Lava Jato Perú
Incómodas memorias
Ocurrió durante la visita de Evo Morales a Alan García. Era agosto de 2007, en Lima y el escenario el Palacio de Gobierno, donde se llevaba a cabo una recepción al presidente boliviano. Asistían ministros, congresistas y, por supuesto, diplomáticos.
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En la reunión, el entonces primer ministro Jorge del Castillo y la ministra de Transportes y Comunicaciones, Verónica Zavala, buscaron y ubicaron entre la gente al embajador brasileño en la fecha, Luiz Augusto de Araujo, se acercaron a él y le expusieron sin más el tema que les preocupaba. Un asunto lo suficientemente importante como para que Araujo se apresurara en enviar ese mismo día un cable a Itamaraty reportando la conversación.
Según el cable, los dos cruciales ministros del primer gabinete de Alan García le pidieron al embajador interceder ante “las cuatro grandes empresas brasileñas que están construyendo las carreteras interoceánicas Sur y Norte –Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa y Queiroz Galvão– para asegurar su participación en el proceso de licitación para los dos trechos restantes de Interoceánica Sur (Tramo 1 y Tramo 5)”. Este cable, de paso, fue publicado anteriormente por el periodista Christopher Acosta, de Latina. (Ver imagen 1)
“Me dijeron” continuó el aparentemente sorprendido embajador “que estaban muy preocupados con la posibilidad de que ninguna de las cuatro empresas presente sus propuestas hasta el final del plazo […] Indicaron estar conscientes de cierta insatisfacción en las empresas brasileñas con las condiciones presentadas para las dos licitaciones. Pero señalaron su disposición de conversar con sus representantes para examinar la posibilidad de introducir las alteraciones que puedan viabilizar su participación en la competencia”. [El resaltado es de IDL-R]. (Imagen 2)
Tanto el premier como la ministra confiaron al embajador brasileño que, pese al interés que empresas de otros países tenían en las licitaciones, “el Gobierno peruano considera francamente preferible continuar trabajando con nuestras empresas que conocen bien el Perú y operan productivamente aquí hace muchos años”. (Imagen 3)
Ahí no terminó. Según el embajador brasileño, “Jorge del Castillo y Verónica Zavala llegaron a sugerir que yo organice y participe en un encuentro colectivo de los representantes de las cuatro empresas con la ministra”.
El embajador repuso “y ellos concordaron que no cabría que yo, como embajador, participara personalmente de un proceso de negociación entre ellas [las empresas] y el Gobierno peruano. […] Pero me puse a disposición para hablar luego con las cuatro […] comunicando el empeño del Gobierno peruano en continuar contando con su eficiente actuación en la construcción de carreteras”.
Y eso hizo Araujo, que habló prontamente con los representantes de las cuatro empresas (Jorge Barata, de Odebrecht; Angelo Lodi, de Andrade Gutierrez; Aristóteles Moreira, de Camargo Correa; Bricio Torres y Javier Rosas, de Queiroz Galvão), y les contó “el tenor” de la conversación con el premier y la ministra y la invitación de esta a reunirse con ellos cuanto antes.
Los representantes de las constructoras brasileñas agradecieron al embajador y le aseguraron que contactarían a la ministra de Transportes y Comunicaciones. “Pasé esta información a la ministra Zavala que me expresó su reconocimiento por el esfuerzo de intentar asegurar la participación de las empresas brasileñas en las licitaciones”, concluyó Araujo. (Imagen 5)
Esa era la posición que tenían las empresas brasileñas en esos años. Acceso preferente y una actitud hacia ellas que lindaba frecuentemente con lo reverencial.
Faltaban algunos años para que reventara el caso Lava Jato, pero ya había numerosas observaciones sobre los aumentos exagerados de costos, los cambios continuos en los términos contratados, invariablemente a favor de las empresas. Pero pese a eso –quizá por eso en algunos casos– se los buscaba y cortejaba como lo hicieron ese día el premier y la ministra, de acuerdo con el relato del embajador Araujo.
Diplomático Araujo confirmó los hechos narrados en el cable
“Recuerdo que hubo esta gestión del Gobierno peruano pidiendo que yo organizara una reunión con los cuatro [representantes de las empresas brasileñas] […] Mi participación se limitó a esto: escuchar el pedido y transmitirle a los cuatro. […] Como embajador, yo tenía que mantenerme distante y podía sí, hacer el favor de transmitirle la manifestación de interés del Gobierno peruano por la participación de cualquiera de estas cuatro empresas”, dijo.
Jorge del Castillo, entrevistado por IDL-R, negó el encuentro. “Es imposible que yo le haya hablado al embajador de Brasil de una cosa así. […] No recuerdo haber hablado nunca con él, nunca […] Nuestro gobierno jamás se interesó por alguna empresa en particular”.
A su vez, la exministra Verónica Zavala, contactada también, negó que la conversación haya existido. “Mientras yo estuve en el Ministerio no tuve ninguna reunión con el embajador. Nunca traté de ningún tema del Ministerio en ningún cóctel con ningún embajador”, declaró a IDL-R.
