Frente a expresiones públicas e interposición de denuncias por actores políticos contra magistrados del Poder Judicial ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los titulares de las cortes superiores del país emitieron un firme pronunciamiento en salvaguarda irrestricta de la independencia judicial y el criterio jurisdiccional.
Como se sabe, el impresentable ahora senador Fernando Rospigliosi fustigó esta semana a diversos jueces por inaplicar las tenebrosas e inconstitucionales leyes procrimen.
Los magistrados exigieron respeto absoluto al criterio e independencia de la función jurisdiccional al recordar que todo cuestionamiento a decisiones judiciales debe canalizarse a través de mecanismos procesales e instancias de apelación correspondientes.
Las autoridades judiciales recalcaron que la independencia judicial es un pilar innegociable de la democracia porque constituye una garantía fundamental de rango constitucional, consagrada en el artículo 139°, inciso 2, de la Constitución Política del Perú.
Esta norma prohíbe de manera categórica que cualquier autoridad, poder del Estado o actor social o político interfiera directa o indirectamente en el ejercicio autónomo de la función de juzgar, recalcaron las juezas y jueces del país.
“Se reafirma que la independencia no es un privilegio personal del juzgador, sino un derecho esencial de la ciudadanía para asegurar una administración de justicia imparcial, idónea, transparente y sometida estrictamente a la Constitución y a las leyes”, señala el pronunciamiento.
NO SE SANCIONA CRITERIO JURISDICCIONAL
Igualmente, las y los presidentes de los distritos judiciales remarcaron que es de prohibición absoluta penalizar o sancionar el criterio jurisdiccional de conformidad con el artículo 18° de la Ley de la Carrera Judicial y el artículo 5º del Código de Ética del Poder Judicial.
Esta ley señala que ningún magistrado puede ser objeto de sanción, persecución ni amedrentamiento disciplinario o penal en razón del sentido de sus resoluciones o sus interpretaciones del ordenamiento legal.
“Prejuzgar, cuestionar o atribuir responsabilidad por la aplicación fundada del derecho vulnera abiertamente la función jurisdiccional”, señalaron en su comunicado.
De ese modo, consideran que toda discrepancia con una decisión judicial debe encauzarse de forma exclusiva e idónea mediante el sistema de recursos procesales e impugnaciones previstos por ley.
SOLO SUBORDINACIÓN A CONSTITUCIÓN
Además, las y los jueces recordaron que la administración de justicia no se somete, subordina ni responde a intereses de índole política, partidaria, económica, mediática ni de ninguna otra clase.
“La función de juzgar debe ejercerse con absoluta neutralidad, objetividad y apego irrestricto a los autos del proceso, garantizando el libre e imparcial juzgamiento de las causas puestas en conocimiento de los magistrados”, resaltaron.
De ese modo, ante cualquier intento de amedrentamiento, injerencia o condicionamiento externo, las cortes reafirmaron su compromiso irrestricto con la defensa de la independencia judicial, salvaguarda fundamental de los derechos ciudadanos y premisa básica del Estado Constitucional de Derecho.
Además, exigieron a los actores políticos y autoridades en general a abstenerse de cualquier acto de amedrentamiento, injerencia o instrumentalización de las instituciones públicas contra los magistrados que cumplen la función de juzgar con apego a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales.
Durante la ceremonia por el “Día del Juez y la Jueza”, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, ratificó que no aceptarán injerencias en este poder del Estado ni permitirán que se convierta en un instrumento al servicio de la política.
“Una vez más señalamos que no aceptaremos injerencias políticas, no permitiremos que se repitan episodios trágicos que, en nuestra historia republicana, convirtieron a la judicatura en un instrumento de la política”, expresó.
