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El Pleno del Congreso aprobó en primera votación el dictamen que establece un régimen especial facultativo de devolución de los aportes para los afiliados activos e inactivos sujetos al Decreto Ley 19990 administrado por la Oficina de Normalización Previsional (ONP), debido a la crisis por la pandemia del coronavirus COVID-19.
La ONP establece un sistema solidario, donde no existe una cuenta de ahorros para cada uno, pues los más jóvenes aportan para la pensión de los mayores, lo cual no parecen entender los parlamentarios, quienes además igualan al que tiene trabajo y al que no, siendo que la necesidad se presenta para aquellos que perdieron su trabajo y deberían tener alguna forma de ayuda.
De otro lado, la ley es en esencia iniciativa de gasto, para lo cual no está facultado el Congreso, por lo cual el Tribunal Constitucional deberá pronunciarse, pues es una norma anticonstitucional.
El acuerdo se tomó en la sesión virtual realizada el lunes 24, que se prolongó hasta los primeros minutos de hoy martes 25, con 106 votos a favor y con exoneración de segunda votación, tras largas reuniones de trabajo y coordinación entre las comisiones de Economía, Defensa del Consumidor, Presupuesto y Trabajo que dieron como resultado un texto consensuado que fue puesto a consideración del Pleno.
“Quiero saludar siempre la buena predisposición que ha tenido la Mesa Directiva por llevar este punto a la agenda del Congreso”, dijo el congresista Anthony Novoa Cruzado, presidente de la Comisión de Economía, reconocimiento al que también se sumó el legislador José Luna, titular de la Comisión de Defensa del Consumidor.
Antes, con 14 votos a favor y 110 en contra, fue desestimada la cuestión previa planteada por la congresista Martha Chávez Cossio (FP) en el sentido de que la propuesta sea votada artículo por artículo.
La ley establece de manera excepcional y por única vez-la devolución de los aportes, hasta 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT), es decir S/ 4,300 soles, a los aportantes activos e inactivos del Sistema Nacional de Pensiones.
La devolución de los aportes mantiene la condición de intangibles no pudiendo ser objeto de descuento, compensación legal o contractual, embargo, retención, cualquier forma de afectación, sea por orden judicial o administrativa sin distingo en la cuenta en la que haya sido depositado. No se aplica a las retenciones judiciales o convenciones derivadas de deudas alimentarias, hasta un máximo de 30% de lo retirado.
Mediante una Disposición Complementaria Final se precisa que las personas que han aportado al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y que a los 65 años de edad o más no han logrado cumplir los requisitos para obtener una pensión, tienen derecho a la devolución de la totalidad de sus aportes efectuados.
Retribución para pensionistas
Además, precisa que la ONP otorgará por única vez a los pensionistas del Decreto Legislativo 19990 una retribución extraordinaria equivalente a una Remuneración Mínima Vital (930 soles).
Precisa que la devolución de aportes será de hasta el 50% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT) en el plazo máximo de 30 días calendario posteriores a la conformidad de la solicitud que otorga la Oficina de Normalización Previsional. El saldo restante en el plazo máximo de 90 días calendario posterior al primer desembolso.
Anthony Novoa Cruzado, presidente de la Comisión de Economía apeló a la solidaridad con los aportantes a la ONP para solicitar el respaldo de la iniciativa y dijo que con este texto estamos encontrando «justicia» para las 4 millones 715 mil 593 personas que son actualmente afiliados a la ONP; asimismo con los 576 mil pensionistas. Recordó que en sólo 5 meses la pandemia ha dejado casi 6 millones de empleos perdidos y familias en situación crítica.
Cuestionó la negativa del Poder Ejecutivo de apoyar la propuesta. “Miles de millones de soles van a las arcas de grandes empresas que pasan por los ojos de gente que no tiene para comer y piden auxilio por atención médica”, señaló el legislador en referencia al Programa Reactiva Perú.
Daniel Oseda Yucra (FREPAP), presidente de la Comisión de Trabajo, explicó que el dictamen aprobado reúne 2 iniciativas legislativas que defienden el derecho de los aportantes a solicitar sus aportes o elegir una pensión de cesantía. “Si hoy el Congreso está discutiendo la devolución de los aportes de la ONP es porque en décadas el Ejecutivo no ha hecho nada por corregir un sistema perverso, 27 años de abuso de las AFP. Estamos pagando 41 mil soles al superintendente y no se hace nada por reformular el sistema”, dijo.
Posteriormente, el legislador Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) reconoció públicamente la deuda social con 2 millones y medio de peruanos que han aportado y que nunca recibieron un solo sol del Estado; sin embargo, dijo que le preocupa cómo se va sacar los recursos del erario nacional que se estiman en 15 mil millones de soles. “No podemos apoyar un monto que va ser impagable”, dijo al tiempo de recomendar “llegar a un sustento técnico que sea intermedio”.
Por su lado, el legislador Dietell Columbus Murata (FP) dijo que comparte la preocupación de los 4.7 millones de compatriotas afiliados a la ONP; sin embargo, cuestionó que en el sustento no se haya precisado cómo se va aplicar, de dónde se va sacar los fondos, cuántos serían los beneficiados y con cuánto se van a beneficiar. Informó que su bancada ha presentado una propuesta a la presidencia donde está sustentado el qué, cuánto, cómo y el de dónde saldrían los fondos que se necesitan para aplicar la iniciativa.
Daniel Urresti Elera (PP) consideró que el Estado tiene una deuda interna impaga que recién está reconociendo con los afiliados a la ONP. “Hace 7 meses a nadie se le hubiese ocurrido que a nuestros afiliados a la ONP se les devuelva sus aportes, pero éste es el momento de empezar a pagar esa deuda a quienes no reciben nada, a los que han aportado hasta 19 años 11 meses”, señaló; en tanto que, José Vega Antonio (UPP) consideró necesario que el gobierno haga un esfuerzo para apoyar a los aportantes a la ONP y Fernando Meléndez Celis (APP) aseguró que “no hay justicia en un país cuando no se reconocen los derechos de los ciudadanos”.
A su turno, Francisco Sagasti (PM) puso sobre la mesa de debate el artículo 79 de la Constitución que señala que los representantes del Congreso no tienen iniciativa para generar gasto público y “la propuesta claramente genera gasto que reducirá el presupuesto público”. Estimó que se debería llegar a una fórmula que no afecte al adulto mayor vulnerable, a los jubilados que ya tienen exiguas pensiones, porque, dijo, el sistema de reparto no contabiliza aportes individuales y los aportes sostienen a los jubilados.