Entonces, ¿fue el cable que aquí se reproduce una alucinación diplomática, vivida en esa fecha?
Entrevistado por IDL-Reporteros, Araujo confirmó los hechos narrados en el cable. “Recuerdo que hubo esta gestión del Gobierno peruano pidiendo que yo organizara una reunión con los cuatro [representantes de las empresas brasileñas] […] Mi participación se limitó a esto: escuchar el pedido y transmitirle a los cuatro. […] Como embajador, yo tenía que mantenerme distante y podía sí, hacer el favor de transmitirle la manifestación de interés del Gobierno peruano por la participación de cualquiera de estas cuatro empresas”.
¿Usted habló por teléfono con ellos [los empresarios]?, preguntó IDL-R.
“Sí, probablemente con cada uno de los cuatro”, indicó Araujo.
¿Y luego usted conversó con la ministra Zavala o con Jorge del Castillo para explicarles y decirles que ya había hablado con ellos?
“Sí. Creo que sí. […]”.
¿Cómo fue que lo abordaron Jorge del Castillo y Verónica Zavala en la recepción en Palacio de Gobierno? ¿Usted ya los conocía?, preguntó IDL-R.
“Sí, a Jorge del Castillo sí, porque era una persona importante del Gobierno. Y como embajador tenía contacto con todos los ministros, etc.”, sostuvo el exembajador.
Las empresas brasileñas no tuvieron solo preferencias en el poder Ejecutivo. El Congreso no se quedó atrás, especialmente (aunque no solo entonces) durante el gobierno de Alan García.
Un examen somero del comportamiento del Congreso en ese período indica que el deseo de complacer a las empresas luego implicadas en el Cartel Lava Jato marcó también la conducta de una mayoría de parlamentarios (incluyendo, como veremos, algunos nombres sorprendentes y otros no tanto), a pesar de lo que ya se conocía, especialmente los millonarios sobrecostos.
Un poco antes, todavía en el Gobierno de Toledo, en abril de 2006, frente a las controversias en los medios de comunicación y las observaciones de la Contraloría General de la República por los costos y la adjudicación de la IIRSA Sur, el entonces presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Javier Velásquez Quesquén, presentó un informe sobre el megaproyecto. La conclusión principal fue que “no se ha verificado irregularidades que hayan beneficiado ni directa ni indirectamente a los consorcios adjudicatarios de la buena pro”.
Además sostuvo que “por concepto de obras adicionales (…) existirían egresos adicionales”, hasta por 38 millones de dólares, que debería asumir el Estado.
La cifra nació obsoleta
En 2008, en el segundo año del gobierno de Alan García, los ministerios de Economía y Transportes estimaron que las obras costarían más de 500 millones de dólares adicionales.
Pero, en abril de ese año, el Congreso formó la “Comisión Investigadora del Proyecto Corredor Interoceánico Perú-Brasil IIRSA Sur”. Su objetivo fue determinar las posibles irregularidades en el costo de la obra, en su adjudicación y en la ejecución en marcha.
La integraron: Margarita Sucari (Presidenta), de Unión por el Perú; Renzo Reggiardo (Vicepresidente), de Alianza por el Futuro; Aurelio Pastor (Secretario), del Partido Aprista Peruano; Juan Carlos Eguren de Unidad Nacional; y Juvenal Silva, también de Unión por el Perú.
Dos meses de investigación bastaron para que la Comisión investigadora evidencie su posición. El 24 de junio, la presidenta de la Comisión envió un oficio a la ministra Verónica Zavala solicitando realizar “las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Economía y Finanzas con la finalidad de que se otorgue las partidas presupuestales necesarias” para el proyecto IIRSA Sur. (Imagen 6)
Los miembros que apoyaron este desembolso de dinero fueron Margarita Sucari, Juvenal Silva, Aurelio Pastor y Juan Carlos Eguren. Solo Renzo Reggiardo hizo constar su posición en contra. En la siguiente sesión, tildó a la Comisión de “decorativa” por “aprobar una ampliación presupuestal que es parte de las irregularidades que existen alrededor de esta obra”.
Juan Carlos Eguren justificó esta solicitud a IDL-R por “ [la] presión legítima de las regiones […] para que esta obra no se paralice. La información que hoy se tiene es diferente, en esa época era prácticamente una política de Estado culminar esa obra”. (Imagen 7)
En agosto, el plazo de la investigación culminó pero dos congresistas dejaron la Comisión –por razones muy diferentes– antes de elaborar el informe final.
Margarita Sucari, quien presidía las investigaciones, fue suspendida por la Comisión de Ética por cobrar parte del sueldo correspondiente a una trabajadora suya.
