«Es hora de empezar a regular los aportes en las campañas electorales. Tenemos que ordenarlos».
La Contraloría General de la República (CGR) propuso que los mayores financistas en campañas políticas y electorales sean impedidos de participar en procesos de licitación de obras públicas a fin de fortalecer la lucha contra la corrupción.
La propuesta que forma parte de un grupo de 12 proyectos de ley que ha presentado el órgano contralor para fortalecer la lucha contra la corrupción, modificaría la Ley de Contrataciones del Estado para que estos grandes aportantes no puedan ser contratistas del Estado.
El titular de la Contraloría, Edgar Alarcón, sustentó tres de estas iniciativas a la Comisión de Economía del Congreso y explicó que la norma permitirá realizar un mejor control de los recursos públicos.
Asimismo precisó que esta norma evitará que muchos aportantes se conviertan de manera discrecional en proveedores del Estado y que por eso se planteen topes en los aportes, según sea el caso, para impedir a los financistas ser proveedores en el ámbito público.
Topes
En el caso de las campañas presidenciales y congresales ese tope es de 25 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), es decir, S/ 98,750. Y para las elecciones regionales de 15 UIT (S/ 59,250 ) y municipales 10 UIT (S/ 39,500). Los aportantes pueden ser empresas privadas, personas naturales o jurídicas.
