Todos los partidos políticos, excepto el grupo aprista, votaron por la derogación de los decretos legislativos 1015 y 1073, que promueven la venta de las tierras de las comunidades nativas e indígenas, que habían sido promulgados por el presidente Alan García en abuso de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso para legislar sobre el TLC con Estados Unidos.
Desde el inicio el debate parlamentario fue seguido con suma atención por una muchedumbre de miles de enfadados indígenas en la plaza Héroes del Cenepa de Bagua Chica. Tras el dictamen, que culminó con la derogación de los dos decretos, con 66 votos a favor y 29 en contra, sin abstenciones, los nativos estallaron en celebración hasta la noche. Estaban congregados allí para retomar sus medidas de lucha en caso de que no se aprobara la derogación.
Además, en el mismo Congreso también había una delegación de indígenas que presenciaban el debate, la cual también se mostró exultante.
De esta manera García resultó aplastado en su pretensión de favorecer a Dionisio Romero, a las empresas chilenas y otras que pretenden adueñarse de la selva al facilitar las decisiones importantes, como la venta, con minoría simple, inclusive conformada por personas recién llegadas a las comunidades nativas.
Se regresa así a reglas de juego semejantes a las que establece la Ley General de Sociedades, por la cual en las empresas para estas decisiones de peso se requiere de los dos tercios de los accionistas, es decir, el 66%, en lugar del 50% que García pretendía.
Los apristas siguen comparando estas reglas de juego con las comunidades de la costa, en las cuales basta el 51%. Como ya hemos visto, la costa tiene otra realidad, pero lo correcto sería ajustarlas al porcentaje de la Ley General de Sociedades.
Pese a la demostrada torpeza e inconstitucionalidad de los decretos, molestos con la votación, apristas como Mulder no se dan por vencidos y señalan que el Presidente de la República observará esta derogación.
Si a García y a los apristas tanto les interesa el bienestar de los indígenas, ¿por qué son negligentes en su deber de controlar y sancionar a las empresas de hidrocarburos, minas y maderas que destruyen el medio ambiente y perjudican a los nativos? La expandida ausencia del estado en la selva para ejercer sus funciones coercitivas, ¿responde a pagos a funcionarios para que finjan no ver nada? ¿Por qué no aumentan el número de puestos de trabajo contratando inspectores y guardabosques, que en gran parte podrían ser financiados con las multas que se recauden?
¿Por qué no establecen un fondo para defender la selva, como lo hace el presidente Lula? Esas serían medidas efectivas para mejorar la calidad de vida de los nativos, por lo menos, para comenzar. Los nativos no sienten ningún interés en invitar a empresas a invertir, pues si destruyen sus ecosistemas el gobierno está ausente para sancionar. Además, existiendo la figura de la concesión no se justifica la venta, pues la concesión se puede retirar si la empresa no respeta, en cambio con la venta ya no hay nada que hacer.
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