a proporcionar alimentación, desayuno, almuerzo, y cena, y alojamiento adecuado a su nivel socioeconómico.
Se plantea el derecho a gratificación por Fiestas Patrias y por Navidad, de una remuneración mensual. También derecho a compensación por tiempo de servicios, un descanso anual de 30 días calendario luego de un año continuo de servicio y un feriado no laborable el 30 de marzo de cada año por el Día de las y los yrabajadores del hogar.
Además, el empleador debe brindar las facilidades para que la jornada de trabajo permita su acceso a la educación básica obligatoria o a la formación profesional o técnica según corresponda.
Entre otros, la propuesta plantea la prohibición de todo acto discriminatorio, así como tratamiento vejatorio de obra o palabra que afecte la dignidad de la persona trabajadora del hogar.
Goza de protección desde la etapa de gestación y es nulo su despido por motivo de maternidad. Tienen derecho al descanso al pre y post natal. De la misma manera, goza de mecanismos de prevención y protección contra todo acto de violencia, y acoso, particularmente contra el hostigamiento sexual.
EL DEBATE
El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Oseda Yucra (Frepap), destacó el innovador contenido de la norma y el cumplimiento de una obligación internacional como el convenio 189 de la OIT suscrito por el Perú.
“Se trata sobre todo de un tema de justicia, inclusión, reivindicación y de no discriminación con un sector con el que tenemos una deuda histórica”, expresó.
“Es un nuevo marco normativo que garantiza derechos mínimos al trabajador que por décadas han vivido en la más absoluta desprotección y abuso”, anotó.
Con diferentes argumentos, pero coincidentes en su aprobación se manifestaron los legisladores Carolina Lizárraga Houghton (PM), presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia, Alberto De Belaunde (PM), María Bartolo Romero (UPP), Rosario Paredes Eyzaguirre (NoA), Arlette Contreras Bautista (NoA), Carmen Omonte Durand (APP) Carlos Almerí Vermendi, Tania Rodas Malca (APP), entre otros.
EN CONTRA
La congresista Martha Chávez Cossio (FP) se manifestó en contra de la propuesta porque su aplicación implicará desaliento a la contratación de este sector de servidores, teniendo en cuenta que los empleadores no son empresas, sino empleados CAS, profesores y personas que también son contratadas. Además, cuestionó que se proponga el establecimiento de lo que implicaría falta de respeto a la privacidad en su propio domicilio.
En ese sentido, se refirió al artículo 16 que dice: “Incurre en acto de discriminación la institución pública o privada que prohíbe el uso de todo o parte de sus instalaciones al trabajador del hogar cuando concurre a éstas en cumplimiento de su labor”.