Renzo Reggiardo, vicepresidente de la Comisión, comunicó su renuncia a Velásquez Quesquén -entonces presidente del Congreso- argumentando la falta de “continuidad en las investigaciones” y una “aparente falta de objetividad”. (Imagen 8)
En setiembre, la Comisión presentó el informe final al Congreso con las firmas de solo tres parlamentarios: Juan Carlos Eguren, Juvenal Silva y Aurelio Pastor.
El informe que presentó Aurelio Pastor ante el pleno del Congreso exoneró a la concesionaria en todas las controversias: desde las normas que permitieron su adjudicación hasta los estudios deficientes con los que se licitó la obra.
El informe de la Comisión exhortó al MEF, al MTC y a Ositran a garantizar “la ejecución y culminación de las obras de construcción del Corredor Interoceánica Sur Tramo 2, 3 y 4”, a pesar de sus ya más que evidentes sobrecostos.
De ahí, el informe fue sometido a la votación del pleno.
Y entonces vinieron las sorpresas.
¿Qué congresistas votaron a favor del informe? Entre otros, Keiko Fujimori, Luis Galarreta, Cecilia Chacón, Lourdes Alcorta, Carlos Bruce y otros más…: (Imagen 9)
IDL-Reporteros intentó comunicarse con Keiko Fujimori y Cecilia Chacón, pero no hubo respuesta.
Dos meses después, en la Comisión de Transportes se presentaron dos proyectos de ley con el mismo fin: declarar de interés nacional la culminación de la IIRSA Sur para asegurar los prontos pagos al proyecto. Las iniciativas fueron presentadas por el Poder Ejecutivo y por congresistas de Unión por el Perú.
Hubo sin embargo, por lo menos una voz crítica.
“¿Por qué tenemos nosotros que aprobar vía ley algo que realmente el Ejecutivo lo puede desarrollar? […] Pero saben… realmente que en este proceso hay irregularidades, cuando hay irregularidades quieren que el Congreso le dé el manto de protección”, objetó el entonces congresista Isaac Serna en la Comisión de Transportes, pero fue en vano. La Comisión unió ambos proyectos, y en ocho días, la norma fue debatida y aprobada en el pleno del Congreso, sobre todo con el respaldo aprista.
Entre los congresistas que votaron a favor de la ley de declarar de interés nacional el pago de sobrecostos a las empresas brasileñas estuvieron Luis Alva Castro, Carlos Bruce, Víctor Andrés García Belaunde (hoy miembro de la Comisión Lava Jato), Yonhy Lescano y Aurelio Pastor. (Imagen 10)
Registro de la votación a favor del proyecto de ley que declaró de interés público la culminación de las obras de la IIRSA Sur.
La ley 29309 facultó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones a firmar adendas [léase sobrecostos] en los contratos con tal de “asegurar la continuación y culminación de las obras” y garantizar la “ejecución de las obras adicionales” no cubiertas. Para esto, el MTC tuvo 90 días para definir la modalidad exacta de la culminación del proyecto.
“No íbamos a votar en contra de una carretera que mi pueblo estaba pidiendo, además el informe que presentaron los colegas que investigaron técnicamente decía que no había ninguna irregularidad”, justificó su apoyo a la ley, el congresista Yonhy Lescano en comunicación con IDL-R.
A su vez, Víctor Andrés García Belaunde, adujo que “hay que recordar que todos los contratos eran reservados, no se conocían las interioridades de la concesión; lo que se veía por fuera era que había que terminar una obra que había empezado”.
En 2010, la Comisión investigadora presidida por Isaac Serna concluyó la necesidad de volver a licitar los saldos faltantes de la obra. Estableció que cada kilómetro de la carretera interoceánica costaría casi 80% más al de una carretera nacional promedio y que se había cometido irregularidades durante la licitación del proyecto. Sin embargo, este informe fue archivado sin siquiera debatirse en el pleno.
El 11 de mayo de 2010, el Consejo Directivo del Congreso, presidido por Luis Alva Castro, decidió archivar este informe a pedido del congresista Carlos Bruce.
Ocho años después, ya en el mundo post-Lava Jato, el exsuperintendente de Odebrecht, convertido en delator premiado, Jorge Barata, reveló a los fiscales peruanos que Luis Alva Castro recibió 200 mil dólares de Odebrecht en 2006 para el financiamiento de la campaña presidencial de Alan García.
“El Poder Legislativo tiene un papel muy fuerte en el proceso de un país […] también pretendíamos con las donaciones de campaña tener algún acceso al Legislativo”, explicó Jorge Barata a los fiscales peruanos en São Paulo.
Según se ve, tuvieron todo el acceso y la complacencia más completa del Congreso. Sabiendo lo que se sabe, es obvio que faltan todavía historias y cuentas por revelar.
Hernán P. Floríndez y Margot Desautez
Esta es una publicación de la Red de Investigaciones Periodísticas Estructuradas liderada por IDL-Reporteros e integrada por periodistas de O Globo (Brasil), La Nación (Argentina), La Prensa (Panamá), Armando.Info (Venezuela), Sudestada (Uruguay), y Quinto Elemento Lab (México).
