Defensoría del Pueblo estudiará proyecto sobre derecho a rectificación
La titular de la Defensoría del Pueblo, Beatriz Merino, informó hoy que su institución estudiará el proyecto de ley sobre el derecho de rectificación a personas afectadas con informaciones inexactas que hayan sido propaladas en medios de comunicación.
Informó que ha pedido a la adjuntía constitucional de la Defensoría para que realice un estudio detallado del tema, para estar en condiciones de emitir una opinión fundamentada al respecto.
“Hemos visto el debate en el Congreso, y he pedido a la adjuntía constitucional que estudie el tema y tenga la seguridad que apenas tenga una opinión estudiada la vamos a emitir”, dijo a RPP Noticias.
Recordó que la Defensoría del Pueblo no está, por el momento, en posición de emitir una opinión sobre esta iniciativa, porque no le ha sido solicitada, y “nosotros funcionamos a partir de las solicitudes que hacen los ciudadanos”.
La referida iniciativa legislativa, que forma parte de la agenda de la Comisión de Constitución, tiene por objeto desarrollar los alcances del artículo 2° de la Carta Magna, con el propósito de fijar el procedimiento para dar cumplimiento al derecho de rectificación.
Se establece, entre otros aspectos, que el mismo le asiste a quien haya sido afectado por informaciones inexactas o agraviantes en medios de comunicación escritos, audiovisuales y electrónicos, que vulneren los principios al honor, la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, a la voz o imagen propias de toda persona.
Conflictos sociales
Merino, de otro lado, saludó el trabajo que viene desarrollando el Poder Ejecutivo con la instalación de unidades de conflictos en los diversos ministerios, porque demuestra el interés del Estado en solucionar y prevenir los conflictos sociales.
Se manifestó a favor que el Congreso de la República imite la iniciativa del Ejecutivo, a fin de articular esfuerzos en un lenguaje común de las instituciones representativas del Estado en este delicado tema social.
Recordó que el Estado interviene diariamente en miles de conflictos, tanto en el Poder Judicial, en los diferentes ministerios, en las municipalidades, pero que, lamentablemente, muchos de estos conflictos escapan de la estructura del Estado, por su naturaleza y por la forma como se organizan.
“Por ello es que este esfuerzo de diálogo, que está fortaleciendo el Ejecutivo y ojalá también el Congreso, debe tener en cuenta que el Perú tiene poblaciones dispersas. Entonces, el proceso de diálogo es un gran desafío y debe tener un componente de interculturalidad”, insistió Merino.
Abogó, asimismo, por la necesidad de fortalecer los servicios de inteligencia que ayuden a impedir que las personas encargadas de encarar estos conflictos, sean presa fácil de una población descontrolada. (Con información de Andina)
