Desco, Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo, rechaza la reciente aprobación del Congreso de la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a una nueva entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), señalando que es un grave retroceso en la institucionalidad construida para enfrentar la violencia de género y además debilita la capacidad de acción del ministerio de la Mujer frente a una emergencia nacional como es la violencia contra las mujeres.
Ante tal decisión, difunden el siguiente pronunciamiento:
PRONUNCIAMIENTO
Desmantelar lo que protege: el retroceso en los CEM
“Violencia en aumento, Estado en retirada”
En una nueva arremetida que debilita al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), el Congreso aprobó la transferencia de los Centros de Emergencia Mujer (CEM) a una nueva entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Esta decisión, que incluye el traslado de personal, archivos, inmuebles y el 20 % del presupuesto del MIMP, no solo desmantela al Programa Nacional Aurora (hoy Warmi Ñan), sino que rompe la continuidad de un servicio público especializado, gratuito e integral que comenzaba a consolidarse tras años de lucha y demanda social.
Esta disposición, avalada por el Ejecutivo, constituye un grave retroceso en la institucionalidad construida para enfrentar la violencia de género. Mientras el número de casos va en considerable aumento —57 516 atenciones por violencia solo entre enero y abril de 2025— y el registro de feminicidios asciende a más de 700 en los últimos cinco años, el Estado opta por fragmentar en lugar de fortalecer. Lo hace, además, sin evaluar el impacto real que tendrá sobre las víctimas, especialmente en zonas rurales o periféricas donde los CEM ya operan con recursos precarios.
Resulta inadmisible que, en lugar de expandir la cobertura 24/7, mejorar la calidad de atención y garantizar el acceso universal a los servicios de protección, se opte por vaciar de contenido político e institucional al MIMP, debilitando su capacidad de acción frente a una emergencia nacional como es la violencia contra las mujeres. La apuesta del gobierno no debería ser remover piezas de un tablero institucional ya frágil, sino fortalecer con recursos, personal capacitado y visión de justicia de género a los CEM y el sistema de protección.
Antes de efectuar cambios estructurales de esta naturaleza, es urgente que el Estado asuma su responsabilidad: garantizar un servicio público robusto, especializado y con enfoque de derechos. Cualquier acción, sin este piso mínimo, solo incrementará la situación de desprotección de las víctimas, enviando un mensaje de desinterés y normalización frente a una violencia que sigue creciendo y que no espera.
La propuesta de trasladar los Centros de Emergencia Mujer (CEM) al MINJUSDH, representa una decisión preocupante que parece tener como trasfondo el desmantelamiento progresivo del MIMP. Los CEM constituyen uno de los principales pilares técnicos y presupuestales de este ministerio, al brindar atención especializada y articulada en casos de violencia de género. Su eventual traspaso no solo debilita institucionalmente al sector que lidera las políticas de igualdad y prevención de la violencia, sino que marca un serio retroceso en los avances logrados en el compromiso del Estado con la igualdad de género, el enfoque de derechos y la prevención de todas las formas de violencia.
17 de junio de 2025
